EXP. N.° 02898-2008-PA/TC
AREQUIPA
MIRIAN ELIZABETH
GAYOSO AGRAMONTE
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, (Arequipa) a los 17 días del mes de setiembre de 2008, la Sala Primera del
Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia
I. ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto
por doña Miriam Elízabeth Gayoso
Agramonte contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de
la Corte Superior
de Justicia de Arequipa, de fojas 61, su fecha 29 de abril de 2008, que declara
improcedente la demanda de autos.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 10 de octubre de 2007, doña Miriam Elizabeth Gayoso Agramonte interpone
demanda de amparo contra la Municipalidad
Provincial de Arequipa, a fin de que se inaplique la Ordenanza Municipal
N.º 487 y se ordene la inmediata reapertura de su
local ubicado en la calle Colón N.º 221, Cercado de Arequipa. Según afirma,
la clausura de dicho local se realizó indebidamente, sin proceso
previo y de forma indeterminada; afectándose con ello sus derechos al debido proceso, el principio de legalidad y
su derecho a trabajar libremente.
2. Resolución de primer grado
El Sexto Juzgado Especializado en lo Civil
de la Corte
Superior de Justicia de Arequipa, el 11 de octubre de 2007
(folio 35), declaró improcedente la demanda, por estimar que el establecimiento
clausurado no contaba con la licencia de funcionamiento; además de
encontrarse operando informalmente.
3. Resolución de segundo grado
La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de
Arequipa de la
Corte Superior de Justicia de Arequipa, el 29 de abril de
2008 (folio 61), declaró improcedente la demanda con argumentos similares.
III. FUNDAMENTOS
Precisión del petitorio de la demanda
1.
La demandante
solicita que se disponga la inaplicación de la Ordenanza Municipal
N.º 487 y se ordene la inmediata reapertura de su
local ubicado en la calle Colón N.º 221, Cercado de Arequipa. Según afirma,
la clausura de dicho local se realizó indebidamente, sin proceso previo y de forma
indeterminada;
afectándose con ello sus derechos al debido proceso, el principio de legalidad y su derecho a trabajar
libremente.
2.
El Tribunal
Constitucional estima que, en esencia, lo que pretende conseguir la demandante
a través del presente proceso constitucional de amparo es que se deje sin
efecto la clausura de su local comercial. Siendo ello así, corresponde a este
Colegiado evaluar la legitimidad constitucional de dicho acto por parte de la
administración local.
Una cuestión procesal previa
3.
En el presente caso,
tanto el juez de primer grado del amparo como la Sala correspondiente han
declarado el rechazo liminar de la demanda; motivo por el cual no se ha corrido
traslado a la
Municipalidad Provincial de Arequipa.
4.
Sin embargo, en
aplicación del principio de economía y celeridad procesal (artículo III del
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional), este Colegiado estima
pertinente realizar un pronunciamiento de fondo, dado que advierte la
existencia de elementos objetivos suficientes para ello y que tal actuación no
supone una afectación del derecho de defensa del demandado, en la medida que la
demanda debe ser declarada infundada por los argumentos que se precisan a
continuación.
Análisis del caso concreto
5.
En el folio 10 del
expediente obra la licencia de apertura de establecimiento, de 4 de abril de
2007, otorgada por la Municipalidad Provincial de Arequipa a favor de
la demandante. Dicha licencia autoriza a la recurrente a que en su local,
ubicado en la calle Colón N.º 221, Cercado de
Arequipa, funcione un Snack-Restaurante. Sin embargo, de acuerdo con el acta de
intervención (folio 5), de 5 de octubre de 2007, se constató que en el mismo
local la demandante administra el Complejo Turístico El Bosque, en el giro de Bar- Cantina. Es decir, se verifica que la demandante
realiza una actividad comercial distinta a la autorizada por la Municipalidad Provincial
de Arequipa.
6.
De lo anterior se
desprende que la recurrente no cuenta con la respectiva autorización municipal
de funcionamiento para desarrollar la actividad comercial que se constató el 5
de octubre de 2007. En ese sentido, si bien es cierto que toda persona tiene
derecho a trabajar libremente, según dispone el artículo 2.15 de la Constitución, no lo
es menos que este derecho no es absoluto, pues está sujeto al cumplimiento de
ciertas exigencias legales y administrativas dispuestas, en este caso, por los
municipios; tal como se ha reconocido, por ejemplo, en la STC 00190-2006-AA/TC (FJ 7).
7.
En consecuencia, la
demanda debe ser desestimada en la medida que este Colegiado no considera que
en el presente caso se vulneran los derechos invocados por la demandante.
Por estos fundamentos, el Tribunal
Constitucional, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política
del Perú
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda de
autos.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
ETO CRUZ