EXP. 3917-2005-PA/TC
LIMA
MELLADO
En Lima, a los 21 días del
mes de setiembre de 2006, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la
asistencia de los magistrados García Toma, Alva Orlandini y Landa Arroyo,
pronuncia la siguiente sentencia
Recurso de agravio
constitucional interpuesto por don Esteban Medina Mellado contra la sentencia
de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 113,
su fecha 27 de enero de 2005, que declara infundada la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 30 de marzo de
2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de
Normalización Previsional (ONP), solicitando que se le otorgue renta vitalicia
por enfermedad profesional conforme al Decreto Ley 18846 y al Decreto Supremo
002-72-TR. Asimismo, solicita que se le abonen los devengados, los intereses
legales, los costos y las costas procesales.
La emplazada contesta la
demanda alegando que el certificado médico presentado por el demandante carece
de valor, al haber sido emitido por autoridad incompetente, dado que la única
entidad capaz de diagnosticar las enfermedades profesionales y determinar el
grado de incapacidad que causan es la Comisión Evaluadora de Enfermedades
Profesionales, conforme lo estipula el artículo 61 del Decreto Supremo
002-72-TR, Reglamento del Decreto Ley 18846.
El Quincuagésimo Primer
Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 15 de abril de 2004,
declara fundada, en parte, la demanda, estimando que con el examen médico
ocupacional presentado por el actor se acredita que padece de neumoconiosis en
primer estadio de evolución; e infundada en cuanto al pago de intereses
legales, costos y costas procesales.
La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda,
argumentando que el examen médico ocupacional no es prueba suficiente para
determinar que el demandante haya padecido enfermedad profesional durante el
período de vigencia del Decreto Ley 18846 o de su norma sustitutoria.
1.
En
la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial directamente
protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones legales
que establecen los requisitos para la obtención de tal derecho, y que la
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que
sea posible emitir un pronunciamiento estimatorio.
2.
En
el presente caso, el demandante solicita que se le otorgue renta vitalicia por
enfermedad profesional, conforme al Decreto Ley 18846, tomando en cuenta que
padece de neumoconiosis en primer estadio de evolución. En consecuencia, la
pretensión del recurrente está comprendida en el supuesto previsto en el
fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde
analizar el fondo de la cuestión controvertida.
Análisis de la controversia
3.
Este
Colegiado, en la STC 1008-2004-AA/TC, ha precisado los criterios para otorgar
la renta vitalicia por enfermedad profesional, determinando el grado de
incapacidad generado por la enfermedad según su estadio de evolución, así como
la procedencia del reajuste del monto de la renta percibida conforme se acentúa
la enfermedad y se incrementa la incapacidad laboral.
4.
Al
respecto, cabe precisar que el Decreto Ley 18846 fue derogado por la Ley 26790,
publicada el 17 de mayo de 1997, que estableció en su Tercera Disposición
Complementaria que las reservas y obligaciones por prestaciones económicas del
Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, regulado por el
Decreto Ley 18846, serían transferidas al Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo administrado por la ONP.
5.
Mediante
el Decreto Supremo 003-98-SA se aprobaron las Normas Técnicas del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgos, cuyo artículo 3 señala que enfermedad
profesional es todo estado patológico permanente o temporal que sobreviene al
trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña o del
medio en que se ha visto obligado a trabajar.
6.
Del
certificado de trabajo expedido por la Empresa Minera del Centro del Perú S.A.
(Centromín Perú S.A.), de fecha 12 de agosto de 1991, corriente a fojas 4 de
autos, se aprecia que el recurrente prestó servicios para dicha empresa, desde
el 16 de noviembre de 1949 hasta el 4 de mayo de 1991. Asimismo, a fojas 3 obra
el certificado expedido por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y
Protección del Ambiente para la Salud – Censopas, del Ministerio de Salud, de
fecha 7 de agosto de 2003, en el que consta que el demandante padece de
neumoconiosis en primer estadio de evolución, lo cual es corroborado con la
historia clínica obrante de fojas 19 a 22 del Cuaderno de este Tribunal
7.
De
acuerdo con los artículos 191 y siguientes del Código Procesal Civil, de
aplicación supletoria a los procesos constitucionales, el examen
médico–ocupacional que practica la Dirección General de Salud Ambiental – Salud
Ocupacional, del Ministerio de Salud, constituye prueba suficiente y acredita la
enfermedad profesional que padece el recurrente, conforme a la Resolución
Suprema 014-93-TR, publicada el 28 de agosto de 1993, que recoge los
Lineamientos de la Clasificación Radiográfica Internacional de la OIT para la
Evaluación y Diagnóstico de la Neumoconiosis, requiriendo el demandante
atención prioritaria e inmediata, por lo que no es exigible la certificación
por la Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades de EsSalud.
8.
En
el referido examen médico, no se consigna el grado de incapacidad física laboral
del demandante; sin embargo, en aplicación de las normas citadas en el
fundamento precedente, este Colegiado ha
interpretado que, en defecto de un pronunciamiento médico expreso, la
neumoconiosis (silicosis) en primer estadio de evolución produce, por lo menos,
Invalidez Parcial Permanente, con un
grado de incapacidad no menor a 50%, y
que a partir del segundo estadio de evolución, la incapacidad se incrementa a
más del 66.6%, generando una Invalidez
Total Permanente; ambas definidas de esta manera por los artículos 18.2.1 y
18.2.2. del Decreto Supremo 003-98-SA, Normas Técnicas del Seguro
Complementario de Riesgo.
9.
Al
respecto, el artículo 18.2.1 del Decreto Supremo 003-98-SA define la invalidez
parcial permanente como la disminución de la capacidad para el trabajo en una
proporción igual o superior al 50%, pero menor a los 2/3 (66.66%), razón por la
cual corresponde una pensión de invalidez vitalicia mensual equivalente al 50%
de la Remuneración Mensual. En cambio, el artículo 18.2.2 señala que sufre de
invalidez total permanente quien queda disminuido en su capacidad para el
trabajo en forma permanente, en una proporción igual o superior al 66.66%, en
cuyo caso la pensión de invalidez vitalicia mensual será igual al 70% de la
Remuneración Mensual del asegurado, equivalente al promedio de las
remuneraciones asegurables de los 12 meses anteriores al siniestro,
entendiéndose como tal al accidente o enfermedad profesional sufrida por el
asegurado.
10. Por tanto, advirtiéndose de autos que el demandante estuvo protegido durante su actividad laboral por los beneficios del Decreto Ley 18846, le corresponde gozar de la prestación estipulada por su norma sustitutoria y percibir una pensión de invalidez permanente total equivalente al 50% de su remuneración mensual, en atención a la incapacidad orgánica funcional que padece a consecuencia de la neumoconiosis (silicosis) en primer estadio de evolución.
11. En cuanto a la fecha en que se genera el derecho, este Tribunal estima que al haberse calificado como prueba sucedánea idónea el examen médico presentado por el recurrente, en defecto del pronunciamiento de la Comisión Evaluadora de Incapacidades, la contingencia debe establecerse desde la fecha del pronunciamiento médico que acredita la existencia de la enfermedad profesional, dado que el beneficio deriva justamente del mal que aqueja al demandante, y es a partir de dicha fecha que se debe abonar la pensión vitalicia –antes renta vitalicia– en concordancia con lo dispuesto por el artículo 19 del Decreto Supremo 003-98-SA.
12. En cuanto al pago de intereses, este Colegiado ha establecido que los intereses deben ser pagados de acuerdo con lo dispuesto en el artículos 124 y siguientes del Código Civil (STC 0065-2002-AA/TC, del 17 de octubre de 2002).
13. Respecto a la pretensión de pago de costas y costos del proceso, conforme al artículo 56 del Código Procesal Constitucional, corresponde disponer que la demandada pague los costos del proceso y declarar improcedente el pago de las costas.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional,
con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
HA
RESUELTO
1.
Declarar
FUNDADA la demanda.
2.
Ordena
que la entidad demandada otorgue al demandante la pensión de invalidez que le
corresponde por concepto de enfermedad profesional, con arreglo a la Ley 26790
y sus normas complementarias y conexas, desde el 7 de agosto de 2003, conforme
a los fundamentos de la presente. Asimismo, dispone que se abonen los
devengados conforme a ley, los intereses legales a que hubiere lugar, así como
los costos procesales.
3.
IMPROCEDENTE en cuanto al pago de costas
procesales.
Publíquese y notifíquese.
SS.
GARCÍA TOMA
ALVA ORLANDINI
LANDA ARROYO