EXP. N.° 01256-2008-PHC/TC

LIMA

MARCELO DE LA CRUZ

MARCAS

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 19 de mayo de 2008

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marcelo de La Cruz Marcas contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 201, su fecha 20 de febrero de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que con fecha 8 de noviembre de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus y la dirige contra la Fiscal Provisional de la Primera Fiscalía Provincial Mixta de La Molina – Cieneguilla, doña Haydée Francisca Menacho Polanco; contra la Fiscal Titular de la Primera Fiscalía Provincial Mixta de La Molina – Cieneguilla, doña Rosa Berenice Romero Ohama; y contra el juez del Juzgado Mixto de La Molina – Cieneguilla, don Pedro Donaires Sánchez, alegando la vulneración de su derecho constitucional a la tutela procesal efectiva, al debido proceso y a la defensa, así como al principio de legalidad procesal penal, relacionados con la libertad individual.

Refiere que el supuesto Presidente de la Comunidad Campesina de Santa Rosa de Manchay, don Damián Meza Ugarte, lo ha sindicado como autor de la instalación de un letrero en la avenida principal con la leyenda Anexo Comunal Nº 2, Quebrada Manchay y Retamal, hecho que según el auto apertorio de instrucción induce a error a las personas que buscan adquirir terrenos, pues se les ofrece dar en venta terrenos de propiedad de la Comunidad Campesina de Santa Rosa de Manchay como si fuesen terrenos de propiedad del inexistente Anexo Comunal Nº 2. Agrega que tal conducta ha sido subsumida de manera forzada e inadecuada por el juez emplazado al tipo penal de estafa y defraudación. Asimismo, señala que la fiscal emplazada, doña Haydée Francisca Menacho Polanco, en su dictamen de fecha 25 de octubre de 2006 ha realizado apreciaciones que corresponden a un juez civil, al haber abordado temas de derecho de propiedad, que en todo caso, deberían ser dilucidados en la vía extrapenal; no obstante ello, ha procedido a acusarlo, pese a que la conducta no se encuadra en ninguno de los delitos atribuidos, pues no se cumplen los elementos objetivos y subjetivos; refiere también que de modo similar ha obrado la fiscal emplazada doña Rosa Berenice Romero Ohama. Señala, finalmente, que el referido anexo comunal sí tiene existencia real y legal, y, por lo mismo, existe una justificación que excluye toda penalidad.

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200º, inciso 1, que a través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales actos denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus.

3. Que del análisis de lo expuesto en la demanda, así como de la instrumental que corre en estos autos, se advierte que lo que en puridad pretende el accionante es que este Tribunal Constitucional efectúe un reexamen de lo actuado en el proceso penal que se le sigue por el delito de estafa y otro (Exp. Nº 618-2005), pues aduce que la conducta atribuida ha sido subsumida de manera indebida e inadecuada por el juez emplazado en el tipo penal de estafa y de defraudación, así como que las fiscales emplazadas procedieron a acusarlo, pese a que no se cumplen los elementos objetivos como subjetivos de los delitos imputados. Enfatiza que en todo caso existe una causa de justificación que excluye toda responsabilidad penal.

Sobre el particular, cabe recordar que este Alto Tribunal en reiterada jurisprudencia ha establecido que no es función del juez constitucional proceder a la subsunción de la conducta en un determinado tipo penal; determinar la inocencia o responsabilidad penal del imputado; realizar diligencias o actos de investigación y/o la revaloración de las pruebas incorporadas en el proceso penal, así como la resolución de los medios técnicos de defensa u otros, pues ello es tarea exclusiva del juez ordinario, y en su caso del representante del Ministerio Público, que escapa a la competencia del juez constitucional; por tanto, lo pretendido resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza del proceso constitucional de hábeas corpus, en razón de que excede el objeto de este proceso constitucional.

4. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hecho y petitorio) no está referida al contenido constitucional protegido por el Tribunal Constitucional, resulta de aplicación al artículo 5°, inciso 1, del Código procesal Constitucional, por lo que la demanda deber ser declarada improcedente.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

LANDA ARROYO

BEAUMONT CALLIRGOS

ETO CRUZ