EXP. N.° 01200-2007-PA/TC
LIMA
MARÍA
RODRÍGUEZ
BOHÓRQUEZ
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 17 días del mes de
diciembre de 2007, la
Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los
señores magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María
Rodríguez Bohórquez contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Lima, de fojas 80, su fecha 20 de setiembre de 2006, que declara
improcedente la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 28 de abril de 2005,
la recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización
Previsional (ONP), solicitando que se nivele su pensión de jubilación en
aplicación de la Ley N.º
23908, en un monto equivalente a tres sueldos mínimos vitales, más la
indexación trimestral automática; y se disponga el pago de devengados.
La emplazada
propone las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y de
caducidad, y contesta la demanda alegando que a la demandante no le es
aplicable la Ley N.º
23908, dado que su pensión de jubilación fue otorgada en un monto superior a
tres sueldos mínimos vitales.
El Sexto Juzgado
Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 31 de octubre de 2005, declara
fundada la demanda, argumentando que de la Resolución N.º
0622-02 se verifica que se otorgó a la accionante pensión de jubilación a
partir del 1 de junio de 1987, es decir durante la vigencia de la Ley N.º 23908.
La recurrida, revocando la apelada,
declara improcedente la demanda, por estimar que la pretensión no se encuentra
comprendida en el contenido constitucionalmente protegido por el derecho a la
pensión.
FUNDAMENTOS
1.
En atención a los criterios
de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, que
constituyen precedente vinculante, y en concordancia con lo dispuesto en el
artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5.º, inciso 1), y 38.º del
Código Procesal Constitucional, en el presente caso, aun cuando la demanda
cuestiona la suma específica de la pensión que percibe la demandante, procede
efectuar su verificación por las especiales circunstancias del caso (grave
estado de salud de la recurrente), a fin de evitar consecuencias irreparables.
2.
Antes de ingresar al tema de
fondo, es necesario pronunciarse sobre las excepciones propuestas, de falta de
agotamiento de la vía administrativa y de caducidad, que no han sido resueltas
por las instancias inferiores, con objeto de subsanar esta omisión al
cuestionarse un requisito de procedibilidad.
3.
En cuanto a la excepción de
caducidad, este Colegiado, en la sentencia referida, ha señalado que las
afectaciones en materia pensionaria tienen la calidad de vulneración
continuada, pues ocurren mes a mes, motivo por el cual no existe posibilidad de
rechazar reclamos, recursos o demandas que versen sobre materia previsional,
argumentándose el vencimiento de plazos prescriptorios o de caducidad; razón
por la cual la alegada excepción debe ser desestimada.
4.
Respecto a la excepción de
falta de agotamiento de la vía administrativa, esta debe desestimarse, ya que
por la naturaleza del derecho invocado, y también considerando que la pensión
tiene carácter alimentario, tal requisito no es exigible, resultando de
aplicación el inciso 2) del artículo 46.° del Código Procesal Constitucional.
§
Delimitación del petitorio
5.
La demandante solicita que se
incremente el monto de su pensión de jubilación, en aplicación de los
beneficios establecidos en los artículos 1.º y 4.º de la Ley N.º 23908.
§
Análisis de la controversia
6.
En la
STC 5189-2005-PA, de 13 de setiembre de 2006, este Tribunal,
atendiendo a su función ordenadora y pacificadora, y en mérito de lo dispuesto
en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional,
precisó los criterios adoptados en la
STC 198-2003-AC para la aplicación de la Ley N.º 23908, durante su
periodo de vigencia, y dispuso la observancia obligatoria de los fundamentos
jurídicos 5 y 7-21.
7.
Fluye de la Resolución N.º
0622-02, de fecha 22 de setiembre de 1987, obrante a fojas 3, que a la
demandante se le otorgó pensión de jubilación a partir del 1 de junio de 1987,
por el monto de I/. 2,946.06.
8.
La Ley N.º 23908
–publicada el 7 de setiembre 1984– dispuso en su artículo 1: “Fíjase en una cantidad igual a tres sueldos
mínimos vitales establecidos por la actividad industrial en la provincia de
Lima, el monto mínimo de las pensiones de invalidez y jubilación a cargo del
Sistema Nacional de Pensiones”.
9.
Para determinar el monto de
la pensión mínima vigente a la fecha de la contingencia, se debe recordar que,
conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N.º 018-84-TR, de 1 de setiembre
de 1984, la remuneración mínima de
los trabajadores era el resultado de la adición de tres conceptos
remunerativos, uno de los cuales era el Sueldo Mínimo Vital.
10. En el presente caso, para
la determinación de la pensión mínima resultaba aplicable el Decreto Supremo
N.º 004-87-TR, de 4 de abril de 1987, que estableció el Sueldo Mínimo Vital en
la suma de I/ .135.00, con lo que la pensión mínima de la Ley N.º 23908, vigente a
la fecha de la contingencia, ascendió a I/. 405.00.
11. En consecuencia, a la fecha de la contingencia no correspondía
aplicar la pensión mínima de la
Ley N.º 23908
a la pensión de jubilación de la demandante, dado que el
monto de la pensión otorgada resultaba mayor que el establecido por la Ley N.º 23908.
12. Este Tribunal ha señalado que la Ley N.º 23908 quedó
tácitamente derogada por el Decreto Ley N.º 25967, del 18 de diciembre de 1992,
y con ello resultó aplicable el beneficio de la pensión mínima establecido en
el artículo 1 de la Ley N.º
23908 hasta dicha fecha. Sin embargo, teniendo en consideración que la
recurrente no ha demostrado que con posterioridad al otorgamiento de la
pensión, ha venido percibiendo un monto inferior al de la pensión mínima legal,
en cada oportunidad de pago, se deja a salvo su derecho de reclamar los montos
dejados de percibir en la forma correspondiente, por no haberse desvirtuado la
presunción de legalidad de los actos de la Administración.
13. Adicionalmente, conforme a los criterios de observancia
obligatoria establecidos en la STC
198-2003-AC, se reitera que, a la fecha, de acuerdo con las Leyes 27617 y
27655, la pensión mínima del Sistema Nacional de Pensiones se calcula en
función de las aportaciones acreditadas por el pensionista, y que en
concordancia con las
disposiciones legales, mediante la Resolución Jefatural
001-2002-JEFATURA-ONP (publicada el 3-1-2002), se ordenó incrementar los
niveles de pensión mínima mensual de las pensiones comprendidas en el Sistema
Nacional de Pensiones a que se refiere el Decreto Ley N.º 19990, en el monto de
S/. 415.00 para los pensionistas que acreditaran 20 años de aportaciones o más.
14. Por consiguiente, al constatarse de los autos que la demandante,
con 29 años de aportaciones acreditados, percibe una suma superior a la pensión
mínima vigente, concluimos que no se está vulnerando su derecho al mínimo
legal.
15. Respecto al reajuste trimestral, este Tribunal ha precisado que
este está condicionado a factores económicos externos y al equilibrio
financiero del Sistema Nacional de Pensiones, y que no se efectúa en forma
indexada o automática (STC 0198-2003-AC/TC, FJ 15).
Por estos fundamentos, el
Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política
del Perú
HA RESUELTO
1.
Declarar INFUNDADAS las excepciones propuestas.
2.
Declarar INFUNDADA la demanda en los extremos relativos a la vulneración de
la pensión mínima vital vigente, a la
aplicación del artículo 1 de la
Ley N.º 23908
a la pensión inicial de la demandante, y a la indexación
trimestral.
3.
IMPROCEDENTE la aplicación de la Ley N.º 23908 con
posterioridad al otorgamiento de la pensión hasta el 18 de diciembre de 1992,
dejando a salvo su derecho para que lo haga valer en la vía correspondiente.
Publíquese
y notifíquese.
SS.
LANDA
ARROYO
BEAUMONT
CALLIRGOS
ETO
CRUZ