EXP. N.° 02435-2008-PA/TC

LIMA

SOLEDAD MOSCOSO

BENITES

           

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los 29 días del mes de agosto de 2008, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia

 

ASUNTO

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Soledad Benites Moscoso contra la sentencia de la Octava Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 128, su fecha 13 de setiembre de 2007, que declara improcedente la demanda de autos.

 

ANTECEDENTES

 

Con fecha 22 de setiembre de 2006 la recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se incremente su pensión de jubilación en un monto equivalente a tres sueldos mínimo vitales, tal como lo dispone la Ley N.° 23908, con el abono de la indexación trimestral; y asimismo se disponga el pago de los devengados, los intereses legales y las costas y costos del proceso.

 

La emplazada contesta la demanda alegando que la pensión mínima se sustituyó el sueldo mínimo vital, como factor de referencia para el cálculo de la pensión por el de ingreso mínimo legal (IML), eliminando la referencia a tres unidades; y con respecto al reajuste de pensión, eliminó el concepto de prioridad trimestral que se había señalado en el artículo 4° de la Ley N.° 23908 y lo sustituyó por un nuevo criterio, el de reajuste periódico. En consecuencia con la promulgación  de la Ley N.° 24786 se derogaron las normas sobre reajustes con prioridad trimestral y pensión mínima contenidas en la Ley N.° 23908.

           

            El Decimosexto Juzgado Civil de Lima, con fecha  31 de enero de 2007, declara fundada en parte la demanda por considerar que la demandante obtuvo su derecho pensionario antes de la entrada en vigencia de la Ley N.° 23908 y que de la boleta de pago no se desprende si a la accionante le fueron incrementados los reajustes durante la vigencia del artículo 1° de la Ley N.° 23908, situación que deberá verificarse en ejecución de sentencia; e infundada en cuanto a la indexación trimestral solicitada y el pago de los devengados.

 

             La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda por estimar que la actora adquirió su derecho pensionario antes de la entrada en vigencia de la Ley N.° 23908 y al no haber demostrado que con posterioridad al otorgamiento de la pensión hubiera percibido un monto inferior al de la pensión mínima en cada oportunidad de pago, de ser el caso, se deberá dilucidar su pretensión en un proceso más lato donde se pueden actuar los medios probatorios necesarios.

 

FUNDAMENTOS

 

§ Procedencia de la demanda

 

  1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en los fundamentos 15, 39 y 40 de la STC 04853-2004-AA, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo VII del Título del Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que en el presente caso, aun cuando la demanda cuestiona la suma específica de la pensión que percibe el demandante, procede efectuar su verificación toda vez que ese encuentra comprometido el derecho al mínimo vital (S/. 415.00).

 

§ Delimitación del petitorio

 

  1. La recurrente solicita que se incremente el monto de su pensión de jubilación, como consecuencia de  la aplicación de los beneficios de la Ley N.° 23908.

 

§ Análisis de la controversia

 

  1. En la STC 5189-2005-PA, del 13 de setiembre de 2006, este Tribunal, atendiendo a su función ordenadora y pacificadora y en mérito de lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, acordó precisar los criterios adoptados en la STC 198-2003-AC para la aplicación de la Ley N.° 23908 durante su periodo de vigencia, y dispuso la observancia obligatoria, de los fundamentos jurídicos 5 y del 7 al 21.

 

  1. Anteriormente, en el fundamento 14 de la STC 1294-2004-AA que constituye jurisprudencia vinculante conforme al artículo VI del Código Procesal Constitucional, este Tribunal había precisado que (...)las normas conexas y complementarias que regulan instituciones vinculadas (al derecho a la pensión), tales como la pensión mínima, pensión máxima, etc., deben aplicarse durante su periodo de vigencia. En consecuencia el beneficio de la pensión mínima no resulta aplicable aun cuando la contingencia se hubiere dado durante la vigencia de la norma, en aquellos casos en que por disposición del artículo 81° del Decreto Ley N.° 19990 el pago efectivo de las pensiones devengadas se inicie con posterioridad a la derogación de la Ley N.° 23908.

 

  1. En el presente caso de la Resolución N.° 67252-83, de fecha 10 de noviembre de 1983, obrante a fojas 3, se evidencia que la demandante acreditó 19 años de aportaciones y se otorgó a su favor pensión de jubilación a partir del 1 de mayo de 1983, es decir antes de la entrada en vigencia de la Ley N.° 23908.

 

  1. En consecuencia a la pensión de jubilación de la demandante le sería aplicable el beneficio de la pensión mínima establecido en el artículo 1° de la Ley N.° 23908, desde el 8 de diciembre de 1984 hasta el 18 de diciembre de 1992. Sin embargo, teniendo en consideración que la demandante no ha demostrado que con posterioridad al otorgamiento de la pensión hubiere percibido un monto inferior al de la pensión mínima legal, en cada oportunidad de pago, de ser el caso, queda a salvo su derecho para reclamar los montos dejados de percibir en la forma correspondiente, por no haberse desvirtuado la presunción de legalidad de los actos de la Administración.

 

  1. De otro lado importa precisar que conforme a lo dispuesto por la Leyes 27617 y 27655, la pensión mínima establecida para el Sistema Nacional de Pensiones esta determinada por el número de años de aportaciones acreditadas por el pensionista. En ese sentido y en concordancia con las disposiciones legales, mediante la Resolución Jefatural N.° 001-2002-JEFATURA-ONP (publicada el 03-01-2002), se dispuso incrementar los montos mínimos mensuales de las pensiones comprendidas en el Sistema Nacional de Pensiones a que se refiere el decreto Ley N.° 19990, estableciéndose en S/. 346.00 el monto mínimo de las pensiones por derecho propio con 10 y menos de 20 años de aportaciones.

 

  1. Por consiguiente al constatarse de autos a fojas 6, que la demandante percibe la pensión mínima vigente, se advierte que no se está vulnerando el derecho al mínimo legal.

 

  1. En cuanto al reajuste automático de la pensión, este Tribunal ha señalado que se encuentra condicionado a factores económicos externos y al equilibrio financiero del Sistema Nacional de Pensiones, y que no se efectúa en forma indexada o automática. Asimismo, que ello fue previsto de esta forma desde la creación del Sistema Nacional de Pensiones y posteriormente recogido por la Segunda Disposición Final y Transitoria de la Constitución de 1993, que establece que el reajuste periódico de las pensiones que administra el Estado se atiende con arreglo a las previsiones presupuestarias.

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 
HA RESUELTO

 

  1. Declarar INFUNDADA la demanda en los extremos referidos a la aplicación de la Ley N.º 23908 a la pensión inicial de la demandante, a la vulneración del derecho al mínimo vital vigente y en cuanto a la indexación trimestral solicitada

 

  1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto a la aplicación de la Ley N.° 23908 con posterioridad al otorgamiento a la pensión hasta el 18 de diciembre de 1992, quedando obviamente, la actora, en capacidad de ejercitar su derecho de acción ante el juez competente.

 

Publíquese y notifíquese.

 

 

SS.

 

MESÍA RAMÍREZ

VERGARA GOTELLI

ÁLVAREZ MIRANDA