EXP. N.° 06601-2006-PC/TC

PIURA

ÁNGELA MARTINA

BRUNO SEMINARIO

Y OTROS

 

 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

Lima, 4 de abril de 2007

 

 

VISTO

 

            El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ángela Martina Bruno Seminario y otros contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 194, su fecha 23 de mayo de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y ,

 

 

ATENDIENDO A

           

1.      Que con fecha 30 de diciembre de 2005, doña Ángela Martina Bruno Seminario, conjuntamente con los señores Cecilia Alejandrina Silupú, Gustavo Reto Yarlequé, José Ítalo Lama Rosales, Marco Antonio Soto Guzmán, Ernesto Antonio Pretto Monroy y Diómedes Sánchez Moreno, interponen demanda de cumplimiento contra la Dirección Regional de Educación de Piura y la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Piura, con el objeto de que cumplan las leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales y directivas en general para que declaren vacante el cargo y la plaza de Director General del Instituto Superior Tecnológico que ejerce don Santos Javier Castillo Romero. Precisan que las normas materia del presente proceso y cuyo cumplimiento se demanda, son: la Ley N.º 24029, modificada por la Ley N.º 25212 (artículo 53.); la Ley N.º 26269 (artículos 1. y 2.); el Decreto Supremo N.º 019-90-ED (artículos 224. y 225.); el Decreto Supremo N.º 039-85-ED (artículos 14. y 28.); el Decreto Supremo N.º 023-2001-ED (artículos 79.b., 79,e., 79.h. y Segunda Disposición Final); el Decreto Supremo N.º 016-90-ED (artículos 1. y 9.); la Resolución Ministerial N.º 1174-91-ED (artículos 2. y 4.); la Resolución Ministerial N.º 679-2003-ED (artículos 1. y 2.); la Directiva N.º 018-2003-GOB.REG.PIURA-DREP-COM-REASIG (Numeral 5.1.); el Convenio Originario (Cláusulas 3., 4.a y 4.b.); el Convenio Renovado (Cláusula 4.b.); Oficio N.º 2589-2003-ME/SG-OA-UPER del 10 de setiembre de 2003; el TUO de la LOPJ (artículo 4.); el Código Procesal Constitucional (artículos 22. y 59.); la Constitución Política del Perú (artículos 2.20.; 139.2, 139.3 y 139.13), además de las demás normas educativas y procesales.

 

2.      Que este Colegiado, en la STC N.º 168-2005-PC, expedida el 29 de setiembre de 2005, en el marco de su función de ordenación que le es inherente y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de cumplimiento, ha precisado, con carácter vinculante, los requisitos mínimos que debe tener el mandato contenido en una norma legal o en un acto administrativo para que sea exigible a través del proceso constitucional indicado.

 

3.      Que en los fundamentos 14, 15 y 16 de la sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante conforme a lo previsto por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, se han consignado tales requisitos, estableciéndose que estos, en concurrencia con la demostrada renuencia del funcionario o autoridad pública, determinan la exigibilidad de una norma legal o acto administrativo en el proceso de cumplimiento, no siendo posible recurrir a esta vía para resolver controversias complejas. Por tal motivo, en el presente caso, la demanda de cumplimiento debe desestimarse, toda vez que las normas y los actos administrativos a que se ha hecho referencia no contienen un mandato cierto y claro; por el contrario, el Tribunal Constitucional se ve en la obligación de precisar que la legalidad de un procedimiento administrativo, la vacancia de autoridades o servidores, así como la ejecución de resoluciones jurisdiccionales, no pueden ser materia de un proceso de cumplimiento, por ser cuestiones ajenas a su objeto y fines.

 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

RESUELVE

 

Declarar  IMPROCEDENTE la demanda de autos.

 

Publíquese y notifíquese.

 

 

SS.

 

GONZALES OJEDA

VERGARA GOTELLI

MESÍA RAMÍREZ