EXP. N.º 03302-2007-PA/TC

LIMA

MACEDONIO TREJO

CACHA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 29 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Calle Hayen, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de amparo.

ANTECEDENTES

Con fecha 3 de mayo de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización (ONP) solicitando que se declare inaplicable la Resolución 00086965-2004-ONP/DC/DL 19990, de fecha 22 de noviembre de 2004, y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación minera conforme al artículo 6 de la Ley 25009. Asimismo solicita se disponga el pago de los devengados, los intereses legales y los costos procesales.

La emplazada contesta la demanda expresando que el proceso de amparo no es la vía idónea para dilucidar la pretensión del recurrente por carecer de etapa probatoria.

El Vigésimo Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 8 de agosto de 2005, declara infundada la demanda considerando que el proceso de amparo no es la vía idónea para dilucidar la pretensión del recurrente por carecer de etapa probatoria.

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por considerar que el actor no acredita fehacientemente padecer de enfermedad profesional para el otorgamiento de una pensión de jubilación minera conforme a la Ley 25009.

FUNDAMENTOS

1. En la STC 1417-2005-PA publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales que establecen los requisitos para su obtención, y que la titularidad del derecho debe estar suficientemente acreditada para emitir un pronunciamiento de mérito.

Delimitación del petitorio

2. En el presente caso el demandante solicita pensión de jubilación minera conforme al artículo 6 de la Ley 25009; consecuentemente, su pretensión se ajusta al supuesto previsto en el fundamento 37b de la sentencia mencionada, motivo por el cual se analizará el fondo de la cuestión controvertida.

Análisis de la controversia

3. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1° y 2° de la Ley N.° 25009, los trabajadores que laboren en minas subterráneas tienen derecho a percibir una pensión de jubilación completa a los 45 años, debiendo acreditarse 20 años de aportaciones para acceder a una pensión minera completa.

4. Este Tribunal Constitucional ha interpretado el artículo 6 de la Ley 25009 en el sentido de que la pensión completa de jubilación establecida para los trabajadores mineros que adolezcan de silicosis (neumoconiosis) importa el goce del derecho a la pensión aun cuando no se hubieran reunido los requisitos legalmente previstos. Ello significa que a los trabajadores mineros que adquieran dicha enfermedad profesional, por excepción, deberá otorgárseles la pensión de jubilación como si hubieran acreditado los requisitos previstos legalmente.

5. Por otro lado cabe precisar que el actor padece de neumoconiosis (silicosis) con incapacidad parcial para el trabajo de 55%, según consta de la Resolución 2156-SGO-PCPE-IPSS-97 que le otorgó renta vitalicia por enfermedad profesional (fojas 6), y que fue otorgada a partir del 7 de octubre de 1996.

6. En consecuencia de lo señalado en los párrafos precedentes y en atención a que la emplazada no ha invalidado la resolución a que se refiere el fundamento 5, supra, se concluye que al actor le resultan aplicables el artículo 6 de la Ley 25009 y el artículo 20 del Decreto Supremo 029-89-TR, por lo que le corresponde una pensión de jubilación minera completa.

7. Este Tribunal considera pertinente recordar que no existe incompatibilidad entre la percepción de una pensión de jubilación y una pensión vitalicia, por cuanto provienen de fuentes distintas de financiamiento y cubren contingencias diferentes (fundamento 9 STC 1008-2004-AA).

8. Por ello al haberse probado que el demandante ha sido perjudicado al no haber recibido la pensión que le correspondía, resulta evidente que la demandada ha violado los derechos constitucionales previstos en los artículos 10 y 11 de la Constitución, por lo que debe estimarse la demanda.

9. En cuanto al pago de las pensiones devengadas, resulta aplicable al caso el artículo 81 del Decreto Ley 19990, que señala que “[...] solo se abonarán por un período no mayor de doce meses anteriores a la presentación de la solicitud del beneficiario”.

10. Este Tribunal en la STC 0065-2002-AA/TC, del 17 de octubre de 2002, ha precisado que corresponde el pago de los intereses legales generados por las pensiones de jubilación no oportunamente, razón por la cual se aplica dicho criterio en el presente caso, debiéndose pagar a tenor de lo estipulado en los artículo 1246 del Código Civil.

11. Por lo que se refiere al pago de costas y costos procesales, conforme al artículo 56 del Código Procesal Constitucional, la demandada solo abona los costos procesales.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda.

2. Ordenar que la emplazada expida nueva resolución y se calcule la pensión del recurrente con arreglo a lo dispuesto en la Ley 25009, en concordancia con el Decreto Ley 19990 y demás normas sustitutorias o complementarias según los fundamentos de la presente sentencia, debiendo pagar las pensiones devengadas, los intereses y los costos correspondientes.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MESÍA RAMÍREZ

VERGARA GOTELLI

CALLE HAYEN