EXP. N.º 6505-2006 -PC/TC

LAMBAYEQUE

INVERSIONES TURÍSTICAS

3H SAC

 

 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

Lima, 10 de abril de 2007

 

VISTOS

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Inversiones Turísticas 3H SAC contra la Resolución de la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 128, su fecha 31 de mayo de 2006, que revocando la apelada, declaró infundada la demanda de cumplimiento de autos; y,

 

ATENDIENDO A

 

1)      Que, con fecha 5 de agosto de 2005, Inversiones Turísticas 3H SAC interpone demanda de cumplimiento contra el Gobierno Provincial de Chiclayo, con el objeto de que acate lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N.º 26962 (norma que modificó el artículo 1 del Decreto Legislativo N.º 820), referido a la exoneración del impuesto predial concedida a los establecimientos de las empresas que brindan el servicio de hospedaje y que hayan iniciado o ampliado sus operaciones hasta antes del 31 de diciembre de 2003.

 

Manifiesta que mediante Registro N.º 011-2001, del 31 de mayo, la demandada autorizó el funcionamiento de su local, ubicado en calle Los Faiques N.° 101, urbanización Santa Victoria, provincia de Chiclayo, bajo la denominación de Las Musas Hotel y Casino, otorgándole la calificación de Hotel Tres Estrellas. Asimismo, señala que con fecha 15 de septiembre de 2003 y 5 de julio de 2005 requirió a la entidad demandada para que cumpla con aplicarle la exoneración del impuesto predial; sin embargo, reclama que a la fecha dichas solicitudes no han sido respondidas. En consecuencia, solicita que se ordene la aplicación de lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley N.º 26962 por encontrarse comprendida en el supuesto previsto por la norma.

 

2)      Que el Gobierno Provincial de Chiclayo deduce la excepción de falta de agotamiento de la vía previa y contesta la demanda señalando que el pedido formulado por la recurrente con fecha 5 de julio de 2005 aún se encuentra en etapa de resolver, siendo que contaría con 45 días para emitir un pronunciamiento.

 

3)      Que el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo, con fecha 28 de noviembre de 2005, declara infundada la excepción de falta de agotamiento de la vía previa y fundada la demanda, estimando que el establecimiento de la recurrente se encuentra comprendido en el supuesto previsto por el artículo 2 de la Ley N.°26962, por lo que le sería aplicable el beneficio previsto por dicha norma.

 

4)      Que la recurrida, revocando la sentencia apelada, declara infundada la demanda, estimando que la recurrente no había iniciado sus operaciones antes del 31 de diciembre de 2003, conforme lo exige el artículo 2 de la Ley N.° 26962. Al respecto, argumenta que mediante Decreto Supremo N.° 089-96-EF se desarrolló la Ley N.° 26962, precisándose que no se considerarán como empresas que hayan iniciado sus operaciones aquellas que adquieran bienes inmuebles que formen o hayan formado parte de activos fijos de otras empresas que también brindaron el servicio de establecimiento de hospedaje, siendo que en el caso de autos el inmueble de la recurrente ha sido de propiedad de otra empresa dedicada a la misma actividad (Hotel María Alejandra). El ad quem advierte que la norma en cuestión no contiene un mandato claro e incontrovertible.

 

5)      Que el objeto de la presente demanda es que se ordene el cumplimiento de lo prescrito por el artículo 2 de la Ley N.º 26962 (norma que modificó el artículo 1 del Decreto Legislativo N.º 820), cuyo tenor dice lo siguiente:

 

"Artículo 2.- De la ampliación del plazo de inicio o ampliación  de operaciones.- Modifícase el Artículo 1 del Decreto Legislativo N.º 820 en los  términos siguientes:

 

     Artículo 1.- Las empresas de servicio de establecimiento de  hospedaje que inicien o amplíen sus operaciones antes del 31 de  diciembre del 2003, estarán exoneradas del Impuesto Predial y del Impuesto Extraordinario a los Activos Netos (...)”

 

6)      Que, en cumplimiento de lo dispuesto en la norma transcrita, la demandante solicita específicamente que se disponga la exoneración del pago del impuesto predial respecto de su establecimiento, ubicado en  calle Los Faiques N.° 101, urbanización Santa Victoria, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, debido a que sus solicitudes de exoneración tributaria no han sido resueltas por la entidad demandada.

 

7)      Que, conforme al artículo 69 del Código Procesal Constitucional, el proceso constitucional de cumplimiento requiere como único requisito previo a la interposición de la demanda que el recurrente haya reclamado mediante documento de fecha cierta el cumplimiento del deber legal o administrativo, y que la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no haya contestado dentro del plazo previsto.

 

8)      Que, sobre el particular, a fojas 12 y 13 obra la solicitud de exoneración formulada por la recurrente, la misma que fuera recibida por la entidad demandada con fecha 5 de julio de 2005. En consecuencia, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 69 del Código Procesal Constitucional, se habrá cumplido con el agotamiento de la vía previa si la entidad requerida no resuelve lo solicitado dentro de los diez (10) días útiles siguientes.

 

En el caso de autos, la demandada tuvo oportunidad de emitir pronunciamiento hasta el 19 de julio de 2005; sin embargo, siendo que hasta el 5 de agosto de 2005 (fecha en que se interpuso la demanda) aún no se había cumplido con emitir pronunciamiento sobre lo solicitado, se concluye que se ha cumplido con agotar la vía previa.

 

9)      Que, de acuerdo con lo previsto en el inciso 6) del artículo 200º de la Constitución de 1993 y el artículo 66º del Código Procesal Constitucional, el proceso de cumplimiento tiene por objeto ordenar que el funcionario o autoridad pública renuente: 1) Dé cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto administrativo firme; o 2) Se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento. Así, lo que se pretende es asegurar y exigir la eficacia de las normas legales y los actos administrativos.

 

Del análisis preliminar del presente caso, se desprende que la pretensión encajaría en el primer objeto del proceso de cumplimiento, ya que se solicita que la demandada dé cumplimiento a una norma legal.

 

10)  Que mediante STC 0168-2005-PC/TC, (publicada en el diario oficial “El Peruano” el 7.10.2005) y en aplicación del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, este Tribunal estableció, como precedente vinculante, los criterios de procedencia aplicables a las demandas de cumplimiento que sean presentadas o que se encuentren en trámite a la fecha de publicación de referida la sentencia. De acuerdo con los fundamentos 14, 15 y 16 de la referida sentencia, este Colegiado dispuso que para que el cumplimiento de la norma legal, la ejecución del acto administrativo y la orden de emisión de una resolución o reglamento sean exigibles a través del proceso de cumplimiento, además de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato contenido en aquellos deberá reunir con los siguientes requisitos mínimos:

 

a)      Ser un mandato vigente;

b)      Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo;

c)      No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares,

d)      Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento, y

e)      Ser incondicional.

 

Excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria.

 

11)  Que, consecuentemente, corresponde a este Tribunal verificar si el mandato contenido en el artículo 2 de la Ley N.º 26962 cumple los requisitos mínimos de procedibilidad a fin de que lo peticionado pueda ser atendido vía proceso de cumplimiento; y más aún constatar si verdaderamente existe renuencia por parte de la Gobierno Provincial de Chiclayo a acatar dicho mandato.

 

12)  Que, al respecto, se advierte que lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N.º 26962 (que modificó el artículo 1 del Decreto Legislativo N.º 820) resulta un mandato vigente, cuyo contenido normativo determina una regla indubitable y clara.  No obstante, dicha regla se encuentra sujeta al cumplimiento del numeral ii) del artículo 2 del D.S. N.° 089-96-EF, que dispone lo siguiente: “no se considerarán como empresas que inician operaciones, aquellas que adquieran bienes inmuebles que formen o hayan formado parte de activos fijos de empresas de servicios de establecimientos de hospedaje”.

 

13)  Que lo dispuesto en el DS 089-96-EF, en calidad de reglamento secúndum legem o de ejecución, llamado a complementar y desarrollar la Ley, condiciona el mandato de la norma cuya aplicación inmediata se solicita, esto es, la Ley  26962, (que modifica el Decreto Legislativo 820). En consecuencia, el presente caso no cumple el requisito e) del fundamento 10, supra, al tratarse de una norma con mandato condicional.

 

14)  Que, a mayor abundamiento, se observa que la recurrente no habría cumplido con la condición a la norma, establecida en el DS 089-96-EF. En efecto, a fojas 26-28 obra la Copia de la Partida Electrónica N.° 11001238 del Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral Nororiental del Marañón, la cual corresponde al inmueble ubicado en  calle Los Faiques N.° 101-103, urbanización Santa Victoria, respecto de la cual la recurrente solicita se aplique la exoneración del Impuesto Predial. En dicha Partida consta que la recurrente es copropietaria del citado inmueble y que anteriormente este fue de propiedad de la Empresa de Servicios Turísticos del Norte S.A., la cual, conforme a la ficha de información electrónica obrante en la pagina web de la Sunat, tiene como actividad económica el servicio de hoteles, campamentos y otros.

 

De manera que se evidencia que el inmueble en cuestión ha formado parte de los activos fijos de una empresa dedicada a prestar el servicio de hospedaje, con lo cual no se cumpliría la condición establecida en el artículo 1 de la Ley N.° 26962, cuya exigibilidad se pretende.

 

15)  Que, más aún, la entidad demandada ha advertido en su escrito de apelación (fojas 76-77) que la Copia de la Partida Electrónica N.° 11001561 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral Nororiental del Marañón, que obra a fojas 8 y que corresponde a Inversiones Turísticas 3H SAC, que esta adquirió el 50% de las acciones y derechos del Hotel María Alejandra respecto del inmueble equipado y amoblado en Calle Los Faiques N.° 101, 103 y 105.

 

Ahora bien, de acuerdo con la ficha de información electrónica de la Sunat, el nombre comercial de la Empresa de Servicios Turísticos del Norte S.A. es Hotel María Alejandra. Lo que también certifica que la adquisición del 50% de acciones del inmueble ubicado en  Calle Los Faiques N.° 101 se habría celebrado con la Empresa de Servicios Turísticos del Norte S.A. y que esta empresa venía utilizando dicho bien como establecimiento de hospedaje.

 

16)  Que, por consiguiente, en el caso de autos no cabe la exigencia de cumplimiento del artículo 2 de la Ley N.º 26962 a favor de la empresa demandante, no sólo por tratarse de un mandato sujeto a condición, sino porque dicha condición no habría sido cumplida en su caso.

 

Por estas consideraciones, El Tribunal Constitucional con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

RESUELVE

 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

 

Publíquese y notifíquese.

 

 

SS.

 

LANDA ARROYO

ALVA ORLANDINI

BARDELLI LARTIRIGOYEN