LIMA
Lima, 26 de marzo de 2007
VISTO
El recurso extraordinario interpuesto por Inversiones Generales Wanka S.A.C. contra la resolución expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 328, su fecha 1 de junio de 2005, que, confirmando la apelada, declara infundada la demanda de autos; y,
ATENDIENDO A
1. Que con fecha 11 de junio de 2003 el recurrente interpone demanda de amparo contra la Municipalidad Distrital de Ate Vitarte, solicitando se le suspenda la cancelación de licencia municipal de funcionamiento y, en consecuencia, se le permita seguir operando el terminal terrestre del cual es titular.
2. Que conforme lo dispone el artículo 5°, inciso 2, del Código Procesal Constitucional los procesos constitucionales resultan improcedentes cuando “existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado”. Asimismo en la STC N.º 4196-2004-AA/TC este Tribunal ha interpretado dicha disposición en el sentido de que el proceso de amparo “(...) ha sido concebido para atender requerimientos de urgencia que tienen que ver con la afectación de derechos directamente comprendidos dentro de la calificación de fundamentales por la Constitución Política del Perú. Por ello si hay una vía específica para el tratamiento de la temática propuesta por el demandante, esta no es la excepcional del amparo que, como se dijo, constituye un mecanismo extraordinario”. De otro lado y más recientemente -STC N.º 0206-2005-PA-TC- ha establecido que “(...) solo en los casos en que tales vías ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o por la necesidad de protección urgente o en situaciones especiales que han de ser analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria del amparo, correspondiendo al demandante la carga de la prueba para demostrar que el proceso de amparo es la vía idónea y eficaz para restablecer el ejercicio de su derecho constitucional vulnerado y no el proceso judicial ordinario de que trate. En consecuencia, si el demandante dispone de un proceso que tiene también la finalidad tuitiva de protección del derecho constitucional presuntamente lesionado y es igualmente idóneo para tal fin, debe acudir a él.
3. Que en el presente caso el objeto de la demanda es que se revise si la cancelación de la licencia de funcionamiento del local de la empresa demandante resulta arbitraria o si por el contrario es conforme a ley, ya que el local de la demandante constituiría una amenaza a la salud pública al incumplir normas de seguridad y atentar contra el medio ambiente, es decir, se pretende cuestionar un acto administrativo, cuestión que corresponde ser discutida a través del proceso contencioso-administrativo. Dicho procedimiento constituye una “vía procedimental específica” para la remoción del presunto acto lesivo de los derechos constitucionales invocados en la demanda a través de la revocatoria de la resolución que dispone cancelar la licencia de funcionamiento del terminal terrestre de la demandante y a la vez resulta también una vía “igualmente satisfactoria” respecto al “mecanismo extraordinario” del amparo. Consecuentemente, la controversia planteada en la demanda debe ser dilucidada a través del proceso contencioso-administrativo y no a través del de amparo, tanto más cuando de autos fluye que la controversia plantea aspectos que requieren de un proceso con etapa probatoria.
4. Que en supuestos como el presente donde se estima improcedente la demanda de amparo por existir una vía específica igualmente satisfactoria, este Tribunal tiene establecido en su jurisprudencia (STC N.º 2802-2005-PA/TC, fundamentos 16 y 17), que el expediente debe ser devuelto al juzgado de origen para que lo admita como proceso contencioso-administrativo, de ser el órgano jurisdiccional competente, o para que lo remita a quien corresponda para su conocimiento. Así avocado el proceso y de acuerdo al mismo precedente vinculante (STC N.º 2802-2005-PA/TC) el juez deberá observar, las reglas procesales para la etapa postulatoria establecidas en los fundamentos 53 a 58 de la STC N.º 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005.
Por estos
considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú
RESUELVE
1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo.
2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen para que proceda conforme a lo dispuesto en el fundamento 4, supra.
Publíquese y notifíquese.
SS.
GONZALES OJEDA
BARDELLI LARTIRIGOYEN
VERGARA GOTELLI