EXP. N.° 00705-2008-PHC/TC

ICA

J. C. R. C.

 

           

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a 1 de octubre de 2008, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia

 

ASUNTO

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Estefani Maribel Campoo Hilario a favor del menor J. C. R. C., contra la resolución de  la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ica, de fojas 83, su fecha 12 de octubre de 2007, que declara improcedente la demanda de autos

 

ANTECEDENTES

 

            Con fecha 31 de julio de 2007, la recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra el titular de la Dirección Regional de Educación de Ica, don Baltazar Lantarón Núñez, denunciando amenaza de violación al derecho a la integridad personal del favorecido. Refiere que el beneficiario fue víctima del delito de violación sexual en circunstancias que cursaba estudios en la Institución Educativa N.° 23008 y que en tal sentido se abrió instrucción en contra del profesor de educación primaria de apellidos Wilson Torres; sin embargo, el director emplazado viene permitiendo que el mencionado procesado continúe laborando en el sector [educación], lo cual pone en peligro su integridad personal así como de todo menor que curse estudios en la provincia de Ica.

 

            Realizada la investigación sumaria, el emplazado manifiesta que el docente en mención no continúa laborando en la citada institución educativa, pues al haber sido puesto a disposición del Área de Personal fue asignado al Área del escalafón de la Dirección Regional de Educación, pues conforme a la ley el proceso administrativo se encuentra sustraído mientras dure el proceso judicial en su contra. Agrega que el citado docente no se encuentra en contacto directo con estudiante alguno ya que cumple funciones administrativas.

 

            El Cuarto Juzgado Penal de Ica, con fecha 11 de setiembre de 2007, declara infundada la demanda por considerar que no se evidencia vulneración al derecho invocado por la demandante puesto que el demandado ha aplicado las medidas legales que corresponden al citado procesado.

 

            La recurrida confirma la apelada, entendiéndola como improcedente, por su mismo su mismo fundamento y agrega que, conforme a la regulación legal, el aludido docente podrá ser separado de su cargo para realizar trabajos administrativos mientras dure su proceso penal.

 

FUNDAMENTOS

 

Delimitación del petitorio

 

1.        El objeto de la demanda es que se disponga el cese de la amenaza al derecho a la integridad personal del favorecido, pues este derecho fundamental se encontraría amenazado con la permanencia del citado procesado (por el delito de violación sexual en su agravio) en el “sector [educación]”.

       En ese sentido, considerando el contenido y la naturaleza de la pretensión formulada en la demanda, el presente caso configura un modelo típico de “hábeas corpus preventivo”.

 

Hábeas corpus preventivo

 

2.        Partiendo de la premisa de que el hábeas corpus es un proceso constitucional al que tiene derecho cualquier persona para solicitar la salvaguarda de su libertad personal y de otros derechos conexos a ésta, tal como lo regula el inciso 1) del artículo 200º de la Constitución, resulta conveniente, atendiendo a la naturaleza del caso, señalar cuál es el contenido conceptual del hábeas corpus preventivo.

 

3.        En la sentencia recaída en el Expediente N.º 2663-2003-HC/TC (caso Eleobina Mabel Aponte Chuquihuanca) el Tribunal Constitucional ha señalado que el “hábeas corpus  preventivo” es el proceso que “(...) podrá ser utilizado en los casos en que, no habiéndose concretado la privación de la libertad, existe empero la amenaza cierta e inminente de que ello ocurra, con vulneración de la Constitución o la ley de la materia. Al respecto, es requisito sine qua non de esta modalidad que los actos destinados a la privación de la libertad [personal o a su agravio] se encuentren en proceso de ejecución; por ende, la amenaza no debe ser conjetural ni presunta”.

 

Naturaleza de la amenaza de violación de un derecho constitucional

 

4.        El artículo 2º del Código Procesal Constitucional señala que los procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo y hábeas data proceden cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por acción u omisión  de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona; agrega que, cuando se invoque la amenaza de violación, ésta debe ser cierta y de inminente realización.

 

5.        En cuanto a que la amenaza debe ser inminente y real se debe advertir que los procesos constitucionales no sólo buscan remediar las violaciones de los derechos ya producidas, sino que también buscan prevenir la comisión de tales actos. Para determinar si la amenaza de un derecho es inminente hay que establecer, en primer lugar, la diferencia entre actos  futuros remotos y actos futuros inminentes. Los primeros son aquellos actos inciertos que pueden o no suceder, mientras que los segundos son los que están próximos a realizarse, es decir, su comisión es casi segura y en un tiempo breve (Cfr. STC N.° 2484-2006-PHC/TC).

 

6.        Este Colegiado, en reiterada jurisprudencia (expedientes N.os 2435-2002-HC/TC, 2468-2004-HC/TC y 5032-2005-PHC/TC, entre otros) ha precisado que tal como lo dispone el inciso 1) del artículo 200° de la Norma Fundamental el hábeas corpus no sólo procede ante el hecho u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera la libertad individual o derechos conexos, sino también ante la amenaza de que se pueda producir tal vulneración. Para tal efecto, debe reunir determinadas condiciones, tales como: a) que la amenaza a la libertad sea cierta, es decir, que exista un conocimiento seguro y claro de la amenaza a la libertad, dejando de lado conjeturas o presunciones; y, b) la inminencia de que se produzca el acto vulnerador, esto es, que se trate de un atentado a la libertad personal que esté por suceder prontamente o en proceso de ejecución, no reputándose como tal a los simples actos preparatorios.

 

Análisis del caso materia de controversia constitucional

 

7.        En el presente caso, de los actuados y demás instrumentales que corren en los autos no se acredita la supuesta amenaza contra la integridad personal del favorecido en los términos constitucionales antes señalados. En efecto, aun cuando el delito por el que se instruye al citado docente escolar es reprensible en la sociedad y el Estado, aquel no supone per se la configuración de la acusada amenaza a la integridad personal del beneficiario ni que ésta sea cierta y de inminente realización, como lo exige el artículo 2º del Código Procesal Constitucional, máxime si en el caso concreto el docente en mención, tras la investigación preliminar por los hechos imputados y la consecuente apertura de instrucción en su contra, se encuentra laborando en el área administrativa de la Dirección Regional de Educación de Ica (fojas 43 a 59).

 

En consecuencia la demanda debe ser desestimada al no haberse acreditado la vulneración a los derechos de la libertad acusados en los Hechos de la demanda.

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

HA RESUELTO

 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus de autos.

 

Publíquese y notifíquese.

 

 

SS.

 

LANDA ARROYO

BEAUMONT CALLIRGOS

ETO CRUZ