EXP. N.° 5607-2006-PHC/TC
LIMA
MEDRANO
VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alejandro
Rodríguez Medrano contra la sentencia de la Quinta Sala Especializada en lo
Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima,
de fojas 294, su fecha 2 de mayo de 2006, que confirmando la apelada declara
infundada la demanda de autos; y,
1.
Que el recurrente, con fecha 12 de diciembre de
2005, interpone demanda de hábeas corpus y la dirige contra el vocal supremo
provisional, don José Luis Lecaros Cornejo, alegando que ha vulnerado su
derecho al debido proceso, al juez natural y a la tutela jurisdiccional efectiva,
al asumir funciones como vocal instructor de la Sala Penal Especial de la Corte
Suprema de Justicia de la República, órgano que se encuentra tramitando el
proceso penal N.° 15-2003-AV (seguido contra el actor y otros por el delito de
asociación ilícita para delinquir y cohecho pasivo propio específico), a pesar
de carecer de competencia para conocer el asunto, toda vez que, de conformidad
con la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), no es miembro de la Sala Penal
Permanente de la Corte Suprema (lo que contraviene el artículo 29 de la LOPJ),
además de no reemplazar a ningún vocal supremo titular (artículo 236 de la
LOPJ, modificado por la Ley N.° 28367), requisitos fundamentales que deben
cumplirse de manera especial debido a
la investidura del actor, de alto funcionario del Poder Judicial
(artículos 34, inciso 4), y 29, inciso 4), de la LOPJ).
2.
Que la finalidad de los procesos
constitucionales es garantizar la primacía de la Constitución y tutelar los
derechos de orden estrictamente constitucional, es decir, asegurar la vigencia
del contenido constitucionalmente protegido de esos derechos. Es por ello que
el Código Procesal Constitucional establece en su artículo 5, inciso 1), como
causal de improcedencia, el que “los hechos y el petitorio de la demanda no
estén referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del
derecho invocado”.
3.
Que, en este orden de ideas, si bien el
debido proceso, reconocido en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución
Política del Estado, preserva la observancia de las garantías de orden procesal
que asisten a las partes, no resulta posible tutelar en sede constitucional
todas y cada una de dichas garantías, sino únicamente aquellas de rango
constitucional. En tal sentido, este Tribunal ha señalado que no es procedente
cuestionar mediante los procesos constitucionales de la libertad la competencia
del órgano jurisdiccional, por cuanto ésta corresponde a aspectos de orden
estrictamente legal [Exp. N.º 333-2005-PA/TC], delimitando así el contenido
constitucionalmente protegido del debido proceso. Dicho criterio es de
aplicación al caso de autos, en el que se discute la competencia del vocal
emplazado por inobservancia de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es por ello que la presente
demanda resulta improcedente, de conformidad con el artículo 5, inciso 1), del
Código Procesal Constitucional.
Por
estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú
Declarar
IMPROCEDENTE la demanda de hábeas
corpus.
Publíquese
y notifíquese.
SS.
BARDELLI LARTIRIGOYEN
MESÍA RAMÍREZ