EXP. N.° 00371-2007-PA/TC

LIMA

PABLO FERNANDEZ

BACA ENRÍQUEZ

 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Trujillo, a los 15 días del mes de febrero de 2007, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Vergara GotelliMesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia

 

ASUNTO

 

            Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pablo Fernández Baca Enríquez contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 83, su fecha 16 de agosto de 2006, que declaró infundada la demanda de amparo de autos.

 

ANTECEDENTES

 

Con fecha 26 de agosto de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicable la Resolución N 00000172-2005-ONP/DC/DL18846, y que en consecuencia se le otorgue pensión de renta vitalicia de conformidad con el Decreto Ley N.° 18846 y el Decreto Supremo N.° 002-72-TR, así como el pago de los devengados.

 

            La emplazada contesta la demanda alegando que el actor no cumple con los requisitos establecidos en el Decreto Ley N 18846 para acceder a una pensión de renta vitalicia, y que en el supuesto de cumplirlos su derecho a dicha pensión habría prescrito.

 

            El Quincuagésimo Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 20 de diciembre de 2005, declaró fundada la demanda considerando que está acreditado que el recurrente padece de enfermedad profesional; asimismo que al momento de cesar en su actividades laborales se encontraba vigente el Decreto Ley N 18846.

 

            La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda estimando que si bien es cierto que la enfermedad que padece el demandante está comprendida dentro de las enfermedades profesionales que menciona el Decreto Supremo N 032-89-TR también lo es que el menoscabo que adolece es inferior al 50% que como mínimo se exige para ser considerado como una persona que adolece de incapacidad permanente y para tener derecho a una pensión vitalicia.

 

 

FUNDAMENTOS

 

§  Procedencia de la demanda

 

1.      En la STC 1417-2005-PA publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales que establecen los requisitos para la obtención de tal derecho, y que la titularidad del derecho subjetivo concreto invocado debe estar suficientemente acreditada para emitir un pronunciamiento estimatorio.

 

§  Delimitación del petitorio

 

2.      En el presente caso el demandante pretende se le otorgue la renta vitalicia que requiere por enfermedad profesional, conforme al Decreto Ley 18846 y su reglamento, para lo que expresa que padece de hipoacusia neurosensorial; en consecuencia, su pretensión se ajusta al supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida

 

§  Análisis de la controversia

     

3.      Este Colegiado en la STC 1008-2004-AA/TC ha precisado los criterios para otorgar la renta vitalicia por enfermedad profesional, determinando el grado de incapacidad generado por la enfermedad según su estadio de evolución, así como la procedencia del reajuste del monto de la renta percibida conforme se acentúa la enfermedad y se incrementa la incapacidad laboral.

 

4.      Al respecto debe precisarse que el Decreto Ley 18846 fue derogado por la Ley 26790, publicada el 17 de mayo de 1997, que estableció en su Tercera Disposición Complementaria que las reservas y obligaciones por prestaciones económicas del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, regulado por el Decreto Ley 18846, serían transferidas al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo administrado por la ONP.

 

5.      Mediante el Decreto Supremo 003-98-SA se aprobaron las Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, cuyo artículo 3 define enfermedad profesional como todo estado patológico permanente o temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña o del medio en que se ha visto obligado a trabajar.

 

El artículo 18.2.1 del Decreto Supremo N 003-98-SA define la invalide parcial permanente como la disminución de la capacidad para el trabajo en una proporción igual o superior al 50%, pero menor a los 2/3 (66.66%), por la cual corresponde una pensión vitalicia mensual equivalente al 50% de la remuneración mensual. En cambio, el artículo 18.2.2, señala que sufre de invalidez total permanente quien queda disminuido en su capacidad para el trabajo en forma permanente en una proporción igual o superior al 66.66%, en cuyo caso la pensión vitalicia mensual será del 70% de la remuneración mensual del asegurado, equivalente al promedio de las remuneraciones asegurables de los 12 meses anteriores al siniestro, entendiéndose como tal al accidente o enfermedad profesional sufrida por el asegurado.

 

6.      Por tanto las enfermedades profesionales son todos aquellos estados patológicos que sobrevienen a consecuencia directa del desempeño de una determinada actividad, profesión u oficio o del ambiente en que labora el trabajador habitualmente, y que pueden ocasionar una incapacidad temporal, permanente o la muerte.

 

7.      Consecuentemente para determinar si una enfermedad es producto de la actividad laboral se requiere identificar una relación causa-efecto entre las condiciones de trabajo y la enfermedad, puesto que toda enfermedad profesional genera una lesión a la salud del trabajador o acaba con su vida.

 

8.      En cuanto a la enfermedad de  hipoacusia debemos precisar  que cualquier persona expuesta a ruido de forma repetida puede adquirirla. Por ende la hipoacusia puede ser tanto una enfermedad común, ya que se genera como consecuencia de la exposición continua al ruido, como una enfermedad profesional.

 

9.      De ahí que tal como lo viene precisando este Tribunal en las SSTC 00549-2005-PA/TC, 8390-2005-PA/TC, 4513-2005-PA/TC, 3639-2004-AA/TC y 3697-2005-PA/TC, para establecer el origen laboral de la hipoacusia será necesario acreditar la relación de causalidad entre las condiciones de trabajo y la enfermedad. Para ello se tendrán en cuenta cuáles funciones desempeñaba el demandante en su  puesto de trabajo, el tiempo transcurrido entre la fecha de cese y la fecha de determinación de la enfermedad, además de las condiciones inherentes al propio lugar de trabajo.

 

10.  Del certificado de trabajo expedido por la empresa Minera del Perú S.A., de  fecha 1 de octubre de 1992, obrante a fojas 3 de autos, se aprecia que el recurrente prestó servicios para dicha empresa desde el 11 de julio de 1974 hasta el 16 de marzo de 1975, como ayudante de limpieza; del 17 de marzo de 1975 al 21 de marzo de 1979 como manipulador de almacén; del 22 de marzo de 1979 al 31 de enero de 1990 como localizador/despachador; del 1 de febrero de 1990 al 31 de mayo de 1990, como auxiliar I de servicios, y del 1 de junio de 1990 al 30 de setiembre de 1992, como auxiliar de servicios. Asimismo, a fojas 2 obra el Dictamen de Comisión Médica, expedido por la Comisión Médica Evaluadora de Invalidez, de fecha 16 de mayo de 2000,  en el que consta que el demandante adolece de hipoacusia neurosensorial, permanente parcial con menoscabo del 27.6%.

 

11.  Al respecto debe tenerse en cuenta que del referido certificado médico no se desprende que el actor se encuentre incapacitado en un porcentaje superior al 50%, de modo que pueda estar comprendido dentro de los supuestos de otorgamiento de renta vitalicia, conforme a lo señalado en el fundamento 5, supra.

 

12.  Adicionalmente este Tribunal considera que habiéndose diagnosticado dicha enfermedad luego de más de 7 años de ocurrido el cese laboral, el demandante no ha demostrado que su enfermedad sea consecuencia de haber laborado en condiciones de riesgo. Asimismo, aun cuando el demandante adolece de hipoacusia neurosensorial, no se acredita que esta enfermedad sea consecuencia de la exposición a factores de riesgo propios de su actividad laboral, motivo por el cual no es posible acoger la demanda.

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

HA RESUELTO

 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo.

 

Publíquese y notifíquese.

 

 

SS.

 

LANDA ARROYO

VERGARA GOTELLI

MESÍA RAMÍREZ