EXP. N.° 03126-2008-PA/TC

ICA

VENANCIA QUICHICA

DE NOA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 25 de noviembre de 2008

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Venancia Quichica de Noa contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, de fojas 53, su fecha 6 de mayo de 2008 que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que con fecha 11 de julio de 2007 la recurrente interpone demanda de amparo contra la Cooperativa Agraria de Usuarios “José Sebastián Barranca” aduciendo que se han vulnerado sus derechos constitucionales de petición, asociación, propiedad y legítima defensa. Solicita la restitución de los derechos constitucionales invocados y que se ordene el pago de daños y perjuicios según la magnitud del agravio, con costas y costos.

Manifiesta que el Comité Directivo de la emplazada viene desconociendo su calidad de socia de la cooperativa, y que, en ese sentido, en la distribución de las parcelas a los socios le disminuyeron la extensión de terreno que le tocaba; así, en el caso de su familia, aduciendo una parcela familiar y creyendo que su esposo era el jefe de familia, solamente les concedieron 5.2500 Has., cuando en realidad les correspondía 7.00 Has, a razón de 3.50 Has por cada uno.

2. Que el Segundo Juzgado Especializado, en lo Civil de Ica, con fecha 18 de julio de 2007, declaró la improcedencia in límine de la demanda por considerar que, de verse afectada en sus derechos, la parte actora puede utilizar las acciones ordinarias que la ley señala y no acudir a esta vía constitucional, la cual tiene carácter netamente residual, pues lo pretendido requiere de probanza que debe ventilarse en vía de acción diferente a la planteada por la recurrente, más aún si, como refiere, existe un proceso judicial de prueba anticipada (Exp. N.º 2005-00001-0-1401-JR-CI-02) en el que se declara que a ella le faltaba completar su parcela y que existía un terreno para atender su requerimiento; y que desde que se le cursara la carta notarial a la accionante que considera amenazante de sus derechos, el 24 de febrero de 2007, hasta la fecha de interposición de la acción ha transcurrido el plazo de prescripción que prevé el artículo 44º del Código Procesal Constitucional. La recurrida confirmó la apelada, por el mismo fundamento.

3. Que si bien los derechos cuya vulneración se alega gozan de protección a través del proceso de amparo incoado, según lo prevé el numeral 37º del Código Procesal Constitucional, no siempre y en todos los casos ello supone que determinada controversia pueda ser dilucidada en sede constitucional, pues dependerá del análisis de cada caso en particular, a lo que debe agregarse que los procesos constitucionales carecen de estación probatoria, conforme al numeral 9º del adjetivo acotado.

4. Que en atención a ello el Tribunal Constitucional ha establecido en reiterada jurisprudencia, a propósito del artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional, que establece la improcedencia del proceso de amparo cuando existan otras vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, que dicho proceso ha sido concebido para atender requerimientos de urgencia que tienen que ver con la afectación de derechos directamente comprendidos dentro de la calificación de fundamentales por la Constitución Política del Perú. Por otro lado, en la STC N.º 0206-2005-PA/TC, se ha establecido que “(…) sólo en los casos en que tales vías ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o por la necesidad de protección urgente o en situaciones especiales que han de ser analizadas por los jueces, caso por caso, será posible acudir a la vía extraordinaria del amparo correspondiendo al demandante la carga de la prueba para demostrar que el proceso de amparo es la vía idónea y eficaz para reestablecer el ejercicio del derecho constitucional vulnerado, y no el proceso judicial ordinario”. En consecuencia, si la demandante dispone de un proceso que tiene también la finalidad tuitiva de protección de los derechos constitucionales presuntamente lesionados y es igualmente idóneo para tal fin, debe acudir a él.

5. Que en el caso concreto este Colegiado estima que las cuestiones que pretende discutir la recurrente impiden que la demanda de autos pueda ser estimada en sede constitucional, toda vez que éstas necesitan esclarecerse con la actuación de medios probatorios que sustenten las posiciones tanto de la parte demandante como de la parte demandada, a efectos de otorgar certeza al juzgador respecto de la invocada vulneración de los derechos cuya protección se reclama.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MESÍA RAMÍREZ

BEAUMONT CALLIRGOS

ETO CRUZ