EXP. N.° 09084-2006-PA/TC

LIMA

RODRIGO DÍAZ LA TORRE

 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

 

En Lima, a los 21 días del mes de marzo de 2007, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Alva Orlandini y Mesía Ramírez, con el fundamento de voto del magistrado Mesía Ramírez pronuncia la siguiente sentencia

 

 

I. ASUNTO

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rodrigo Díaz La Torre contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 375, su fecha 28 de abril de 2006, que declara infundada la demanda de autos.

 

 

II. ANTECEDENTES

 

1.      Demanda

Con fecha 27 de noviembre de 2002, el recurrente interpone demanda de amparo contra el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y sus integrantes, a fin de que se declaren inaplicables y sin efecto el Acuerdo del Pleno del CNM de la sesión continuada de fecha 27 y 28 de agosto de 2002, en la parte que dispone no ratificarlo en el cargo de Juez Penal del Distrito Judicial de Lima, así como la Resolución N.º 415-2002-CNM de fecha 28 de agosto de 2002 (fojas 2); y, en consecuencia, se ordene su inmediata reposición en dicho cargo, se rehabilite su título de nombramiento y se disponga el pago de sus remuneraciones, gratificaciones, gastos operativos, derechos y demás beneficios inherentes a su cargo. Aduce que al haberse dejado sin efecto su nombramiento y cancelado su título sin que el CNM hubiese expresado los motivos de su decisión se afectan sus derechos fundamentales al debido proceso, a permanecer en el cargo, al honor y a la buena reputación.

 

2.      Contestación de la demanda

Con fecha 29 de setiembre de 2003, el CNM contesta la demanda señalando que el proceso de evaluación y ratificación del accionante se ha llevado a cabo de conformidad con el artículo 154° de la Constitución, sin vulnerar sus derechos fundamentales. En ese mismo sentido se pronuncia la Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del CNM, quien agrega que, en materia de evaluación y ratificación de jueces, las resoluciones emitidas por el CNM son irrevisables en sede judicial.

 

3.      Resolución de primer grado

El Vigésimo Tercer Juzgado Civil de Lima, con fecha 29 de marzo de 2004, declara infundada la demanda, por considerar que, conforme con la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 1941-2002-AA/TC, el proceso de ratificación constituye un voto de confianza, y no un procedimiento sancionador, de tal manera que no se ha vulnerado derecho constitucional alguno.

 

4.      Resolución de segundo grado

La recurrida, mediante sentencia emitida en mayoría, confirma la apelada por fundamentos similares.

 

 

III. FUNDAMENTOS

 

Consideraciones previas

1.      Antes de dilucidar la controversia, debe precisarse que, conforme a los fundamentos 6, 7 y 8 de la STC 3361-2004-AA/TC, los criterios establecidos por este Colegiado con anterioridad a la publicación de dicha sentencia en el diario oficial El Peruano –esto es, con anterioridad al 31 de diciembre de 2005– constituyen una interpretación vinculante en todos los casos relacionados con los procesos de evaluación y ratificación de magistrados efectuados por el CNM y, por ende, los jueces deben aplicar la jurisprudencia de este Tribunal en los términos en que estuvo vigente, ya que, hasta antes de la referida fecha de publicación, la actuación del CNM tenía respaldo en la interpretación efectuada respecto de las facultades que a tal institución le correspondían en virtud del artículo 154º, inciso 2, de la Constitución Política del Perú.

 

Precisión del petitorio de la demanda

2.      El recurrente cuestiona el acuerdo del Pleno del CNM de la sesión continuada de fecha 27 y 28 de agosto de 2002, en la parte que dispone no ratificarlo en el cargo de Juez Especializado del Distrito Judicial de Lima, así como la Resolución N.º 415-2002-CNM, de fecha 28 de agosto de 2002 (fojas 2), que deja sin efecto su nombramiento y cancela su título. Solicita, por consiguiente, su reposición en el cargo de Juez Penal del Distrito Judicial de Lima, se rehabilite su título de nombramiento y se disponga el pago de sus remuneraciones, gratificaciones, gastos operativos, derechos y demás beneficios dejados de percibir.

 

3.        Alega que la resolución mencionada no se encuentra debidamente motivada y que, por ello, desconoce los motivos y las razones objetivas de la decisión de no ratificarlo, lo que afecta sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a permanecer en el cargo, al honor y a la buena reputación.

 

Análisis constitucional del caso concreto

4.      En todo Estado Constitucional y Democrático de Derecho, la motivación debida de las decisiones de las entidades públicas –sean o no de carácter jurisdiccional– es un derecho fundamental que forma parte del contenido esencial del derecho al debido proceso. El derecho a la motivación debida constituye una garantía fundamental en los supuestos en que, con la decisión emitida, se afecta de manera negativa la esfera o situación jurídica de las personas. Así, toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente, será arbitraria y, en consecuencia, inconstitucional.

 

5.      En el supuesto particular de los procedimientos de evaluación y ratificación de magistrados ante el CNM, si bien el ejercicio per se de tal atribución discrecional no vulnera derechos fundamentales, sí lo hace cuando dicha facultad se ejerce de manera arbitraria; esto es, cuando no se motivan debidamente las decisiones adoptadas y/o no se siguen los procedimientos legalmente establecidos para su adopción.

 

6.      Sin embargo, en jurisprudencia uniforme y reiterada (cf. STC 1941-2002-AA/TC), este Tribunal ha establecido que no todo acto administrativo expedido al amparo de una potestad discrecional, siempre y en todos los casos, debe estar motivado. Es precisamente dicha situación en la que se encuentra la institución de las ratificaciones judiciales, pues cuando fue introducida en la Carta de 1993, fue prevista como un mecanismo que únicamente expresa el voto de confianza de la mayoría o la totalidad de miembros del CNM sobre la forma como se ha ejercido la función jurisdiccional.

 

7.      De este modo, se dispuso que el establecimiento de un voto de confianza que se materializa a través de una decisión de conciencia por parte de los miembros del CNM, sobre la base de determinados criterios que no requieren ser motivados, no es una institución que se contraponga al Estado Constitucional de Derecho y a los valores que el Estado persigue promover.

 

8.      En tal sentido, si bien con la emisión de la Resolución N.º 415-2002-CNM de fecha 28 de agosto de 2002, podría considerarse que se ha vulnerado el derecho al debido proceso –toda vez que dicha resolución adolece de falta de motivación respecto de las razones que hubiesen justificado la decisión de no ratificar al actor en el cargo de Juez Penal del Distrito Judicial de Lima–, en el fundamento 7 de la STC 3361-2004-AA/TC, este Tribunal ha señalado que

[...] en lo sucesivo, y conforme a lo que se establezca en el fallo de esta sentencia, los criterios asumidos en este caso deberán respetarse como precedente vinculante conforme al artículo VII del Título Preliminar del CPC, tanto en el ámbito judicial como también por el propio CNM. Es decir, en los futuros procedimientos de evaluación y ratificación, el CNM debe utilizar las nuevas reglas que se desarrollarán en la presente sentencia.

 

9.      Para estos casos, entonces, se aplica el prospective overruling, mecanismo mediante el cual todo cambio en la jurisprudencia no adquiere eficacia para el caso decidido sino para los hechos producidos con posterioridad al nuevo precedente establecido. En el caso de autos, la Resolución N.º 415-2002-CNM, de fecha 28 de agosto de 2002, fue publicada en el diario oficial El Peruano el día 29 de agosto de 2002; es decir, antes de la emisión de la sentencia que configura el nuevo precedente, razón por la cual la demanda no puede ser estimada.

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

HA RESUELTO

 

Declarar INFUNDADA la demanda.

 

Publíquese y notifíquese.

 

 

SS.

 

GONZALES OJEDA

ALVA ORLANDINI

MESÍA RAMÍREZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP. N.° 09084-2006-PA/TC

LIMA

RODRIGO DÍAZ LA TORRE

 

 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO CARLOS

MESÍA RAMÍREZ

 

 

Formulo este fundamento de voto, cuyos argumentos principales expongo a continuación :

 

 

1.      Que, con fecha 27 de noviembre de 2002, el recurrente interpone demanda de amparo contra el Consejo Nacional de la Magistratura, a fin de que se declaren inaplicables el Acuerdo del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura materializado en la Resolución N.º 415-2002-CNM, del 28 de agosto de 2002, actos mediante los que se resolvió no ratificarlo en el cargo de Juez Penal del Distrito Judicial de Lima, dejándose sin efecto su nombramiento y se cancela su título. En consecuencia, solicita se ordene su reincorporación en el mencionado cargo, la rehabilitación de su título de nombramiento, así como el pago de todos los derechos y beneficios inherentes al cargo.

 

2.      Que, el recurrente expresa, y quizás sea ese su alegato más trascendente, que la decisión de no ratificarlo en el cargo, plasmada en la cuestionada Resolución N.° 415-2002-CNM, del 28 de agosto de 2002, carece de motivación alguna y, por lo mismo, resulta violatoria de su derecho al debido proceso. La mayoría considera que, en virtud de la aplicación del prospective overruling, la demanda no puede ser estimada, toda vez que la resolución impugnada fue emitida antes de la expedición de la sentencia que configura el nuevo precedente jurisprudencial (STC N.º 3361-2004-AA/TC).

 

3.      Que, sobre el particular, considero que todo acto, sea éste político, administrativo o jurisdiccional que afecte derechos debe estar debidamente motivado. En tal sentido, y conforme a lo expuesto en el Fundamento N.º 4 de la sentencia, en posición que comparto, en todo Estado constitucional y democrático de derecho, la motivación debida de las decisiones de las entidades públicas –sean o no de carácter jurisdiccional– es un derecho fundamental que forma parte del contenido esencial del derecho a la tutela procesal efectiva. El derecho a la motivación debida constituye una garantía fundamental en los supuestos en que con la decisión emitida se afecta de manera negativa la esfera o situación jurídica de las personas. Así, toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente, constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, inconstitucional.

 

4.      Que, en efecto, debe tenerse presente, que cuando el artículo 154.2º de la Constitución hace referencia al proceso de ratificación, queda claro que dicho proceso debe estar rodeado de todas las garantías, entre las cuales se encuentra, y en lo que al caso concreto se refiere, la de la motivación escrita de las resoluciones, conforme lo manda el inciso 5) del artículo 139º de la Constitución, norma jurídica suprema de aplicación inmediata que debe regir siempre que haya afectación de los derechos fundamentales.

 

5.      Que, en consecuencia, estimo que la demanda debería ser declarada fundada y, por ende, el recurrente tiene derecho a la pretendida reincorporación en el cargo que venía ejerciendo, no pudiendo aplicarse el prospective overruling, pues si bien es cierto, constituye una técnica que beneficia el valor seguridad jurídica, no permite la restitución de los derechos fundamentales de quienes han sido injustamente despojados de ellos mediante actos que son anteriores al cambio del precedente.

 

6.      Que, no obstante lo anterior, también es verdad que por mandato del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, me encuentro vinculado, como cualquier otro juez del país, al precedente vinculante (STC N.º 3361-2004-AA/TC), que solo puede ser cambiado por cinco votos de los siete magistrados que conforman el Tribunal Constitucional.

 

7.      Que, por tales razones, me sumo a la posición adoptada por la mayoría en la presente causa, viéndome en la obligación de declarar infundada la demanda, pero dejando a salvo mi opinión.

 

 

SR.

MESÍA RAMÍREZ