EXP. N.° 10275-2006-PHC/TC

LIMA

RICARDO ENRIQUE

VARGAS CAYO

 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

            En Lima, a los 16 días del mes de enero de 2007, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia

 

ASUNTO

 

            Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ricardo Enrique Vargas Cayo contra la resolución de la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 764, su fecha 14 de setiembre de 2006, que declara improcedente la demanda de autos.

 

ANTECEDENTES

 

            Con fecha 24 de mayo de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra los integrantes de la Cuarta Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, vocales Barrios Alvarado, Figueroa Navarro y Rodríguez Alarcón, y contra el fiscal de la Tercera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, don Martín Retamozo Roca, solicitando se declare la nulidad de la acusación fiscal, del auto de enjuiciamiento y se disponga el archivo del proceso respecto a su persona. Alega que ante la sala emplazada se le instruye por el delito de colusión ilegal, no obstante haber sido condenado con sentencia ejecutoriada a pena efectiva por los mismos hechos, en noviembre del año 1999, y resulta que el fiscal demandado ha formulado acusación penal en su contra solicitando se le imponga pena efectiva, pese a que de sus propias conclusiones se evidencia que tuvo conocimiento de que por los mismos hechos fue juzgado y sentenciado. Agrega que los demandados no han considerado la declaración de su coprocesado, la que acreditaría que se trata del mismo hecho, sujetos y fundamento, lo que afecta sus derechos a la libertad personal y debido proceso y al principio ne bis in ídem.

Realizada la investigación sumaria, el recurrente, tras ratificar el contenido de su demanda, refiere que con fecha 24 de noviembre de 1999 fue condenado por la Primera Sala Penal Superior Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros a cinco años de pena privativa de la libertad, por los delitos de falsificación y uso de documentos públicos, falsedad ideológica, negociación incompatible con el ejercicio del cargo y malversación de fondos, siendo que ante la sala emplazada se le procesa por el delito de colusión ilegal. Por otro lado, los vocales emplazados manifiestan que los hechos por los que se juzga al demandante son absolutamente distintos a los que fueron materia de juzgamiento y posterior sentencia en el anterior proceso, siendo que las empresas beneficiadas de manera irregular, así como los propietarios beneficiados con la adjudicación directa, no son los involucrados en aquél. Por otra parte, el fiscal superior demandado señala que el presente proceso es una articulación más que plantea el accionante con el objeto de entorpecer el otro que se le sigue, puesto que los hechos son distintos entre ambas.

 

            El Vigésimo Octavo Juzgado Penal de Lima, con fecha 25 de julio de 2006, declara improcedente la demanda, por considerar que no concurre la triple identidad común en ambos procesos.

 

            La recurrida confirma la apelada, principalmente, por el mismo fundamento.

 

FUNDAMENTOS

 

Delimitación del petitorio

 

1.      El objeto de la demanda es que se declare la nulidad del proceso penal N.° 008-2002, que se le instruye al demandante y otros ante la Cuarta Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, por la presunta comisión del delito de colusión ilegal, disponiéndose su archivamiento definitivo respecto al demandante.

Con tal propósito, se alega vulneración del principio ne bis in ídem, pues el recurrente habría sido procesado y condenado por los mismos hechos y con idéntico fundamento en el proceso N.° 7343-98, que se le siguió ante la Primera Sala Penal Superior Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros.

 

Análisis del caso materia de controversia constitucional

 

2.      En relación con este derecho, el Tribunal ha declarado que si bien el principio ne bis in ídem no se encuentra textualmente reconocido en la Constitución como un derecho fundamental de orden procesal, al desprenderse del derecho reconocido en el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución (cosa juzgada), se trata de un derecho implícito que forma parte de un derecho expreso (sentencia recaída en el caso Santiago Martín Rivas, expediente N.° 4587-2004-HC/TC, fundamento 46).

3.      Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado en la STC 2050-2002-AA/TC que dicho principio se encuentra implícito en el derecho al debido proceso, reconocido por el inciso 2) del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, y tiene una doble dimensión. En tal sentido, sostuvo que en su vertiente material garantiza el derecho a no ser sancionado dos o más veces por la infracción de un mismo bien jurídico, pues guarda conexión con los principios de legalidad y proporcionalidad; en su dimensión procesal, garantiza el no ser sometido a juzgamiento dos o más veces por un mismo hecho, es decir, que se inicien dos o más procesos con el mismo objeto, siempre y cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento, puesto que tal proceder constituiría un exceso del poder sancionador, contrario a las garantías propias del Estado de Derecho.

4.      Es en tal sentido que el principio en comentario, desde la vertiente procesal, presupone la interdicción de un doble proceso penal a un mismo imputado, por la misma conducta y con igual fundamento, y lo protege del riesgo de la imposición de una doble condena, lo cual se yergue como límite material frente a los mayores poderes de persecución que tiene el Estado, que al ejercer su ius puniendi contra una determinada conducta delictiva debe tener una sola oportunidad de persecución. Es menester puntualizar, entonces, que el ne bis in ídem procesal supone básicamente dos persecuciones, y tiene que ver con los límites que es preciso imponer en un terreno en el cual una de las partes –el Estado– va a tener atribuciones asimétricas frente al procesado.

Esto no limita la obligación del Estado de perseguir el presunto delito, sino que lo ordena bajo parámetros constitucionales con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica y la libertad.

5.      En el presente caso, se aprecia de las instrumentales que corren en autos que mediante resolución de fecha 24 de noviembre de 1999 (fojas 462), la Sala Penal Superior Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros condenó al accionante a cinco años de pena privativa de la libertad, por la comisión de los delitos de falsificación y uso de documentos públicos y falsedad ideológica, negociación incompatible con el ejercicio del cargo y malversación de fondos (expediente N.° 7343-98), instrucción en la que se le encuentra responsable de haber regularizado documentos a fin de simular procedimientos de adjudicación beneficiando de manera ilegal a determinadas empresas; mientras que en el proceso que en la actualidad se le sigue y cuya nulidad pretende, se le instruye por el delito de colusión ilegal –tipo penal que tiene una descripción diferente de la conducta delictiva de las que fueron materia del proceso antes citado–, se le atribuye haber beneficiado de manera ilegal con el otorgamiento de la buena pro en procesos de adjudicación directa de obra, a diferentes empresas de las que estuvieron incursas en la anterior instrucción. Como se señaló en los fundamentos precedentes, es preciso, para que se configure infracción del ne bis in ídem, que exista identidad de sujeto, hecho y fundamento, lo cual, evidentemente, no concurre en el caso que ahora se analiza, pues si bien los hechos ahora imputados se suscitaron cuando [en igual circunstancia que en la anterior instrucción] era funcionario del Instituto de Defensa Civil, no se refieren a los mismos procesos de adjudicación directa, pues son  otras las supuestas empresas favorecidas. Por tanto, no se cumplen los presupuestos del principio materia de controversia constitucional, en el extremo relativo a la identidad de hechos y fundamento; en consecuencia, la demanda debe ser desestimada, resultando de aplicación el artículo 2 del Código Procesal Constitucional.

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

HA RESUELTO

 

Declarar INFUNDADA  la demanda de hábeas corpus de autos.

 

Publíquese y notifíquese.

 

 

SS.

 

ALVA ORLANDINI

BARDELLI LARTIRIGOYEN

MESÍA RAMÍREZ