EXP. N.º 8319-2006-PHC/TC

LIMA

JUAN FRANCISCO

URRUTIA FONCEA

 

RESOLUCIÓN  DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

Lima, 30 de marzo de 2007

 

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Renee Hernán Quispe Silva a favor de don Juan Francisco Urrutia Foncea contra la resolución de la Cuarta Sala Penal Con Reos Libres de la  Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 273, su fecha 16 de agosto de 2006, que declara infundada la demanda de autos; y,

 

 

ATENDIENDO A

 

1.      Que con fecha 26 de mayo de 2006 se interpone demanda de hábeas corpus a favor de don Juan Francisco Urrutia Foncea contra la fiscal provincial  de la Primera Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, doña Masiel Peralta Reátegui. Se sostiene en la demanda que con fecha 10 de diciembre de 2005, la fiscal provincial emplazada formuló denuncia penal contra el beneficiario por la presunta comisión de los delitos de colusión  y corrupción activa, sin que el incriminado beneficiario fuera notificado por dicha magistrada de los actos investigatorios que llevó a cabo y que sustentaron su denuncia, impidiéndole ejercitar su derecho de defensa a fin de desvirtuar los cargos que le imputaban.

 

2.      Que al respecto tal como este Tribunal lo delimitara en el Expediente N.° 4303-2004-AA/TC, la notificación es un acto procesal cuyo cuestionamiento o anomalía no genera per se violación del derecho al debido proceso o a la tutela procesal efectiva; así para que ello ocurra resultará indispensable la constatación o acreditación indubitable de parte de quien alega la violación del debido proceso, de que con la falta de una debida notificación se ha visto afectado de modo real y concreto el derecho de defensa u otro derecho constitucional directamente implicado en un caso concreto.

 

3.      Que la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público delimitan taxativamente las atribuciones de los representantes del Ministerio Público, entre éstas las facultades de decisión que le competen al fiscal provincial penal en la tramitación prejurisdiccional  de las denuncias, las mismas que se encuentran vinculadas al principio de interdicción de la arbitrariedad y el debido proceso (Exp. 6167-2005-PHC/TC, Fernando Cantuarias Salaverry), debiendo precisarse, además, que dicha etapa preliminar no está signada por el principio de contradicción, por lo que la comparecencia o no de los investigados no afecta necesariamente el derecho de defensa.

 

4.      Que siendo así no resulta pertinente en el presente proceso constitucional de la libertad  cuestionar el procedimiento de investigación fiscal si de aquel accionar no se ha derivado una vulneración o amenaza de algún derecho constitucional, como la supuesta situación de indefensión alegada en la demanda.

 

5.      Que por consiguiente siendo que la reclamación del demandante propiamente corresponde a una  objeción procesal vinculada a la denuncia fiscal, y a que los argumentos de inculpabilidad que se exponen en la demanda  deben dilucidarse exclusivamente en el proceso penal en que se le instruye, resulta de aplicación  al caso el artículo 5°, inciso 1), del Código Procesal Constitucional.

 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

RESUELVE

 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus.

 

Publíquese y notifíquese

 

 

SS.

 

GONZALES OJEDA

VERGARA GOTELLI

MESÍA RAMÍREZ