EXP. 7786-2005 PHC/TC

LIMA    

ÓSCAR LIZARDO

BENITEZ LINARES

 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los 29 días del mes de enero de 2007, el pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores magistrados Landa Arroyo, Gonzales Ojeda, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, García Toma y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia

 

 

ASUNTO

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Óscar Lizardo Benites Linares contra  la resolución emitida por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 372, su fecha 26 de agosto de 2005, que declaró infundada la demanda de autos.

 

 

ANTECEDENTES

 

Con fecha 22 de abril de 2005 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra los magistrados de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y los vocales de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Áncash, alegando vulneración de sus derechos al debido proceso, a la tutela procesal efectiva y su libertad individual. Refiere el demandante que la Sala Penal de la Corte Suprema ha expedido una resolución confirmando una sentencia emitida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Áncash, la cual es producto de un proceso judicial irregular e ilícito, donde se le ha restringido su derecho a la defensa. Alega además que en el marco del proceso penal por el que se le ha condenado se sometió al beneficio de colaboración eficaz, siendo declarado improcedente dicho pedido toda vez que el recurrente se encuentra registrado como jefe de una organización criminal dedicada al narcotráfico. Señala asimismo que en el desarrollo del juicio oral dentro del proceso penal se designó relatora para remplazar al personal que se encontraba en huelga, a una empleada que no cumplía los requisitos legales establecidos para dicha función, por lo que se le estaría vulnerando su derecho a la tutela procesal efectiva, al producirse un “(...) desvío de la jurisdicción de los órganos jurisdiccionales”.

 

Realizada la investigación sumaria el accionante se ratifica en los términos de su demanda. Por su parte los vocales supremos emplazados manifiestan que la resolución emitida por su Sala, que confirma la condena impuesta al actor, ha sido expedida de acuerdo con la normatividad legal vigente, no habiendo vulneración alguna de sus derechos fundamentales.   

 

El Quincuagésimo Juzgado Penal de Lima con fecha 31 de mayo de 2005 declara infundada la demanda de hábeas corpus por considerar que el accionante ha ejercido el derecho a la defensa, la pluralidad de instancias y el uso de los medios impugnatorios, contra la resolución que declara improcedente el beneficio de colaboración eficaz, y la resolución que declara improcedente la recusación contra los vocales de Sala Mixta de Huaraz, con lo cual además se ha respetado su derecho de acceso al órgano jurisdiccional.

 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos.

 

 

FUNDAMENTOS

 

 

Colaboración eficaz y beneficios

 

1.      Respecto al extremo de la demanda en el cual se cuestiona la denegatoria de su solicitud de acogerse al beneficio de exención de pena por colaboración eficaz, el recurrente señala que, a pesar de haber proporcionado información relevante, se le ha denegado el referido beneficio por el hecho de figurar en un atestado policial como cabecilla de una organización criminal,  supuesto que se encuentra excluido de beneficios conforme al artículo 21.º del Decreto Legislativo N.º 824. Alega que tal hecho es falso.            

 

Al respecto como lo ha señalado este Tribunal en reiteradas ocasiones no es competencia de la justicia constitucional determinar la responsabilidad penal ni efectuar  la valoración de los medios probatorios que a tal efecto se incorporen al proceso penal, siendo ello competencia exclusiva de la justicia ordinaria. Ello implica que no es posible usar el proceso constitucional de la libertad como una instancia de la justicia ordinaria. Del mismo modo tampoco es posible cuestionar mediante el hábeas corpus una resolución denegatoria de beneficios por colaboración eficaz pretendiendo que el juez constitucional efectúe una valoración de los medios de prueba que en el marco de dicho procedimiento fueron aportados a fin de determinar si en efecto el recurrente tenía la calidad de cabecilla, por lo que tal extremo de la demanda no puede merecer un pronunciamiento de fondo.  

 

Acumulación de procesos

 

2.      Respecto al extremo de la demanda mediante el cual el demandante señala que se ha vulnerado el derecho a la tutela procesal efectiva al producirse la sustracción de la solicitud de acumulación de los procesos que se le siguen, es preciso señalar que, conforme al artículo 200, inciso 1, de la Constitución, el proceso de hábeas corpus está destinado a la tutela de “(...)la libertad individual o los derechos constitucionales conexos”. Por ello, el debido proceso podrá ser tutelado mediante el proceso de hábeas corpus, conforme al artículo 25 in fine del Código Procesal Constitucional, en tanto derecho conexo a la libertad individual. Ello implica que la alegada vulneración del derecho al debido proceso, para ser susceptible de tutela mediante el proceso de hábeas corpus, deberá incidir en la libertad individual.

 

3.      Al respecto este Colegiado considera que la resolución cuestionada que dispone la acumulación de los procesos no incide en la libertad individual del demandante, por lo que no puede ser objeto de cuestionamiento en esta vía toda vez que no es la resolución que sustenta la privación de libertad que sufre el demandante. Del mismo modo este Tribunal se ha pronunciado en la sentencia recaída sobre el expediente N.° 0985-2005-PHC/TC [Phillip Mofya]. En ese sentido, este extremo de la demanda debe ser desestimado.

 

Recusación e imparcialidad de los vocales emplazados

 

4.      Respecto del extremo de la demanda en el cual se cuestiona el rechazo de la recusación formulada contra los vocales de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Áncash, es preciso recalcar que, conforme al artículo 4.º del Código Procesal Constitucional, constituye un requisito de procedibilidad del hábeas corpus contra resolución judicial la firmeza de la resolución cuestionada. Ello implica que antes de interponerse la demanda de hábeas corpus es preciso que se agoten los recursos legalmente previstos contra la resolución cuestionada al interior del proceso. [Cfr. Exp. N.º 4107-2004-HC/TC, Caso Lionel Richi de la Cruz Villar]. Sin embargo, se colige de autos que el recurrente no impugnó dicha decisión denegatoria, a pesar de que la misma, conforme al artículo 40.º del Código de Procedimientos Penales, constituye una resolución impugnable, por lo que al no agotarse el referido requisito de procedibilidad este Colegiado no puede emitir pronunciamiento de fondo respecto de este  extremo de la demanda.   

 

Sobre la solemmnidad del juicio oral

 

5.      Señala el actor que se designó secretaria de la Sala a una empleada que no cumplía los requisitos legales, en razón de que el personal del Poder Judicial se encontraba en huelga. Según alega, ello constituye un “(...) desvío de la jurisdicción de los órganos auxiliares” y una violación de la solemnidad del juicio oral que, además, genera la nulidad de los actuados.

 

6.      Según consta a fojas 2756 de las copias del expediente penal acompañadas al expediente principal, con fecha 4 de noviembre de 2003 se designó testigo actuario a la doctora Damme Arenas de Morales, quien se venía desempeñando como secretaria de juzgado en la Corte Superior de Justicia de Áncash, al haberse plegado el secretario y el relator de la Sala a la huelga del Poder Judicial. 

 

7.      De lo actuado no es posible para este Colegiado determinar si en efecto la referida secretaria de juzgado que fuera designada testigo actuario reunía los requisitos de ley. Sin embargo es preciso señalar que la tutela que brinda este Tribunal con relación al derecho al debido proceso no tiene por objeto dejar sin efecto cualquier vicio o nulidad que en el marco de un proceso jurisdiccional se hubiera producido. Así este Tribunal ha señalado que 

 

(...) la tutela procesal efectiva no puede ser identificada con cualquier irregularidad procesal, si es que ella implica una infracción de las garantías cardinales y primordiales con las que debe contar todo justiciable. Por ello, atañe a este Colegiado restringir la protección de la tutela procesal efectiva a determinados supuestos, excluyéndose aquellos que no están relacionados directamente con el ámbito constitucional del derecho. [Exp. Nº 6712-2005-HC/TC, Magaly Medina y otro].

 

8.      Y es que si bien el derecho al procedimiento preestablecido forma parte del debido proceso como lo ha señalado este Tribunal, este derecho no garantiza que se respeten todas y cada una de las disposiciones legales que regulan el procedimiento, sea éste administrativo o jurisdiccional, sino que las normas con las que se inició un determinado procedimiento “no sean alteradas o modificadas con posterioridad” por otra. [Cfr. Exp. N.º 1593-2003-PHC/TC, Dionisio Llajaruna Sare; Exp. N.º 2928-2002-AA/TC, Víctor Martínez Candela].

 

9.      En efecto el objeto de este proceso constitucional es proteger de derechos constitucionales y no constituirse en un remedio procesal que se superponga o sustituya al recurso de casación. Los procesos constitucionales de tutela de derechos no tienen por propósito, prima facie, verificar si los jueces, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, infringieron normas procedimentales que no incidan en el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la tutela procesal. Ello sin perjuicio de la responsabilidad funcional que pudiera acarrear la contravención de las normas legales correspondientes.  

 

10.  Es de señalarse además que siendo la actuación de los órganos jurisdiccionales y la complejidad del asunto elementos indispensables para determinar la razonabilidad de la duración del proceso [Cfr. Exp. N.º 2915-2004-HC/TC], es deber del juez penal dotar de la prioridad debida y actuar con una diligencia especial en la tramitación de las causas en las que el inculpado se encuentre en condición de detenido. Como lo ha señalado este Tribunal  “(...) tratándose de dilaciones indebidas que inciden sobre el derecho a la libertad, es exigible un especial celo a todo juez encargado de un proceso en el que se ha determinado la detención”. [Exp. N.° 3771-2004-HC/TC].

 

11.  Por lo expuesto la designación de la secretaria de juzgado Damme Arenas de Morales como testigo actuario de Sala superior que venía juzgando al accionante, ante la huelga del personal del Poder Judicial a la que se habían plegado el secretario y el relator de la referida Sala, a fin de no entorpecer el desarrollo de las diligencias, no resulta vulneratoria del debido proceso. Antes bien, constituye una media eficaz a efectos de no vulnerar el derecho del procesado a ser juzgado en un plazo razonable.   

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

HA RESUELTO

 

Declarar INFUNDADA la demanda.

 

Publíquese y notifíquese.

 

 

SS.

 

LANDA ARROYO

GONZALES OJEDA

ALVA ORLANDINI

BARDELLI LARTIRIGOYEN

GARCÍA TOMA

VERGARA GOTELLI