EXP.
N.° 02858-2008-PA/TC
LIMA
JOSÉ
EUSTAQUIO
ALBARRAN
SALAS
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 17 de noviembre de 2008
VISTO
El recurso de agravio
constitucional interpuesto por don José Eustaquio Albarrán Salas contra la resolución de la Octava Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Lima, de fojas 137, su fecha 08 de
noviembre de 2007, que
declaró improcedente la demanda de autos; y
ATENDIENDO A
1.
Que con fecha 23 de
septiembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el objeto de que se suspenda
los efectos legales de la Resolución Secretarial N.° 083-2004-MTC/11, de
fecha 06 de agosto de 2004, por medio de cual se declara infundada la apelación
interpuesta contra la
Resolución Directoral N.° 0337-2004-MTC/11, de fecha 10 de
mayo de 2004, la que a su vez declaró improcedente el recurso de
reconsideración interpuesto contra la Resolución Directoral
N.° 0205-2004-MTC/11, de fecha 02 de abril de 2004, que estableció la
configuración de responsabilidad pecuniaria del demandante por la suma de S/.
35,334.41, por la ilegal percepción de pensión de cesantía pos su parte.
2.
Que con fecha 09 de
diciembre de 2004, el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones contesta la demanda y solicita que
sea desestimada. Señala que la pretensión del recurrente está dirigida a
cuestionar lo resuelto en proceso judicial, que con sentencia consentida y
pasada en autoridad de cosa juzgada, declaró nulo el acto de incorporación del
recurrente al régimen pensionario establecido en el Decreto Ley N.° 20530.
3.
Que mediante
resolución de fecha 06 de octubre de 2006, obrante a fojas 94, el Cuadragésimo
Séptimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima declaró improcedente la
demanda, considerando que la pretensión del actor de oponerse al cobro de la
suma que indebidamente se le abonó es una cuestión controvertida que importa
una discusión de naturaleza legal mas no constitucional.
4.
Que la la Octava Sala
Civil de la Corte
Superior de Justicia de Lima, mediante resolución de fecha 08
de noviembre de 2007, obrante a fojas 137, confirma la apelada en aplicación
del artículo 5°, inciso 1), del Código Procesal Constitucional.
5.
Que es oportuno
señalar que la Sala
Corporativa Especializada en lo Contencioso Administrativo,
mediante sentencia de fecha 30 de mayo de 2001, que obra a fojas 8, declaró
nula la incorporación del recurrente al régimen del Decreto Ley N.° 20530,
llevada a cabo mediante Resolución Directoral N.° 1149-89-TC/PE; en
consecuencia, deviene en ilegal la percepción de pensión de cesantía por su
parte, involucrando los cobros realizados entre el 01 de septiembre de 1996 y
el 31 de octubre de 2003. Cabe señalar que, esta sentencia fue consentida por
el demandante, adquiriendo la calidad de cosa juzgada.
6.
Que de conformidad
con el artículo 5°, inciso 1), y el artículo 38° del Código Procesal
Constitucional, el proceso de amparo no resulta la vía idónea para la
protección de un derecho que carece de sustento constitucional directo. Se
observa que la presente demanda, además de no hacer ninguna mención explícita
acerca del derecho constitucional que considera vulnerado, se encuentra
dirigida principalmente a cuestionar la procedencia del cobro de una deuda como
consecuencia de la responsabilidad pecuniaria por percepción indebida de
pensiones; a través de las cuales la Administración ha cautelado los intereses del
Estado y ha dado cumplimiento a su deber de velar por los fondos públicos.
Materia que no tiene relación con derechos de naturaleza constitucional, sino que
plantea ante este Colegiado una cuestión de legalidad que debe ser de
conocimiento del juez ordinario.
7.
Que por tanto
corresponde la dilucidación de la presente pretensión a través del proceso
contencioso administrativo, en tanto se trata de la impugnación de un acto de la Administración Pública
que ha causado estado (artículo 148° de la Constitución). El
cuestionamiento de la actuación administrativa y de la suspensión de actos
administrativos por parte de la autoridad competente, deberán ventilarse en la
vía judicial ordinaria en base a los medios probatorios que será
actuados; de esta forma, se deja salvo el derecho del recurrente, a fin de que
pueda impugnar, los efectos, el quantum, las modalidades de pago, los plazos, entre
otros aspectos de la restitución a la que se encuentra obligado.
Por estas consideraciones, el Tribunal
Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política
del Perú y su Ley Orgánica,
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
VERGARA GOTELLI
LANDA ARROYO
ÁLVAREZ MIRANDA