EXP. 06498-2005-PA/TC

ICA

PEDRO GUILLERMO

CCECCAÑO ALMORA

 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los 26 días del mes de junio de 2006, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados García Toma, Alva Orlandini y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia

 

ASUNTO

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Guillermo Cceccaño Almora contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, de fojas 116, su fecha 25 de mayo de 2005, que declaró infundada la demanda de amparo de autos.

 

ANTECEDENTES

 

Con fecha 13 de setiembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que se declaren inaplicables las Resoluciones 51319-2002-ONP/DC/DL19990 y 47825-2003-ONP/DC/DL 19990, del 24 de setiembre de 2002 y 13 de junio de 2003, respectivamente, y que, en consecuencia, se le otorgue la pensión de jubilación adelantada conforme a los Decretos Leyes N.os 19990 y 25967, disponiéndose el pago de las pensiones dejadas de percibir. Manifiesta que ha laborado ininterrumpidamente desde 1958 hasta el 31 de julio de 1990, por un periodo de 31 años y 11 meses, equivalentes al mismo tiempo de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones.

 

 La emplazada solicita que se declare infundada la demanda, alegando que el demandante no ha acreditado haber realizado aportes por el periodo mínimo de 30 años, toda vez que en aplicación del artículo 95.º del Reglamento de la Ley 13640, existen periodos de aportación que han perdido validez. Añade que para dilucidar la controversia se requiere una vía judicial que cuente con una estación probatoria, la cual no está prevista para el proceso de amparo.

 

El Tercer Juzgado Civil de Ica, con fecha 24 de enero de 2005, declara fundada la demanda, considerando que el demandante acredita los 30 de aportaciones requeridos para acceder a la pensión reclamada, dado que las aportaciones cuya validez se desconoció no están sustentadas en resoluciones consentidas o ejecutoriadas de fecha anterior al 1 de mayo de 1973.

 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda al estimar que para acceder a la pensión de jubilación adelantada el demandante debió cumplir 55 años de edad antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley 25967.

 

FUNDAMENTOS

 

1.      En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones legales que establecen los requisitos para la obtención de tal derecho, y que para que quepa un pronunciamiento de mérito en los procesos de amparo, la titularidad del derecho invocado debe encontrarse suficientemente acreditada.

 

§ Delimitación del petitorio

 

2.      El demandante pretende el reconocimiento de la pensión de jubilación adelantada que le fue denegada porque, a juicio de la ONP, no reunía el mínimo de aportaciones necesarias para obtener el derecho a una pensión. Consecuentemente, la pretensión del recurrente está comprendida en el supuesto previsto en el Fundamento 37.b de la sentencia referida en el párrafo que antecede, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida.

 

§ Análisis de la controversia

 

3.      El artículo 44.º del Decreto Ley 19990 constituye la disposición legal que configura el derecho constitucionalmente protegido para acceder a la pensión reclamada. En él se establece que tienen derecho a pensión de jubilación adelantada los hombres que i) cuenten 55 años de edad, y  ii) acrediten, por lo menos, 30 años de aportaciones.

 

4.      Al efecto, para el reconocimiento de las aportaciones efectuadas por los asegurados, se deberá tener presente lo siguiente:

 

(a)    A tenor del artículo 57º del Decreto Supremo 011-74-TR, Reglamento del Decreto Ley N.º 19990, los períodos de aportación no pierden su validez, excepto en los casos de caducidad de las aportaciones declaradas por resoluciones consentidas o ejecutoriadas con fecha anterior al 1 de mayo de 1973. En ese sentido, la Ley 28407, vigente desde el 3 de diciembre de 2004, declaró expedito el derecho de cualquier aportante para solicitar la revisión de cualquier resolución que se hubiera expedido contraviniendo lo dispuesto en los artículos 56.º y 57.º del decreto supremo referido, Reglamento del Decreto Ley 19990.

 

(b)    En cuanto a las aportaciones de los asegurados obligatorios, los artículos 11.° y 70.° del Decreto Ley 19990 establecen, respectivamente, que “Los empleadores (...) están obligados a retener las aportaciones de los trabajadores asegurados obligatorios (...)”, y que “Para los asegurados obligatorios son períodos de aportación los meses, semanas o días en que presten, o hayan prestado servicios que generen la obligación de abonar las aportaciones a que se refieren los artículos 7.º al 13.º, aun cuando el empleador (...) no hubiese efectuado el pago de las aportaciones”. Más aún, el artículo 13.° de esta norma dispone que la emplazada se encuentra obligada a iniciar el procedimiento coactivo si el empleador no cumple con efectuar el abono de las aportaciones indicadas.

 

5.      Para acreditar la titularidad de derecho a la pensión y el cumplimiento de los requisitos legales que configuran el derecho, el demandante ha acompañado su demanda con una serie de documentos, respecto de los cuales este Tribunal determina lo siguiente:

 

5.1. Edad

 

Con la copia de su Documento Nacional de Identidad, el actor acredita que nació el 14 de abril de 1942, y que cumplió 55 años de edad el 14 de abril de 1997.

 

5.2 Aportaciones

 

A.  Copia de las Resoluciones 51319-2002-ONP/DC/DL19990 y 47825-2003-ONP/DC/DL 19990 (Expediente N.º 01800082302) y del Cuadro de Resumen de Aportaciones, de los cuales se advierte que la ONP:

 

q       Ha reconocido la validez de 13 años y 1 mes de aportaciones.

q       Señala que existe imposibilidad material de acreditar el total de las aportaciones efectuadas durante su relación laboral con su antiguo empleador, Negociación Chavalina Trapiche S.A., durante el año 1968 (semana 1 a 27), 1972 (semana 28 a 36) y el periodo faltante de 1959,  desde 1961 hasta 1963, 1968, 1972, toda vez que el recurrente no figura en los libros de planillas ubicados en la Cooperativa San Francisco Javier-Trapiche de la ciudad de Los Molinos-Ica.

q       Manifiesta que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.º del Decreto Supremo N.º 122-2002-EF, no es posible levantar la información de los libros de planillas del empleador Cooperativa Agraria San Francisco Javier N.º 228, por el periodo comprendido desde el 11 de setiembre de 1972 hasta el 30 de junio de 1989, puesto que no se encuentran en custodia de personas o entidades autorizadas. No obstante, consta en la página web de la ONP,

www.onp.gob.pe/nuestrosservicios/recepcionplanilladepago/relacionplanillascustodia/default.asp,

que los libros de planillas de este empleador también se encuentran en su custodia.

 

B.     Los certificados de trabajo con los que acredita un periodo de aportaciones de 30 años y 6 meses durante su relación laboral con los siguientes empleadores:

 

q       Negociación Chavalina Trapiche S.A., desde enero de 1959 hasta el 10 de setiembre de 1972, como trabajador estable.

q       Cooperativa Agraria de Producción San Francisco Javier Ltda. 228, desde el 11 de setiembre de 1972 hasta junio de 1989.

 

6.      Respecto a lo dispuesto en el Decreto Supremo 122-2002-EF, este Tribunal considera que el hecho de que los libros de planillas de los empleadores que actualmente han cerrado o liquidado, se encuentren en custodia de personas no autorizadas, sea que se trate de personas naturales o jurídicas, no exime a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), en su condición de administradora del Sistema Nacional de Pensiones y el Fondo de Pensiones del Decreto Ley 19990, de Efectuar la verificación, liquidación y fiscalización de derechos pensionarios que sean necesarias para garantizar su otorgamiento con arreglo a Ley, conforme a la función establecida en el inciso d), artículo 7.°, de su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por la Resolución Suprema N.º 306-2001-EF.

 

A mayor abundamiento, importa precisar que el último párrafo del artículo 54 del Decreto Supremo 011-74-TR, reglamento del Decreto Ley 19990, no contiene una presunción iuris et de iure al señalar que para el caso de las planillas de pago de empresas que ya no estén operando y las cuales no se encuentren en custodia de persona o entidades, que por norma expresa estén autorizadas a custodiar dichos documento, la ONP no se encontrará obligada a tener por cierto lo que en dichos documentos se exprese, por lo que la ONP, atendiendo a su función de garantizar el otorgamiento de las pensiones con arreglo a ley, se encontrará obligada a realizar la labor inspectiva correspondiente y, de ser el caso, determinar en ella la veracidad de los documentos exhibidos antes que rechazarlos de plano.

 

7.      En consecuencia, el Tribunal Constitucional considera que, aun cuando en el proceso de amparo no se encuentra prevista una etapa probatoria, el demandante ha presentado suficientes medios probatorios que no requieren actuación (artículo 9.º del Código Procesal Constitucional) y que demuestran que i) cumple el requisito de edad exigido para obtener la pensión de jubilación adelantada, y ii) acredita más de 30 años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones.

 

8.      En tal sentido el demandante ha demostrado que reúne los requisitos legales exigidos para la percepción de la pensión de jubilación reclamada y, consiguientemente, que se ha desconocido arbitrariamente su derecho de acceso a la pensión de jubilación adelantada.

 

9.      En cuanto al pago de las pensiones devengadas, resulta aplicable al caso el artículo 81.º del Decreto Ley N.º 19990, que señala que “(...) sólo se abonarán por un periodo no mayor de doce meses anteriores a la presentación de la solicitud del beneficiario”.

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

HA RESUELTO

 

1.      Declarar FUNDADA la demanda de amparo; en consecuencia, NULAS las Resoluciones N.os 51319-2002-ONP/DC/DL19990 y 47825-2003-ONP/DC/DL 19990.

 

2.      Ordena que la ONP otorgue al demandante la pensión de jubilación adelantada que le corresponde, y que abone las pensiones devengadas correspondientes, los intereses legales y los costos.

 

Publíquese y notifíquese.

 

 

SS.

 

GARCÍA TOMA

ALVA ORLANDINI

VERGARA GOTELLI