EXP. N.º 10040-2006-PA/TC
LIMA
DEL PERÚ S.A.C.
Lima,
19 de abril de 2007
El recurso de agravio constitucional interpuesto por Royal Corporation
del Perú S.A.C. contra la resolución de la Cuarta Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de Lima, de fojas 324, su fecha 13 de setiembre de 2006,
que, revocando en parte la apelada, declara improcedente la demanda de autos;
y,
ANTENDIENDO A
1.
Que con fecha 22 de setiembre de 2005 la recurrente
interpuso demanda de amparo contra Unión Peruana de Productores Fonográficos
-UNIMPRO- solicitando que se le inaplique el artículo 20 de la Ley 28237 que
determina los requerimientos de pago por compensación de copia privada, y se
deje sin efecto la liquidación de pago por la suma de S./ 487,500.00 expedida
por la entidad demandada, porque atenta contra sus derechos a la propiedad, a
la libertad de empresa y al trabajo.
2.
Que el inciso 1 del artículo 5º del Código Procesal
Constitucional establece la improcedencia del amparo cuando los hechos y el
petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido
constitucionalmente protegido del derecho invocado.
3.
Que
en relación a los derechos cuya vulneración alega la empresa demandante, vale decir
las denominadas libertades patrimoniales que garantizan el régimen económico,
este Colegiado ha expuesto los alcances de cada uno de ellos en la STC N.º
008-2003-AI/TC, indicando –a manera de síntesis– que:
a) El
derecho de propiedad, Establecido en los incisos 8) y 16) del artículo 2º de la
Constitución (...) es el atributo más completo que puede tenerse sobre una
cosa, se encuentra sujeta a las limitaciones impuestas por el interés general,
las que, sin embargo, nunca podrían sustituir a la persona humana como titular
de la libertad, así como tampoco imponer trabas intensas a su ejercicio que
desconozcan la indemnidad de dicho derecho (...)
b) libertad de trabajo;
establecida en el inciso 15) del artículo 2º de la Constitución, se formula
como el atributo para elegir a voluntad la actividad ocupacional o profesional
que cada persona desea desempeñar, con sujeción a la ley (...)
c) libertad de empresa; Consagrada por el artículo 59º de la Constitución; facultad de poder elegir la organización y efectuar el desarrollo de una unidad de producción o bienes o prestación de servicios, para satisfacer la demanda de los consumidores o usuarios, debe ser ejercida con sujeción a la ley (...).
4. Que del petitorio y de lo actuado en autos puede
observarse que lo peticionado no tiene relación directa con el contenido
constitucionalmente protegido de las denominadas libertades patrimoniales que
garantizan el régimen económico, expuestas en el fundamento precedente;
asimismo se advierte que lo que realmente se pretende es que este Tribunal
evalúe si le corresponde pagar al recurrente la compensación dispuesta por el
artículo 20º de la Ley N.º 28131, es decir la interpretación de una norma
legal, configurándose la causal de
improcedencia estipulada en el inciso 1) del Código Procesal Constitucional,
debiéndose desestimar la demanda, sin perjuicio de que la instancia
correspondiente pueda reconocer que la eventual lesión de alguno de los
derechos demandados pueda merecer sustentación y reparación mediante los mecanismos
establecidos por los procesos ordinarios.
5. Que por otro lado debe reiterarse que no es labor de
este Tribunal hacer interpretaciones o meras subsunciones de supuestos de hecho
a normas jurídicas, ya que este tipo de controversias (de existir) deben ser
dilucidadas y resueltas por el vía judicial ordinaria (STC N.º 00333-2005-AA/TC
y STC N.° 1417-2005-AA/TC).
6. Que también debe resaltarse que el amparo es
un proceso carente de etapa probatoria. En ese sentido, los escuetos documentos
adjuntados por la demandante, de fojas 11 a 19 y 34 a 46, sólo acreditan que se
trataría de preliquidaciones (contenidas en cartas simples) por el referido
pago (compensación por copia privada) y no de un documento irrefutable de
cobro, como lo reconoce la misma demandante en su escrito de demanda. Debe
señalarse, además, que cada una de estas preliquidaciones señalaba textualmente
que: “de tener alguna observación a los detalles del documento agradeceremos su
remisión dentro de las 72 horas de recibida la presente”. La demanda, por ello,
debe ser desestimada
Por estas consideraciones, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del
Perú
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE
la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
GONZALES OJEDA
GARCÍA TOMA
VERGARA GOTELLI