LIMA
GENOVEBA ESPINOZA
VDA. DE RUJEL
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a 26 de agosto de 2008, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la
asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Beaumont
Callirgos y Eto Cruz,
pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional
interpuesto por doña Genoveba Espinoza
Vda. de Rujel contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de
la Corte Superior
de Justicia de Lima, de fojas 99, su fecha 17 de octubre de 2007, que declara
infundada la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 22 de junio de 2006, la recurrente interpone
demanda de amparo contra la
Oficina de Normalización Previsional
(ONP), solicitando que se actualice y se nivele la pensión de jubilación de su
cónyuge causante, así como su pensión de viudez, ascendente a S/. 270.30, en
aplicación de la Ley
23908, en un monto equivalente a tres sueldos mínimos vitales. Asimismo,
solicita el pago de los devengados, los intereses legales y los costos
procesales.
La emplazada contesta
la demanda alegando que la Ley
23908 estableció el monto mínimo de la pensión en tres sueldos mínimos vitales,
pero no dispuso que fuera, como mínimo, tres veces más que el básico de un
servidor en actividad, el cual nunca llegó a ser igual al Ingreso Mínimo Legal,
que estaba compuesto por el Sueldo Mínimo Vital más las bonificaciones por
costo de vida y suplementaria.
El Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Lima, con fecha 23 de noviembre de 2006,
declara fundada la demanda considerando que el cónyuge causante de la actora
alcanzó el punto de contingencia durante la vigencia de la Ley 23908, por lo que también
corresponde la aplicación de la referida ley a su pensión de viudez.
La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda estimando que
al causante de la demandante se le otorgó un monto superior a lo establecido
por el Decreto Supremo 011-86-TR, que fijó la pensión mínima en I/. 405.00 intis; y que de otro lado, la actora percibe una pensión
por un monto superior al establecido por la Resolución Jefatural
001-2002-JEFATURA-ONP, por lo que no se estaría vulnerando su derecho
pensionario.
FUNDAMENTOS
Procedencia
de la demanda
1.
En atención a los criterios de
procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, que
constituyen precedente vinculante, y en concordancia con lo dispuesto en el
artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso 1, y 38 del Código
Procesal Constitucional, este Tribunal estima que en el presente caso, aun
cuando la demanda cuestiona la suma específica de la pensión que percibe el
demandante, procede efectuar su verificación, toda vez que se encuentra
comprometido el derecho al mínimo vital (S/. 415.00).
Delimitación del petitorio
2.
En el presente caso, la demandante
solicita que se reajuste la pensión de jubilación de su cónyuge causante, así
como su pensión de viudez, ascendente a S/. 270.30, en un monto equivalente a
tres sueldos mínimos vitales, más la indexación trimestral automática, en
aplicación de lo dispuesto por la
Ley 23908.
Análisis de la controversia
3. En la STC
5189-2005-PA, del 13 de setiembre de 2006, este
Tribunal, atendiendo a su función ordenadora y pacificadora, y en mérito de lo
dispuesto en el artículo VII del Titulo Preliminar del Código Procesal
Constitucional, acordó precisar los criterios adoptados
en la STC
198-2003-AC para la aplicación de la
Ley 23908, durante su periodo de vigencia, y ha dispuesto la
observancia obligatoria, de los fundamentos jurídicos 5 y del 7 al 21.
4. Con relación a la pensión de jubilación del cónyuge
causante, de la Resolución
00200042487-PJ-DPP-SGP-IPSS-1987, de fecha 15 de julio de 1987, corriente a
fojas 3, se evidencia que: a) se otorgó al causante de la demandante pensión de
jubilación a partir del 1 de febrero de 1986, b) acreditó 19 años de
aportaciones; y c) el monto inicial de la pensión otorgada fue de I/. 3,372.65.
5. La Ley 23908 –publicada el 7-9-1984– dispuso en su artículo
1: “Fíjase en una cantidad igual a tres sueldos
mínimos vitales, establecidos por la actividad industrial en la Provincia de Lima, el
monto mínimo de las pensiones de invalidez y jubilación a cargo del Sistema
Nacional de Pensiones”.
6. Para determinar el monto de la pensión mínima vigente
a la fecha de la contingencia, se debe recordar que conforme a lo dispuesto en
el Decreto Supremo 018-84-TR, del 1 de setiembre de
1984, la remuneración mínima de los trabajadores era el resultado de la
adición de tres conceptos remunerativos, uno de los cuales era el sueldo mínimo
vital.
7. Cabe precisar que, en el presente caso, para la
determinación de la pensión mínima resulta aplicable el Decreto Supremo 011-86-TR,
del 8 de febrero de 1986, que fijó el Sueldo Mínimo Vital en la suma de I/.
135.00, quedando establecida una pensión mínima legal de I/. 405.00.
8. En tal sentido, advirtiéndose que en beneficio del
cónyuge causante de la recurrente se aplicó lo dispuesto en la Ley 23908, puesto que se le
otorgó pensión por una suma mayor a la pensión mínima legal, concluimos que no
se ha vulnerado el derecho al mínimo legal.
9. De otro lado, respecto a la pensión de viudez de la
actora debe señalarse que mediante Resolución 00200570091.DP.SGP.GDP.IPSS.91,
de fecha 25 de julio de 1991, corriente a fojas 4, se le otorgó dicha pensión a
partir del 20 de marzo de 1991, por el monto de I/. 22’195,000.00, equivalentes
a I/m. 22.19.
10. La Ley 23908 (publicada el 7 de setiembre de 1984)
dispuso, en su artículo 2: “Fíjese en cantidades iguales al 100% y al 50% de
aquella que resulte de la aplicación del artículo anterior, el monto mínimo de
las pensiones de viudez y de las de orfandad y de ascendientes, otorgadas de
conformidad con el Decreto Ley 19990”.
11. Cabe
precisar que para establecer la pensión mínima a la fecha de la contingencia,
en el caso de la recurrente, resulta aplicable el Decreto Supremo 002-91-TR,
del 17 de enero de 1991, que estableció el Sueldo Mínimo Vital en I/m. 12.00,
resultando que a dicha fecha, la pensión mínima del Sistema Nacional de
Pensiones ascendía a I/m. 36.00.
12. El
Tribunal Constitucional, en las sentencias recaídas en los Exps.
956-2001-AA/TC y 574-2003-AA/TC, ha manifestado que en los casos de restitución
de derechos y en los que el pago de la prestación resultara insignificante, por
equidad, debe aplicarse el criterio expuesto en el artículo 1236 del Código
Civil. Dichas ejecutorias también señalan que debe tenerse en cuenta el
artículo 13 de la
Constitución Política de 1979, que declaraba que “La
seguridad social tiene como objeto cubrir los riesgos de enfermedad,
maternidad, invalidez, desempleo, accidente, vejez, orfandad y cualquier otra
contingencia susceptible de ser amparada conforme a ley”, lo cual concuerda con
lo que establece el artículo 10 de la vigente Carta Política de 1993.
13. En
consecuencia, se aprecia que en perjuicio de la demandante se ha inaplicado lo
dispuesto en el artículo 2 de la
Ley 23908, por lo que en aplicación del principio pro hómine, deberá ordenarse que se verifique el
cumplimiento de la referida ley durante todo su periodo de vigencia y se le
abonen los montos dejados de percibir desde el 20 de marzo de 1991 hasta el 18
de diciembre de 1992, con los intereses legales correspondientes.
14. De otro
lado, importa precisar que conforme a lo dispuesto por las Leyes 27617 y 27655,
la pensión mínima establecida para el Sistema Nacional de Pensiones está
determinada por el número de años de aportaciones acreditadas por el
pensionista. En ese sentido y en concordancia con las disposiciones legales,
mediante la
Resolución Jefatural
001-2002-JEFATURA-ONP (publicada el 3 de enero de 2002), se dispuso incrementar
los montos mínimos mensuales de las pensiones comprendidas en el Sistema
Nacional de Pensiones a que se refiere el Decreto Ley 19990, estableciéndose en
S/. 270.00 el monto mínimo de las pensiones derivadas (sobrevivientes).
15. Por
consiguiente, al constatarse de autos que la demandante percibe la pensión
mínima vigente, concluimos que actualmente no se está vulnerando su derecho al
mínimo legal.
Por estos fundamentos, el
Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política
del Perú
HA RESUELTO
1.
Declarar FUNDADA, en parte la
demanda en el extremo referido a la aplicación de la Ley 23908 al monto de la
pensión de la demandante; en consecuencia, ordena que se reajuste la pensión de
acuerdo con los criterios de la presente, abonando los devengados e intereses
legales correspondientes y los costos procesales.
2.
INFUNDADA en los extremos relativos a la afectación a la
pensión mínima vital vigente de la recurrente, a la afectación al derecho al
mínimo vital vigente y la aplicación de la Ley 23908 a la pensión inicial del cónyuge
causante.
Publíquese y notifíquese.
SS.
LANDA
ARROYO
BEAUMONT
CALLIRGOS
ETO
CRUZ