EXP. 0749-2007-PA/TC

JUNÍN

JOSÉ BALTAZAR

CABANILLAS CÉSPEDES

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 20 días del mes de diciembre de 2007, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Baltazar Cabanillas Céspedes contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 86, su fecha 30 de octubre de 2006, que declara improcedente la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 29 de diciembre de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se actualice y se nivele su pensión de jubilación, ascendente a S/. 346.34, en aplicación de la Ley 23908, en un monto equivalente a tres sueldos mínimos vitales, más la indexación trimestral automática, y se disponga el pago de los devengados y los intereses legales correspondientes.

La emplazada contesta la demanda alegando que la Ley 23908 estableció el monto mínimo de la pensión en tres sueldos mínimos vitales, pero no dispuso que fuera como mínimo tres veces más que el básico de un servidor en actividad, el cual nunca llegó a ser igual al Ingreso Mínimo Legal, que estaba compuesto por el Sueldo Mínimo Vital más las bonificaciones por costo de vida y suplementaria.

El Tercer Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 4 de julio de 2006, declara fundada en parte la demanda considerando que el actor alcanzó el punto de contingencia cuando la Ley 23908 estaba en vigencia; e improcedente en cuanto al reajuste trimestral.

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, considerando que la pretensión del actor no puede ser amparada ya que no ha cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 3, inciso b), de la Ley 23908.

FUNDAMENTOS

Procedencia de la demanda

1.  En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso 1, y 38 del Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que en el presente caso, aun cuando la demanda cuestiona la suma específica de la pensión que percibe el demandante, procede efectuar su verificación, toda vez que se encuentra comprometido el derecho al mínimo vital (S/. 415.00).

Delimitación del petitorio

2. En efecto, el recurrente pretende que se reajuste su pensión de jubilación, ascendente a S/. 346.34, en un monto equivalente a tres sueldos mínimos vitales, más la indexación trimestral automática, en aplicación de lo dispuesto por la Ley 23908.

Análisis de la controversia

3. En la STC 5189-2005-PA, del 13 de setiembre de 2006, este Tribunal atendiendo a su función ordenadora y pacificadora y en mérito de lo dispuesto en el artículo VII del Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional, acordó precisar los criterios adoptados en la STC 198-2003-AC para la aplicación de la Ley 23908, durante su periodo de vigencia, y ha dispuesto la observancia obligatoria, de los fundamentos jurídicos 5 y del 7 al 21.

4. De la Resolución DL001269-87, de fecha 18 de noviembre de 1987, obrante a fojas 1, se evidencia que a) se le otorgó al demandante pensión de jubilación a partir del 10 de noviembre de 1987; b) acreditó 14 años de aportaciones; y c) el monto inicial de la pensión otorgada fue de I/. 1,173.60 intis.

5. La Ley 23908 – publicada el 07-09-1984 – dispuso en su artículo 1: “Fíjase en una cantidad igual a tres sueldos mínimos vitales, establecidos por la actividad industrial en la Provincia de Lima, el monto mínimo de las pensiones de invalidez y jubilación a cargo del Sistema Nacional de Pensiones”.

6. Para determinar el monto de la pensión mínima vigente a la fecha de la contingencia, se debe recordar que conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo 018-84-TR, del 1 de setiembre de 1984, la remuneración mínima de los trabajadores era el resultado de la adición de tres conceptos remunerativos, uno de los cuales era el sueldo mínimo vital.

7. Cabe precisar que en el presente caso para la determinación de la pensión mínima, resultan aplicables los Decretos Supremos 014 y 015-07-TR, del 1 de noviembre de 1987, que establecieron el Sueldo Mínimo Vital en la suma I/. 375.00 intis; quedando establecida una pensión mínima legal de I/. 1,125.00 intis.

8. En tal sentido y advirtiéndose que en beneficio del demandante se aplicó lo dispuesto en la Ley 23908, puesto que se le otorgó pensión por una suma superior a la pensión mínima legal, no se ha vulnerado el derecho al mínimo legal.

9. Este Tribunal ha señalado que la Ley 23908 quedó tácitamente derogada por el Decreto Ley 25967 del 18 de diciembre de 1992, por lo que, resultó aplicable el beneficio de la pensión mínima establecido en el artículo 1 de la Ley 23908 hasta dicha fecha. Sin embargo, teniendo en consideración que el demandante no ha demostrado que con posterioridad al otorgamiento de la pensión, hubiere percibido un monto inferior al de la pensión mínimo legal, en cada oportunidad de pago, de ser caso, se deja a salvo su derecho para reclamar los montos dejados de percibir en la forma correspondientes, por no haber desvirtuado la presunción de la legalidad de los actos de la Administración.

10. De otro lado importa precisar que conforme a lo dispuesto por las Leyes 27617 y 27655 la pensión mínima establecida para el Sistema Nacional de Pensiones está determinada en atención al número de años de aportaciones acreditadas por el pensionista. En ese sentido y en concordancia con las disposiciones legales, mediante la Resolución Jefatural 001-2002-JEFATURA-ONP (publicada el 03-01-2002), se dispuso incrementar los niveles de pensión mínima mensual de las pensiones comprendidas en el Sistema Nacional de Pensiones a que se refiere el Decreto Ley 19990, estableciéndose en S/.346.00 el monto mínimo de las pensiones con más de 10 y menos de 20 años de aportaciones.

11. Por consiguiente al constatarse de autos que el demandante percibe un suma superior a la pensión mínima vigente, se advierte que, actualmente, no se está vulnerando su derecho al mínimo legal.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1. Declarar INFUNDADA la afectación a la pensión mínima vital vigente.

2. IMPROCEDENTE la aplicación de la Ley 23908 durante su periodo de vigencia, quedando el actor en facultad de ejercitar su derecho de acción ante el juez competente.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MESÍA RAMÍREZ

VERGARA GOTELLI

ÁLVAREZ MIRANDA