ELOY LADISLAO

SINTI CALANCHO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima a 19 de junio de 2006, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados García Toma, Alva Orlandini y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eloy Ladislao Sinti Calancho contra la sentencia de la Sala Mixta de la Corte Superior de Arequipa, de fojas 261, su fecha 3 de febrero de 2006, que declara infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 15 de abril de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Nomalización Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la Resolución N° 0000011180-2003-ONP DC/DL 19990, de 22 de enero de 2003, y que en consecuencia, se le otorgue pensión minera, con devengados.

La emplazada contesta la demanda y solicita que se la declare improcedente, alegando que el proceso de amparo, por carecer de etapa probatoria, no es la vía pertinente para dilucidar la pretensión.

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, con fecha 22 de abril de 2005, declara fundada la demanda por considerar que el demandante cumple los requisitos para acceder a una pensión de jubilación minera en la modalidad de Centro de Producción Minera, y que la demandada, al no concederle la pensión de jubilación, viola los derechos constitucionales a la seguridad social, igualdad y legalidad.

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda en todos sus extremos, por estimar que no se ha acreditado en autos que el demandante haya laborado expuesto a riesgos.

FUNDAMENTOS

Procedencia de la demanda y delimitación del petitorio

1. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano del 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones legales que establecen los requisitos para la obtención de tal derecho, y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento estimatorio.

2. El demandante solicita pensión minera conforme a la Ley 25009 y el Decreto Ley 19990, alegando que se le ha denegado su solicitud en la vía administrativa. En consecuencia, la pretensión esta comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37. b de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida.

Análisis de la controversia

Los artículos 1 y 2 de la Ley N ° 25009, de jubilación minera, preceptúan que los trabajadores de minas a atajo abierto tienen derecho a pensión completa de jubilación minera, si acreditan 25 años de aportaciones, de cuales 10 años deberán corresponder a trabajo efectivo prestado en dicha modalidad.

4. Del Documento Nacional de Identidad de fojas 10, fluye que el demandante cumplió la edad mínima (50 años) para tener derecho a una pensión de jubilación en la modalidad mencionada el 27 de junio de 1993. De la constancia de trabajo obrante a fojas 15, se evidencia que laboró para la empresa Southern Perú - Centro Minero a Tajo Abierto de Toquepala, desde el 16 de setiembre de 1965 hasta el 30 de junio de 1991, desempeñando los cargos de obrero, carrilano, reparador 2da y brequero, en la División Mantenimiento Toquepala, labores en las cuales estuvo expuesto a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, acumulando 25 años y 8 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones; asimismo, la Resolución N° 0000011180-2003-ONP /DC/DL 19990 reconoce 24 años y 7 meses por no registrar según manifiesta la ONP, en el período faltante de los años 1969, de 1974 a 1976, y 1978, 1984, y de 1986 a 1990, remuneraciones en los libros de planillas. A fojas 295 obra el Certificado de Discapacidad expedido por el Ministerio de Salud con fecha 21 de marzo de 2006, que diagnostica la enfermedad de Hipoacusia Neurosensorial con menoscabo del 70.83%; sin embargo, por haber transcurrido más de 14 años, desde que cesó en sus actividades laborales, no es posible objetivamente determinar una relación de causalidad.

Respecto a las aportaciones declaradas inválidas, las disposiciones aplicables para la acreditación de las aportaciones señalan:

a) A tenor del artículo 57 del Decreto Supremo 011-74-TR, Reglamento del Decreto Ley 19990, los períodos de aportación no pierden su validez, excepto en los casos de caducidad de las aportaciones declaradas por resoluciones consentidas o ejecutoriadas con fecha anterior al 1 de mayo de 1973, La Ley N° 28407, vigente desde 3 de diciembre de 2004, declaró expedito el derecho de cualquier aportante para solicitar la revisión de cualquier resolución que se hubiera expedido contraviniendo lo dispuesto en los artículo 56 y 57 del decreto supremo referido, reglamento del Decreto Ley 19990.

b) En cuanto a las aportaciones de los asegurados obligatorios, los artículos 11 y 70 del Decreto Ley 19990 establecen, respectivamente, que “ los empleadores están obligados a retener las aportaciones de los trabajadores asegurados obligatorios (...) ”, y que “ Para los asegurados obligatorios son períodos de aportación los meses, semanas, días en que presten, o hayan prestado servicios que generen la obligación de abonar las aportaciones a que se refieren los artículos 7 al 13, aun cuando el empleador (...) no hubiese efectuado el pago de las aportaciones “. Más aún, el artículo 13 de esta norma dispone que la entidad previsional se encuentra obligada a iniciar el procedimiento coactivo si el empleador no cumple con efectuar el abono de las aportaciones indicada

6. En consecuencia, dado que el recurrente reúne los requisitos para acceder a una pensión minera de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1 y 2 de la Ley 25009, la demanda debe ser amparada.

En cuanto al pago de las pensiones devengadas, estas deben ser abonadas conforme lo establece el artículo 81 del Decreto Ley 19990. Respecto al abono de intereses legales, en reiterada y uniforme jurisprudencia este Colegiado ha señalado que corresponde el pago de intereses legales generados por las pensiones de jubilación no pagadas oportunamente, razón por la cual se aplica este criterio en el presente caso, debiendo abonarse a tenor de lo estipulado por artículo 1246 del Código Civil. El pago de los costos procesales corresponde a la demandada conforme al artículo 56 del Código Procesal Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1 Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, NULA la resolución 0000011180-2003-ONP/DC/DL 19990.

2. Ordena que la entidad demandada expida resolución otorgando pensión minera al demandante, con arreglo a la Ley 25009 y el Decreto Ley 19990, según los fundamentos de la presente, abonando los devengados a que hubiere lugar, los intereses legales y los costos.

SS.

GARCÍA TOMA

ALVA ORLANDINI

LANDA ARROYO