EXP. N.º 8087-2006-PA/TC

AREQUIPA

TRANSPORTES

VULCANO E.I.R.L.                

 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los 11 días del mes de diciembre de 2006, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia

 

ASUNTO

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Carlos Caballero Turpo contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 116, su fecha 19 de junio de 2006, que declara infundada la demanda de autos. 

 

ANTECEDENTES

 

Con fecha 22 de octubre de 2004, el recurrente, en representación de la empresa de Transportes Vulcano E.I.R.L., interpone demanda de amparo contra la Fiscal de Prevención del Delito, solicitando la suspensión de la indebida inmovilización del vehículo de placa YH4029, puesto que está privando a la empresa demandante del derecho de uso y explotación. Manfiesta que su representada es propietaria del vehículo en mención, conforme consta de la copia legalizada de la tarjeta de propiedad, y que lo adquirió a título oneroso; que sin embargo, con fecha 1 de octubre de 2004, la demandada, acompañada de miembros de la policía, realizaron una inspección al vehículo y viendo que se encontraba en reparación, procedió a levantar el acta disponiendo su inmovilización. Alega violación de su derecho constitucional de propiedad.

 

La emplazada aduce que mediante Oficio N.º 2401-04-DIVICAJ-DEPINCRI-SEIROVE se solicitó a la Tercera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito la presencia de un representante del Ministerio Público para el operativo policial del 1 de octubre de 2004. Manifiesta que el operativo se realizó entre las 11 h 30 min y 12 h 45 min, dándose la orden de inmovilizar los vehículos en cumplimiento de las atribuciones de la SEIROVE, y que el ingreso al taller fue consentido por el propietario, al estar presente, conforme aparece  en el Acta de Operativo 662-2003-MP-3FPPD-AR, de fecha 1 de octubre de 2004. Por último, refiere que la inmovilización del vehículo fue ejecutada por el personal policial de SEIROVE, según se aprecia en el Acta de Inmovilización, con el objeto de esclarecer las placas de rodaje y la procedencia del vehículo.

 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio Público contesta que la intervención del representante del Ministerio Público en las acciones u operativos es una obligación legal y funcional conforme lo establece la Ley Orgánica del Ministerio Público. Asimismo, invoca el Reglamento de Organización y Funciones de las Fiscalías Especiales de Prevención del Delito N.º 539-99-MP-CEMP.

 

El Octavo Juzgado del Segundo Módulo Corporativo Civil de Arequipa, con fecha 6 de mayo de 2005, declara infundada la demanda al considerar que el Ministerio Público defiende la legalidad y los intereses públicos tutelados por el Derecho, con la finalidad de prevenir la comisión de delitos, y que al haberse llevado a cabo el operativo de Control de Talleres solicitado por el personal de la Policía Nacional se llegó a determinar que el vehículo materia de la demanda no se encontraba identificado conforme a lo verificado por los peritos.

 

                   La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos.

 

FUNDAMENTOS

 

1.      La empresa demandante solicita que se suspenda la violación del derecho constitucional de propiedad al haberse dispuesto la indebida inmovilización del vehículo de placa YH4029, lo cual ha privado a la empresa demandante del derecho de uso y explotación del bien.

 

2.      A fojas 27 obra el Oficio N.º 2401-04-DIVICAJ-DEPINCRI-SEIROVE solicitando la presencia de un representante del Ministerio Público en Prevención del Delito para el operativo policial del 1 de octubre de 2004.  Asimismo, a fojas 28 obra el Acta del Operativo N.º 662-2003-MP-3FPPD-AR, de fecha 1 de octubre de 2004, realizado  en la Av. Colonial 702-Paucarpata, suscrita por la fiscal provincial de la Tercera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito, doña Cecilia Ampuero Riega.

 

3.      A fojas 29 obra el Acta de Inmovilización levantada durante el Operativo de Control de Talleres, donde consta la orden de inmovilización del vehículo YV2H2B5A2LB457868 (marca Volvo), placa YH2638, al encontrarse aparentemente solicitado y  requisitoriado. 

 

4.      De lo expuesto se infiere que la orden de inmovilización del vehículo ha sido dada por la Policía Nacional del Perú, específicamente por la SEIROVE, y no por la Fiscal Provincial de Prevención del Delito, pues ella sólo participó en el operativo policial en calidad de representante del Ministerio Público, tal como lo señala el Reglamento de Organización y Funciones de las Fiscalías Especiales de Prevención del Delito ( Resolución de la Comision Ejecutiva del Ministerio Público N.º 539-99-MP-CEMP).

 

5.      La propiedad sobre el vehículo de placa YH4029 no ha sido desconocida en ningún momento y mucho menos se ha violado este derecho, pues sólo existe una inmovilización por supuestos actos ilícitos en la obtención del vehículo, lo cual es materia de investigación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

6.      En consecuencia, la demanda debe desestimarse al no haberse acreditado la vulneración del derecho invocado en razón de que sólo se ha iniciado una investigación por parte de la Policía Nacional del Perú, a fin de determinar la procedencia del vehículo materia de discusión.

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

HA RESUELTO

 

Declarar INFUNDADA la demanda.

 

Publíquese y notifíquese.

 

 

SS.

 

ALVA ORLANDINI

BARDELLI LARTIRIGOYEN

LANDA ARROYO