EXP.
N.° 00799-2007-PA/TC
ICA
ELIZABETH
DEL ROSARIO
TORRES
ESPINO
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 28 de noviembre de 2007
VISTO
El recurso de agravio
constitucional interpuesto por doña Elizabeth del Rosario Torres Espino contra
la sentencia expedida por la
Corte Superior de Justicia de Ica,
que declaró improcedente la demanda de autos; y,
ATENDIENDO A
1.
Que la recurrente
interpone demanda de amparo por considerar que se habría vulnerado su derecho a
la tutela procesal efectiva, en el procedimiento administrativo iniciado ante la UGEL - Pisco, en especial en
la decisión contenida en lo resuelto en el Recurso de Reconsideración por ella
interpuesto contra la
Resolución Directoral N.º 000798, de
fecha 1 de junio de 2006, que declaró improcedente su recurso de
reconsideración. Afirma la recurrente que la UGEL – Pisco convocó a concurso para contratar a
profesores en plazas de primaria y secundaria, en el cual participó ingresando
su expediente y solicitando que el mismo fuera evaluado en aplicación de los
procedimientos previstos para el concurso. La recurrente sostiene que tal
solicitud habría sido rechazada, habiéndose –según afirma la recurrente– ocultado su expediente, solicitándosele la
presentación de otro expediente y asignándosele el 17.º
lugar en el concurso sin motivación alguna.
2.
Que este Colegiado,
en la STC N.° 0206-2005-PA/TC, publicada en el
diario oficial El Peruano el 22 de diciembre de 2005, ha precisado con
carácter vinculante los lineamientos jurídicos que permiten delimitar las
pretensiones que en marco del régimen público o privado, ameritan o no
protección a través del proceso de amparo.
3.
Que, conforme a lo
establecido en el fundamento 23 de dicho precedente, la vía contencioso-administrativa resulta ser
idónea, adecuada e igualmente satisfactoria para resolver las controversias
laborales públicas. En tal sentido, “las pretensiones por conflictos
jurídicos individuales respecto a las actuaciones administrativas sobre el
personal dependiente al servicio de la administración pública y que se
derivan de derechos reconocidos por la ley, tales como nombramientos, impugnación
de adjudicación de plazas, desplazamientos, reasignaciones o rotaciones,
cuestionamientos relativos a remuneraciones, bonificaciones, subsidios y
gratificaciones, permisos, licencias, ascensos, promociones, impugnación de
procesos administrativos disciplinarios, sanciones administrativas, ceses por
límite de edad, excedencia, reincorporaciones, rehabilitaciones, compensación
por tiempo de servicios y cuestionamiento de la actuación de la administración
con motivo de la Ley N.º
27803, entre otros”.
4.
Que el artículo 15º
de la
Constitución Política ha establecido que “El
profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública. La ley establece
los requisitos para desempeñarse como director o profesor de un centro
educativo, así como sus derechos y obligaciones. El Estado y la sociedad
procuran su evaluación, capacitación, profesionalización y promoción
permanentes” (subrayado agregado), por tanto, podemos afirmar que el
acceso o postulación a una plaza vacante en el régimen magisterial está
comprendido dentro del ámbito público, y tal como lo señaláramos en párrafos
precedentes la línea jurisprudencial de este Colegiado es más bien por la
inviabilidad del proceso constitucional de amparo en estos casos, al existir
una vía específica satisfactoria.
5.
Que, como se
advierte de autos, la recurrente pretende, a través del presente proceso, que
sea respetado su derecho a la tutela procesal efectiva en el marco de un
concurso público para la asignación de plazas; no obstante, debemos señalar, en
línea con los considerandos ya expuestos, que siendo,
el asunto controvertido uno del régimen laboral público, se deberá dilucidar en
el proceso contencioso-administrativo, para cuyo efecto rigen las reglas
procesales establecidas en los fundamentos 53 a 58 y 60 a de la STC N.º 1417-2005-PA, y es en virtud a ellos que
se aplicarán los criterios uniformes y reiterados para la protección del
derecho al trabajo y sus derechos conexos desarrollados en las sentencias
expedidas por este Tribunal Constitucional con anterioridad (cfr. Fund. 36 de la STC N.° 0206-2005-PA).
Por estas consideraciones, el
Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política
del Perú
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE la
demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
LANDA ARROYO
BEAUMONT CALLIRGOS
ETO CRUZ