EXP. 4164-2006-PA/TC

CONO NORTE DE LIMA

VICTORIANO GLICERIO

CASTILLO PALMA

 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los 21 días del mes de marzo de 2007, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

 

ASUNTO

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Victoriano Glicerio Castillo Palma contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte de Lima, de fojas 54, su fecha 18 de enero de 2006, que declaró improcedente la demanda de autos.

 

ANTECEDENTES

 

Con fecha 31 de agosto de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo contra la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres y el Jefe de la Unidad de Recaudación y Control de la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, solicitando lo siguiente:

 

a)        Se deje sin efecto la exigencia de pago de impuesto predial y arbitrios contenida en el Recordatorio de Cumplimiento de Tributos expedido por la Municipalidad emplazada con fecha 9 de agosto de 2005;

b)        Se ordene la suspensión de ejecución coactiva iniciada y de cualquier otra que pudiera iniciarse por parte de la entidad demandada;

c)        Se abstengan los demandados de exigirles el pago de tributos municipales y de intentar amenazarlo con actos coercitivos en desmedro de su propiedad, como es el caso del embargo que la emplazada efectuó a su cuenta en el Banco de Crédito, y

d)        Se retire del sistema informático el nombre, detalles, características, declaraciones o cualquier información que tuviera sobre su predio en relación con la citada Municipalidad.

 

Señala que ha venido cumpliendo sus obligaciones tributarias con la Municipalidad Distrital de Independencia, por lo que le resulta imposible pagar a dos jurisdicciones indistintamente. Afirma que su pago a la Municipalidad de Independencia se debe a lo dispuesto en la Ley 25017 (Ley de Creación en la Provincia de Lima del Distrito de Los Olivos), la cual establece el principio de jurisdicción de los distritos colindantes de Los Olivos.

 

La Municipalidad Distrital de San Martín de Porres no se apersona al proceso.

 

El Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil del Cono Norte de Lima, con fecha 1 de septiembre de 2005, declara improcedente la demanda, considerando que no se pretende revisar el acto de ejecución coactiva sino el documento que la origina; y que en vista de ello, corresponde iniciar un proceso contencioso-administrativo, agregando que en caso de impugnarse lo señalado en el procedimiento de ejecución coactiva, el recurrente dispone del Proceso de Revisión Judicial. Concluye que en el caso resulta de observancia lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional.

 

La recurrida confirma la apelada argumentando que, conforme al petitorio del amparo y los fundamentos fácticos expuestos por el actor, la pretensión es de naturaleza controvertible, cuya dilucidación requiere de una vía más lata. Finalmente, suscribe los argumentos esgrimidos por la instancia anterior, respecto a la obligación de acudir a la vía específica (artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional).

 

FUNDAMENTOS

 

1.      El recurrente pretende que se deje sin efecto la exigencia de pago efectuada por la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, por concepto de impuesto predial y arbitrios  (correspondiente a los períodos de 1999 a 2005) que recaen sobre su inmueble, ubicado en calle Marcos Farfán 3249, Independencia. Fundamenta su demanda en que dicho requerimiento afecta su derecho de propiedad por cuanto tributa al Municipio de Independencia por los mismos conceptos, dado que su predio –según la Ley 25017– se encuentra al interior de la jurisdicción correspondiente a dicha comunidad edil.

 

Con relación a la procedencia de la demanda de amparo

 

2.      Las instancias que nos preceden señalan que en el caso de autos es aplicable el artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional, que establece la improcedencia de la demanda debido a la existencia de una vía procedimental específica, igualmente satisfactoria, para la protección del derecho invocado.

 

3.      Este Colegiado no comparte el fallo a que han llegado las instancias precedentes y estima que el amparo es la vía adecuada para la tramitación de la presente causa, por las siguientes consideraciones:

 

-         Los procesos constitucionales proceden cuando se amenacen o violen los derechos constitucionales por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona.

 

-         Como puede apreciarse del expediente, la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres exige el pago del impuesto predial y arbitrios al emplazado. Por tanto, resulta evidente la controversia existente respecto a la jurisdicción municipal a la cual le corresponde tributar, lo cual, en el caso concreto, tiene relación directa con el ejercicio de sus derechos a la propiedad y a la libertad de trabajo, considerando que el demandante, además de ser propietario, utiliza el inmueble para la realización de sus actividades laborales, más aún si se ha iniciado la etapa ejecutiva de la supuesta deuda, tal y como se observa del embargo en forma de retención sobre las cuentas del recurrente en el Banco de Crédito, lo que queda acreditado con la Carta emitida por dicha entidad bancaria con fecha 23 de enero de 2004, obrante a fojas 7 de autos.

 

Determinación de la jurisdicción correspondiente cuando no se ha definido la demarcación territorial de municipalidades en conflicto

 

4.      Es preciso tomar en cuenta que en anterior jurisprudencia este Tribunal se ha pronunciado respecto a este tipo de  controversias (ver STC N.° 6512-2005-AA/TC). Así, se ha establecido la existencia de los conflictos y disputas limítrofes entre los distritos de Comas, San Martín de Porres e Independencia, los que aún subsisten y son productos de interpretaciones que cada parte involucrada hace respecto a la finalidad, alcance y competencia de la Ley 25017 (Ley de Creación en la Provincia de Lima del Distrito de Los Olivos).

 

5.      Existiendo cuestiones controvertidas respecto de la demarcación territorial entre ambos distritos, en el presente caso, debe aplicarse la Decimotercera Disposición Final de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972), de fecha 27 de mayo de 2003, que a la letra dice:

 

Tratándose de predios respecto de los cuales dos o más jurisdicciones reclamen para sí los tributos municipales (...) se reputarán como válidos los pagos efectuados al municipio de la jurisdicción a la que corresponda el predio según inscripción en el registro de propiedad inmueble correspondiente. En caso de predios que no cuenten con inscripción registral, se reputarán como válidos los pagos efectuados a cualquiera de las jurisdicciones distritales en conflicto, a elección del contribuyente. La validación de los pagos, conforme a lo anterior, tendrá vigencia hasta que se defina el conflicto de límites existente, de manera tal que a partir del año siguiente a aquél en que se defina el conflicto de límites, se deberá tributar al municipio a cuya jurisdicción se haya atribuido el predio.

A partir del día de publicación de la presente norma, se dejará sin efecto todo proceso de cobranza iniciado respecto de tributos municipales por los predios ubicados en zonas de conflicto de jurisdicción, a la sola acreditación por el contribuyente de los pagos efectuados de acuerdo a los párrafos precedentes [...]

 

6.      Se desprende de dicho dispositivo que, en tanto subsistan los problemas de imprecisión en la demarcación territorial, y estos no sean resueltos por la autoridad competente, no es posible que dos municipios exijan el pago de tributos al mismo tiempo al contribuyente, quien resulta, a todas luces, ajeno a dicha controversia. Por consiguiente, para fines tributarios y administrativos, el recurrente que indefectiblemente debe cumplir su obligación tributaria solo se encontrará obligado a hacerlo en una sola municipalidad –a  la que corresponda el predio según inscripción registral–, efectuando, de ser necesario, la consignación judicial respectiva y, en defecto de ello, se reputarán válidos los pagos efectuados a cualquiera de las jurisdicciones distritales en conflicto, a elección del contribuyente.

 

Respecto a la jurisdicción territorial correspondiente al caso de autos

 

7.      Para mejor resolver, el Tribunal Constitucional, mediante Oficio 1683-2006-SG/TG (a fojas 5 del cuadernillo del TC), solicitó información a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos respecto de (i) la propiedad del predio ubicado en Marcos Farfán 3249, Distrito de Independencia, y (ii) los bienes inmuebles registrados en la ciudad de Lima e inscritos a favor de don Victoriano Glicerio Castillo Palma.

En respuesta, se nos remitió el Oficio N.° 475-2007-SUNARP-Z.R.N.°IX/GPI, de fecha 16 de enero de 2007, así como la Esquela de Observación de fecha 8 de enero de 2007, correspondiente a la Hoja de Trámite N.° 066780, adjuntando copia literal de la Partida Electrónica 44162865 del Registro de Predios de Lima, donde dice: “[...] es preciso mencionar que a pesar de que la Ley 25017, que crea el distrito de Los Olivos, señala claramente los distritos con los cuales limita, así como la línea demarcatoria que los divide; la existencia de los conflictos y disputas limítrofes entre los distritos de Comas, San Martín de Porres e Independencia, aún permanecen latentes y son producto de las interpretaciones que cada parte involucrada hace respecto a la finalidad, alcance y competencia de la Ley 25017” (STC 6512-2005-AA/TC, fundamento 4).

 

8. De lo informado por los Registros Públicos no se puede tener certeza alguna sobre la inscripción registral del inmueble materia de controversia en cuanto al pago de tributos se refiere. Debe precisarse que, si bien existe un predio a nombre del actor, la numeración de finca no corresponde al signado en la demanda ni en los documentos de pago que obran en autos. Asimismo, las fichas registrales obrantes a fojas 9 y 11 del cuadernillo del TC (alcanzadas por la autoridad registral) no precisan con exactitud el distrito al que pertenece el inmueble.

 

8.      Por lo tanto, en aplicación de la Decimotercera Disposición Final de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972), el recurrente debe seguir efectuando los pagos por concepto de tributos municipales a la Municipalidad de Independencia, mientras exista imprecisión en la demarcación territorial de las municipalidades en conflicto.

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

HA RESUELTO

 

1.      Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, dispone que la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres se abstenga de iniciar procesos coactivos y que, en el caso, suspenda los ya iniciados contra el demandante por el cobro del impuesto predial y otros tributos municipales, en tanto que la autoridad competente no defina la demarcación territorial de las municipalidades en conflicto.

 

2.      Disponer que el contribuyente continúe con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en el distrito de Independencia, de acuerdo con la Decimotercera Disposición Final de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972).

 

 

SS.

 

LANDA ARROYO

ALVA ORLANDINI

GARCÍA TOMA