EXP. N° 4518-2006-PA

LIMA

ALBERTO EUGENIO

FRANCO GONZALES

 

 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

Lima, 12 de abril de 2007

 

VISTOS

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alberto Eugenio Franco Gonzales contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 35 del segundo cuaderno, su fecha 13 de diciembre del 2005, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y,

 

ATENDIENDO A

 

1.      Que con fecha 27 de enero de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra la Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, con el objeto de que se declare inaplicable la resolución de fecha 4 de junio de 2002, en el extremo que le impone la pena de inhabilitación de un año para ejercer la profesión de médico. Aduce que la resolución cuestionada vulnera sus derechos  constitucionales al libre desarrollo de la personalidad, a contratar con fines lícitos y a trabajar libremente. Según refiere, con fecha 9 de junio de 2002 se publicó la Ley N.º 27753, mediante la cual se derogó tácitamente la pena de inhabilitación para el caso del delito tipificado en el artículo 111 del Código Penal, delito por el que el demandante fue condenado. En consecuencia, sostiene que la pena de inhabilitación impuesta ya no esejecutable en aplicación del artículo 103 de la Constitución, que dispone la retroactividad de la ley penal cuando favorece al reo.

 

2.      Que mediante resolución de fecha 7 de febrero de 2005 la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la demanda, por considerar que ésta ha sido interpuesto fuera del plazo legal. La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos.

 

3.      Que a partir de los hechos planteados por el recurrente el Tribunal observa que, en rigor, no es la resolución expedida por la Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima la que vulnera los derechos alegados, toda vez que fue dictada de acuerdo con las normas entonces vigentes. En realidad el objeto de la demanda lo constituiría la amenaza de que se pueda ejecutar dicho extremo de la sentencia [relativo a la inhabilitación para ejercer la profesión médica] por parte del Colegio Médico del Perú. Sin embargo, la adecuación en esos términos de la pretensión constitucional en aplicación del principio de suplencia de la queja deficiente al suponer una alteración tanto del acto reclamado como del sujeto a quien realmente se debió emplazar, conllevaría la modificación de los órganos competentes de la jurisdicción ordinaria para conocer de este amparo, lo que eventualmente debería conducirnos a declarar la nulidad de todo lo actuado, en aplicación del artículo 20 del Código Procesal Constitucional.

 

4.      Que no obstante frente a casos análogos en diversas oportunidades este Tribunal ha tenido la oportunidad de señalar la necesidad de realizar un análisis prospectivo del caso, de manera que la nulidad de todo lo actuado sólo se decrete en aquellos casos en los que sea inexorable, y no así cuando en aplicación de los principios de economía procesal, adecuación e informalidad, recogidos en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, el Tribunal observe que una nueva evaluación de los hechos, incluso por el juez competente y atendiendo a las puntuales alegaciones del demandante, no cambiaría el resultado al que se puede llegar de su evaluación en esta instancia, imponiendo de manera innecesaria a las instancias judiciales el hacer uso del recurso escaso, que es la tutela constitucional.

 

5.        Que el caso de autos se encuentra comprendido en la situación descrita. En efecto, si conforme a lo expresado en el Fundamento Nº. 3 de esta resolución, se trata de un supuesto de amenaza de violación de determinados derechos fundamentales [consistente en la posible ejecución de la sentencia por parte del Colegio Médico del Perú], el Tribunal tiene que recordar que conforme establece el artículo 2 del Código Procesal Constitucional “Cuando se invoque la amenaza de violación, ésta debe ser cierta y de inminente realización". En este contexto, “La certeza está referida a la veracidad de la amenaza, es decir, la seguridad objetiva de que ésta va a acontecer no por suposición subjetiva del recurrente, sino porque el juez la encuentra objetivamente planteada en el caso concreto. La inminencia, en cambio, está referida a la inmediatez o “proximidad” de la amenaza.” (STC 2516-2003-AA/TC).

 

6.      Que sin embargo de los actuados nada indica que el Colegio Médico del Perú pretenda hacer efectiva una eventual lesión de los derechos fundamentales alegados. En particular, si se tiene en cuenta que dadas las especiales circunstancias del caso, el referido Colegio profesional actuó con cautela tras la notificación de la referida sentencia. Así por ejemplo, antes de hacer efectiva la inhabilitación del demandante en el ejercicio de la profesión médica, formuló una consulta puntual y por escrito a la propia Corte Superior de Justicia de Lima [fojas 9 del primer cuaderno], recibiendo como respuesta el informe preparado por el vocal superior Iván Sequeiros Vargas, en el que señala, con claridad, la no exigibilidad del cumplimiento de la pena de inhabilitación para el caso de autos.

 

7.      Que por consiguiente el Tribunal no considera que se trate de una amenaza cierta y de inminente realización, puesto que, como es fácil deducir, ello supondría asumir que el referido Colegio Médico del Perú, pese a contar con el informe favorable a los intereses del recurrente, y que de manera expresa establece que no resultaría aplicable al recurrente la ejecución de la referida inhabilitación, no obstante, optaría por ejecutar dicha sanción, lo que a todas luces supondría una arbitrariedad que no podríamos presumir, sobre todo si tomamos en cuenta el proceder previamente descrito por el referido ente gremial. En consecuencia, debe desestimarse la demanda en aplicación, a contrario sensu, del artículo 2 del Código Procesal Constitucional.

 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

RESUELVE

 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda

 

Publíquese y notifíquese

 

 

SS.

 

LANDA ARROYO

GONZALES OJEDA

ALVA ORLANDINI

BARDELLI LARTIRIGOYEN

GARCÍA TOMA

VERGARA GOTELLI

MESÍA RAMÍREZ