EXP. N.° 10323-2005-PA/TC

LIMA

ENOC ATO ROQUE

 

 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

Lima, 11 de diciembre de 2006

 

VISTO

 

            El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Enoc Ato Roque contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 69, Cuaderno 2, su fecha 29 de setiembre de 2005, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y

 

ATENDIENDO A

 

1.      Que el recurrente con fecha 18 de octubre de 2004 interpone demanda de amparo contra la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Piura, la Segunda Fiscalía Superior Penal de Piura, la Primera Fiscalía Superior Mixta de Piura, el Sexto Juzgado Penal de Piura y el Fiscal Provincial de Piura, con el objeto de que se deje sin efecto la resolución de fecha 5 de julio de 2004, emitida por la Sala emplazada, que confirmó la sentencia  apelada de fecha 9 de mayo de 2003, expedida por el Juzgado demandado, que lo condenó como autor de los delitos de defraudación, fraude procesal y falsedad ideológica en agravio de doña Gladys Alvarado Roque y el Estado Peruano. Solicita que se declare la nulidad del proceso penal incoado en su contra.

 

Manifiesta que el Fiscal Provincial formalizó denuncia en su contra solo por el delito de fraude procesal, no obstante lo cual se abrió instrucción por los delitos de defraudación, fraude procesal y contra la fe pública, vulnerándose de ese modo su derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional. Así mismo manifiesta que se ha desestimado arbitrariamente su pedido de extinción de la acción penal, sustentado en la sentencia ejecutoriada que declaró infundada la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta interpuesta por la agraviada aludida, lo que considera contraviene el artículo 79 del Código Penal y el principio ne bis in ídem. Igualmente alega que se ha rechazado su pedido de informe oral, violándose su derecho de defensa; y finalmente que con el objeto de desestimarse su excepción de prescripción de la acción penal, la Sala emplazada, arbitrariamente, ha señalado que los delitos imputados son permanentes, los mismos que considera son delitos instantáneos. Agrega que la Sala emplazada previamente había considerado  que el delito de fraude procesal había prescrito y que ha omitido justificar tal cambio de criterio, lesionándose a su juicio su derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

 

2.      Que los emplazados consideran que la demanda es improcedente ya que el proceso penal incoado contra el recurrente se ha desarrollado respetándose las garantías que conforman el debido proceso.

 

3.      Que la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, con fecha 25 de febrero de 2005, declara improcedente la demanda al estimar que la determinación de si las resoluciones judiciales cuestionadas vulneran los derechos fundamentales alegados requiere de etapa probatoria. Por su parte la recurrida confirma la apelada al considerar principalmente que el recurrente no ha cuestionado oportunamente los vicios invocados, quedando, de tal forma, consentidas las resoluciones cuestionadas.

 

4.      Que el Tribunal observa que si bien el recurrente considera que el proceso penal que se le inició por la comisión de los delitos de defraudación, fraude procesal y contra la fe pública, es nulo desde el auto de apertura de instrucción[1] [de fecha 17 de febrero de 2000], puesto que el Fiscal Provincial solo formalizó denuncia por el delito de fraude procesal[2], y no obstante ello se le abrió instrucción penal por un delito adicional que no fue denunciado, también el Tribunal aprecia que el recurrente pese a haber tenido la oportunidad de cuestionarlo desde que quedó firme no lo hizo sino hasta después de que se expidiera la sentencia de primer grado, según se observa de la copia de la sentencia de fecha de fecha 5 de julio de 2004[3].

 

5.      Que lo afirmado precedentemente sería suficiente para desestimar este extremo de la pretensión al haberse interpuesto la demanda fuera del plazo de prescripción. No obstante el Tribunal hace notar que si bien el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público [cuando ésta es pública, de conformidad con el artículo 159 de la Constitución] y el Juez se encuentra vinculado a la pretensión del fiscal, también lo es que esta vinculación, en materia de calificación del tipo penal, no es absoluta, pues si bien el Juez no puede prescindir de los hechos que aquella contiene, no necesariamente sucede lo mismo [ni lo es con la misma intensidad] en relación con la calificación jurídico-penal de tales hechos.

 

6.      Que no es del caso que aquí el Tribunal señale cuáles son esos límites de esta posible desvinculación de la denuncia fiscal pues el Tribunal considera que si bien sólo se formalizó denuncia en relación con el artículo 416 del Código Penal, la ausencia de cualquier referencia a los tipos penales adicionales que contiene el auto de apertura de instrucción es consecuencia de una omisión material en el texto de la denuncia, más que un problema de invasión de competencias del juez penal, si es que se repara en que en los “fundamentos de derecho” de la denuncia, el fiscal provincial señala en plural que “Los ilícitos penales denunciados se encuentran previstos y penados en los artículos 416 del Código Penal (sic)”.

 

7.      Que de la existencia de una omisión material antes que un problema de competencia en el ejercicio de la acción penal, también se infiere de la afirmación contenida en los “fundamentos de hecho” de la denuncia fiscal, en cuyo apartado correspondiente a la relación con el delito de Defraudación, se afirma que "(...) es de presumirse que los denunciados, se hayan coludido, a fin de impedir que la denunciante haga efectivo el cobro de su dinero, induciendo en error a los Funcionarios Públicos; hechos estos que ameritan una severa y exhaustiva investigación judicial, a efectos de determinar el grado de responsabilidad penal que pudiera asistir a cada uno de los implicados".

 

8.      Que del mismo modo, respecto a la imputación del Delito contra la Fe Pública –Falsedad Ideológica-, el Tribunal observa que en la denuncia fiscal se hace alusión, además de las acciones judiciales realizadas por el demandante, a las de orden patrimonial con el objeto de evadir su obligación, desarrollando de esta forma las conclusiones a las que se arribó a nivel policial, donde se indicó que "el demandado Enoc ATO logró llevarse este bien a la ciudad de Talara y con la finalidad de evadir su obligación en contubernio con el otro denunciado MOCOLLON MURGUIA suscriben una letra de cambio por S/.332,000.00 soles y ante el no pago de ésta, se hace demandar (...)".

 

Por tanto, en relación con este extremo de la pretensión, es de aplicación el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional, por lo que debe desestimarse.

 

9.      Que por otro lado el Tribunal considera que la alegación de vulneración del principio ne bis in ídem también debe ser desestimada, en aplicación del inciso 1) del artículo 5 del citado Código Procesal Constitucional, ya que la pretensión de que se le habría enjuiciado 2 veces por los mismos hechos [el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta y el proceso penal], no ingresa en la esfera constitucionalmente protegida de este derecho fundamental, ante la evidente inexistencia de los 3 requisitos de identidad y, particularmente, del mismo objeto entre ambos procesos (Cf. STC 2050-2002-AA/TC; STC 4587-2004-AA/TC, etc).

 

10.  Que en relación con la aludida violación del derecho de defensa el Tribunal aprecia que mediante resolución de fecha 18 de diciembre de 2003[4] se rechazó el pedido de informe oral del recurrente por haberse presentado éste en forma extemporánea, rechazo que se sustentó en aplicación del artículo 5 del Decreto Legislativo N.º 124. El Tribunal considera que el demandante debió cuestionar tal decisión desde el momento en que tuvo conocimiento de la resolución aludida, por lo que este extremo de su pretensión ha prescrito, siendo de aplicación el artículo 5, inciso 10), del referido Código Procesal Constitucional.

 

11.  Que en cuanto al rechazo de la excepción de prescripción de la acción penal, este Colegiado nota del artículo 82 del Código Penal que el comienzo del plazo de prescripción de la acción penal, en lo que al caso se refiere, en los delitos instantáneos es distinto del estipulado para los delitos permanentes. Al respecto, la  Sala emplazada consideró que

 

(...) acerca de la prescripción penal, debe tenerse en cuenta que los delitos instruidos son delitos permanentes, cuyos efectos ilícitos se prolongan en el tiempo, agotándose cuando cesan dichos efectos (...)[5].

 

De manera que si bien el recurrente alega que se ha vulnerado su derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, este Colegiado aprecia que el agravio denunciado tiene por objeto establecer si los delitos por los cuales ha sido condenado el recurrente son permanentes o instantáneos, es decir, si la Sala emplazada interpretó y aplicó correctamente las normas penales y procesales  correspondientes.

 

Al respecto el Tribunal recuerda que en el contexto del amparo contra resoluciones judiciales, el Juez constitucional

 

(...) no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que puedan haber cometido los tribunales (...) que hayan actuado dentro de los límites de su competencia  (...)” [RTC N°. 0759-2005-PA/TC, fundamento 2].

 

12.  Que en efecto en reiterada y uniforme jurisprudencia este Tribunal ha señalado que el amparo contra resoluciones judiciales no es un instrumento procesal mediante el cual el Juez del Amparo pueda evaluar si la interpretación y aplicación de una norma legal se ha efectuado correctamente (o no) con el objeto de resolver una controversia suscitada en el ámbito de la jurisdicción ordinaria. Por tanto, no encontrándose la pretensión aludida comprendida en el contenido constitucionalmente protegido de ninguno de los derechos fundamentales que forman  parte del debido proceso, la presente demanda debe ser desestimada en aplicación del artículo 38 del Código Procesal Constitucional.

 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

RESUELVE

 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

 

Publíquese  y notifíquese.

 

 

SS.

 

GARCÍA TOMA

GONZALES OJEDA

ALVA ORLANDINI

BARDELLI LARTIRIGOYEN

VERGARA GOTELLI

LANDA ARROYO



[1] Cuaderno 1, fojas 22.

[2] Cuaderno 1, fojas 21.

[3] Cuaderno 1, fojas 59

[4] Cuaderno 1, fojas 92.

[5] Cuaderno 1, fojas 59.