EXP. N.° 07475-2006-PA/TC

LIMA

LUIS FERNANDO

SOTO POPUCHE

 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los 5 días del mes de octubre de 2006, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados García Toma, Landa Arroyo y Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia

 

ASUNTO

 

            Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Fernando Soto Popuche contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 88, su fecha 30 de marzo de 2005, que declara improcedente la demanda de autos.

 

ANTECEDENTES

 

            El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución N.° 0000019860-2004-ONP/DC/DL 19990, y que, en consecuencia, se le reconozcan todas sus aportaciones y se le otorgue pensión de jubilación adelantada de conformidad con  el artículo 44 del Decreto Ley N.° 19990.

 

            La emplazada contesta la demanda alegando que el reconocimiento de aportaciones requiere de la actuación de medios probatorios, no siendo el amparo la vía idónea para tal fin.

 

            El Trigésimo Sétimo Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 7 de febrero de 2005, declara infundada la demanda arguyendo que el demandante no reúne los requisitos para acceder a la pensión reclamada.

 

            La recurrida, revocando la apelada, declara fundada, en parte, la demanda en el extremo referido al reconocimiento de las aportaciones que perdieron validez, e improcedente respecto del reconocimiento de las demás aportaciones y del otorgamiento de la pensión de jubilación.

 

FUNDAMENTOS

 

1.      En la STC N.° 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales que establecen los requisitos para la obtención de tal derecho, y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento estimatorio.

 

                  Delimitación del petitorio

 

2.      En el presente caso, habiendo sido declarada fundada la demanda respecto al reconocimiento de las aportaciones que perdieron validez, sólo corresponde a este Colegiado, de conformidad con el inciso 2) del artículo 202 de la Constitución, pronunciarse sobre el extremo denegado, es decir, respecto al reconocimiento de aportaciones adicionales que no fueron tomadas en cuenta por la emplazada y respecto del otorgamiento de la pensión de jubilación adelantada.

 

                  Análisis de la controversia

 

3.      El artículo 44 del Decreto Ley N.º 19990 establece que tienen derecho a pensión de jubilación adelantada los hombres que i) cuenten 55 años de edad, y ii) acrediten, por lo menos, 30 años de aportaciones.

 

4.      Según el Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 2, el demandante nació el 13 de octubre de 1940; por lo tanto, cumplió la edad requerida el 13 de octubre de 1995.

 

5.      De la resolución cuestionada y del Cuadro Resumen de Aportaciones obrantes a fojas 4 y 5, respectivamente, se desprende que la ONP denegó la pensión de jubilación, porque consideró que a) el actor sólo había acreditado 17 años y 4 meses de aportaciones desde 1972 hasta 1998; b) los 3 años y 8 meses de aportaciones desde 1961 a 1965 habían perdido validez en aplicación del artículo 23 de la Ley N.° 8433 y del artículo 95 del Decreto Supremo N.º 013-61-TR; c) existía imposibilidad material de acreditar 10 años y 9 meses de aportaciones.

 

6.      Si bien es cierto que la recurrida ha cumplido con reconocerle las aportaciones que perdieron validez (en total 21 años de aportaciones, también lo es que el demandantepretende el reconocimiento de aportes adicionales con los Certificados de Trabajo expedidos por Contratista Ramón Vereau Agreda, que acredita labores desde el 7 de setiembre 1966 hasta el 25 de agosto de 1991, y Zinsecco S.A., donde consta que laboró desde el 1 de febrero de 1993 hasta el 31 de diciembre de 1995 (ff. 6 a 9).

 

7.    Al respecto, debe precisarse que el inciso d), artículo 7, de la Resolución Suprema N.° 306-2001-EF, Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), dispone que la emplazada debe “Efectuar la verificación, liquidación y fiscalización de derechos pensionarios que sean necesarias para garantizar su otorgamiento con arreglo a Ley”.

 

8.      Y que,  en cuanto a las aportaciones de los asegurados obligatorios, los artículos 11 y 70 del Decreto Ley N.° 19990 establecen, respectivamente, que “Los empleadores (...) están obligados a retener las aportaciones de los trabajadores asegurados obligatorios (...)”, y que “Para los asegurados obligatorios son períodos de aportación los meses, semanas o días en que presten, o hayan prestado servicios que generen la obligación de abonar las aportaciones a que se refieren los artículos 7 al 13, aun cuando el empleador (...) no hubiese efectuado el pago de las aportaciones”. Más aún, el artículo 13 de esta norma dispone que la emplazada se encuentra obligada a iniciar el procedimiento coactivo si el empleador no cumple con efectuar el abono de las aportaciones indicadas.

 

9.      En consecuencia, al haberse acreditado con los referidos certificados un total de 27 años, 10 meses y 18 días de aportaciones, dentro de los cuales se incluye el periodo reconocido de 1966 a 1993, deberá adicionarse el periodo reconocido por la recurrida de 1961 a 1965, equivalente a 3 años y 8 meses de aportaciones, así como el periodo reconocido por la emplazada, de 1996 a 1998 (84 semanas), con lo cual se obtiene más de 30 años de aportaciones que le permiten el acceso a la pensión solicitada.

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

HA RESUELTO

 

1.     Declarar FUNDADA la demanda en el extremo de la pretensión materia del recurso de agravio constitucional.

 

2.     Ordena que la emplazada expida resolución otorgando pensión de jubilación a favor del demandante, de conformidad con los fundamentos de la presente, con abono de devengados, intereses legales y costos del proceso.

 

Publíquese y notifíquese.

 

 

SS.

 

GARCÍA TOMA

LANDA ARROYO

MESÍA RAMÍREZ