SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a 15 de febrero de 2008, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Mesía Ramírez y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Severo Marcelo Zárate contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 145, su fecha 3 de julio de 2006, que declara improcedente la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 18 de marzo de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declare inaplicables las Resoluciones 1345-SGO-PCPE-ESSALUD-99, 5538-2001-ONP/DC/DL 18846 y 554-2005-GO/ONP, de fechas 3 de marzo de 1999, 15 de octubre de 2001 y 11 de febrero de 2005, respectivamente, y que en consecuencia se le otorgue renta vitalicia por padecer de enfermedad profesional conforme al Decreto Ley 18846 y su Reglamento. Asimismo, solicita se disponga el pago de los devengados y los intereses legales correspondientes.

La emplazada contesta la demanda expresando que el certificado médico presentado por el actor no puede ser tomado en cuenta, ya que la única entidad facultada para determinar las enfermedades profesionales es la Comisión Evaluadora de Incapacidades. Asimismo, sostiene que el proceso de amparo no es la vía idónea para dilucidar la pretensión del recurrente por carecer de etapa probatoria.

El Sexagésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 1 de agosto de 2005, declara fundada la demanda considerando que el actor ha acreditado padecer de enfermedad profesional a consecuencia de la exposición a riesgos durante el desempeño de su labor.

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda estimando que en autos obran documentos contradictorios, por lo que el amparo no es la vía diónea para dilucidar la pretensión del recurrente al carecer de etapa probatoria conforme al artículo 9 del Código Procesal Constitucional.

FUNDAMENTOS

Procedencia de la demanda

1. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones legales que establecen los requisitos para la obtención de tal derecho, y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento estimatorio.

Delimitación del petitorio

2. En el presente caso el demandante pretende que se le otorgue renta vitalicia por enfermedad profesional, conforme al Decreto Ley 18846, tomando en cuenta que padece de neumoconiosis. En consecuencia, la pretensión del recurrente está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida.

Análisis de la controversia

3. Este Colegiado en la STC 10063-2006-PA/TC cuyas reglas han sido ratificadas como precedentes vinculantes en las STC 6612-2005-PA/TC y STC 10087-2005-PA/TC, ha precisado los criterios respecto a las situaciones relacionadas con la aplicación del Régimen de Protección de Riesgos Profesionales (accidentes y enfermedades profesionales). En el caso de autos, el demandante ha acompañando a su demanda la siguiente documentación:

3.1. Resolución 0000005538-2001-ONP/DC/DL 18846, de fecha 15 de octubre de 2001, de fojas 9, en la que se indica que conforme al Dictamen de Evaluación Médica 1210-SATEP de fecha 15 de febrero de 1999, expedido por la Comisión Evaluadora de Enfermedades Profesionales, el recurrente no adolecía de enfermedad profesional.

3.2. Examen Médico Ocupacional expedido por la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, de fecha 1 de diciembre de 1999, obrante a fojas 11, en el que consta que adolece de neumoconiosis en segundo estadio de evolución.

3.3. Resolución 534-2005-GO/ONP, de fecha 11 de febrero de 2005, de fojas 16, en la que se indica que conforme al Informe de Evaluación Médica de Incapacidad 154 de fecha 15 de marzo de 2004, expedido por la Comisión Evaluadora de Incapacidades, el recurrente padecía del 37% de incapacidad.

4. Siendo así, resulta que existen informes médicos contradictorios, por lo que se trata de una controversia que debe ser dilucidada en un proceso que cuente con etapa probatoria, de conformidad con lo establecido por el artículo 9 del Código Procesal Constitucional; dejándose a salvo el derecho del recurrente para que lo haga valer en la vía correspondiente.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

Declara IMPROCEDENTE la demanda.

SS.

Publíquese y notifíquese.

LANDA ARROYO

MESÍA RAMÍREZ