EXP. N.º 8925-2006-PA/TC

LIMA

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS

LAS HIEDRAS DE SURCO

 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los 8 días del mes de enero de 2007, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia

 

ASUNTO

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Asociación de Propietarios Las Hidras de Surco contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 700, su fecha 18 de agosto de 2006, que declaró improcedente la demanda de autos.

 

ANTECEDENTES

 

            La asociación recurrente interpone demanda de amparo contra la Municipalidad  Distrital de Santiago de Surco y contra el Ministerio de Defensa –FAP, solicitando se disponga el cese de las obras que se vienen desarrollando en el terreno materia del convenio suscrito entre ambas entidades y que se refiere al proyecto de construcción de una planta de tratamiento de deshechos, la misma que tendría el efecto de vulnerar el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado de la colectividad. Refiere que a través del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Santiago de Surco y la Fuerza Aérea del Perú, ésta última se comprometió a otorgar a favor de la Municipalidad un derecho de superficie sobre una extensión de cuatro hectáreas de la que es titular para la construcción de una planta de residuos sólidos urbanos, cuestión que, por un lado, resultaría indebida toda vez que el terreno en cuestión fue expropiado con la finalidad específica de ampliar la base aérea de la FAP, por lo que es imposible destinarla a un uso distinto, y, por otro, porque el funcionamiento de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos atentaría contra el derecho a la salud y al medio ambiente de los pobladores de la zona circundante.  

 

                La FAP contesta la demanda solicitando que sea declarada improcedente o infundada, alegando, por un lado, que el amparo no es la vía idónea para dilucidar la pretensión, y, por otro, que no se ha señalado el derecho constitucional que se vería amenazado o vulnerado.

 

            La Municipalidad Distrital de Santiago de Surco solicita que la demanda sea declarada improcedente o infundada, aduciendo que la finalidad de la obra es la protección del medio ambiente y que, muy por el contrario de lo que se señala, el área no está destinada a la construcción de una industria dedicada a la transformación y el reciclaje de basura, sino a clasificar los residuos para comercializarlos a las industrias dedicadas al reciclaje, con lo que se protegería el medio ambiente. Asimismo, sostiene contar con todos los estudios de impacto ambiental y los informes técnicos requeridos por la Ley, y que la zonificación del terreno es de otros usos, por lo que resulta viable la implementación del complejo ecológico que se pretende. Finalmente, señala que no se pretende transitar por la urbanización Las Hiedras, sino por la avenida Las Palmas.

 

            El 43 Juzgado Civil de Lima, con fecha 17 de febrero de 2005, declara fundada la demanda, por considerar que el objetivo es construir una planta de tratamiento, tal y como especifica el Convenio de Cooperación suscrito entre las entidades demandadas, desconociéndose la zonificación del área donde se pretende dar lugar a la obra, y que los informes técnicos están referidos a una planta de transferencia y no a una de tratamiento.

 

            La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda por considerar que se ha acreditado que lo que en realidad se pretende implementar es una planta de transformación, y que las entidades técnicas están conformes con su ejecución, no existiendo amenaza al medio ambiente cierta y de inminente realización.

 

FUNDAMENTOS

 

1.      El objeto de la demanda es analizar si la implementación de la obra que pretende ser ejecutada por la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco vulnera o amenaza el derecho a la salud y al medio ambiente de los pobladores del área circundante, que agrupa la Asociación demandante.

 

2.      Al respecto, es de señalar que, conforme a lo dispuesto por el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, el proceso de amparo tiene la finalidad de proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional.

 

3.      En relación con el caso de autos, a fojas 489 obra la adenda al Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre la FAP y la Municipalidad demandada, en la cual se determina que el área de terreno cuya superficie será de uso de la Municipalidad, será destinada a la implementación de un centro de acopio y estación de transferencia de residuos sólidos urbanos, señalándose expresamente, en la cláusula tercera, que “La FAP se reserva el derecho de impedir el ingreso de los residuos sólidos a los terrenos materia de cesión, cuando estos representen riesgos sanitarios que afecten la calidad ambiental, la salud y el bienestar de las personas”.

 

Asimismo, a fojas 111 de autos obra el certificado de compatibilidad de uso emitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde se considera conforme otorgar el uso solicitado por la Municipalidad demandada para el giro de Planta de Segregación y Transferencia de Residuos Sólidos; y a fojas 151 obra el certificado de inexistencia de restos arqueológicos emitido por el Instituto Nacional de Cultura. Finalmente a fojas 328 de autos corre el Informe N.º 914-2004/DESB/DIGESA, a través del cual la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA, se pronuncia a favor del Proyecto, subrayando que este es una iniciativa ambiental sostenible en el marco de las normas vigentes que contribuirá a la prevenciòn de la contaminación ambiental.

 

4.      Por lo tanto, no habiéndose acreditado la amenaza o vulneración de derecho alguno de la asociación demandante o de los pobladores que la integran, carece de sustento la demanda.

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

HA RESUELTO

 

Declarar INFUNDADA la demanda.

 

Publíquese y notifíquese.

 

 

SS.

 

ALVA ORLANDINI

BARDELLI LARTIRIGOYEN

MESÍA RAMÍREZ