ANTONIETA SALINAS

CHOQUE

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a 27 de noviembre de 2007, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Antonieta Salinas Choque contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 141, su fecha 24 de enero de 2007, que declara infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 27 de junio de 2006, la recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declaren inaplicables las Resoluciones 14838-89-PJ-DZP-GP-GDA-IPPS y 15517-89-PJ-DZP-SGP-DGA-IPPS, de fecha 7 de agosto de 1989 y 24 de enero de 1990, respectivamente; y que, consecuentemente se actualice y se nivele su pensión de jubilación, ascendente a S/. 346.54, en aplicación de la Ley 23908, en un monto equivalente a tres sueldos mínimos vitales. Asimismo solicita el pago de los devengados, los intereses legales y los costos procesales.

La emplazada contesta la demanda alegando que la Ley 23908 estableció el monto mínimo de la pensión en tres sueldos mínimos vitales, pero no dispuso que fuera, como mínimo, tres veces más que el básico de un servidor en actividad, el cual nunca llegó a ser igual al Ingreso Mínimo Legal, que estaba compuesto por el Sueldo Mínimo Vital más las bonificaciones por costo de vida y suplementaria.

El Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 15 de setiembre de 2006, declara fundada, en parte, la demanda considerando que al momento en que se produjo la contingencia se encontraba vigente la Ley 23908, infundada en el extremo referido al reajuste trimestral automático, e improcedente en cuanto al pago de los intereses legales.

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda estimando que a la actora le otorgaron una pensión mensual de I/. 86,270.00, siendo este un monto mayor al establecido en los Decretos Supremos 016 y 017-89-TR, vigentes al monto de la contingencia, que fijaron el sueldo mínimo legal en 60 mil intis.

FUNDAMENTOS

Procedencia de la demanda

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso 1, y 38 del Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que en el presente caso, aun cuando la demanda cuestiona la suma específica de la pensión que percibe el demandante, procede efectuar su verificación, toda vez que se encuentra comprometido el derecho al mínimo vital (S/. 415.00).

Delimitación del petitorio

2. En el presente caso, la recurrente pretende que se reajuste su pensión de jubilación, ascendente a S/. 346.54, en un monto equivalente a tres sueldos mínimos vitales, en aplicación de lo dispuesto por la Ley 23908.

Análisis de la controversia

3. En la STC 5189-2005-PA, del 13 de setiembre de 2006, este Tribunal, atendiendo a su función ordenadora y pacificadora, y en mérito de lo dispuesto en el artículo VII del Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional, precisó los criterios adoptados en la STC 198-2003-AC para la aplicación de la Ley 23908, durante su periodo de vigencia, y dispuso la observancia obligatoria de los fundamentos jurídicos 5 y del 7 al 21.

4. De las resoluciones impugnadas corrientes a fojas 3 y 4 de autos, respectivamente, se evidencia que a) se le otorgó a la demandante pensión de jubilación a partir del 1 de junio de 1989; b) acreditó 18 años de aportaciones; y c) el monto inicial de la pensión otorgada fue de I/.100,181.00.

5. La Ley 23908 – publicada el 7 de setiembre de 1984 – dispuso en su artículo 1: “Fíjase en una cantidad igual a tres sueldos mínimos vitales, establecidos por la actividad industrial en la Provincia de Lima, el monto mínimo de las pensiones de invalidez y jubilación a cargo del Sistema Nacional de Pensiones”.

6. Para determinar el monto de la pensión mínima vigente a la fecha de la contingencia, se debe recordar que conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo 018-84-TR, del 1 de setiembre de 1984, la remuneración mínima de los trabajadores era el resultado de la adición de tres conceptos remunerativos, uno de los cuales era el sueldo mínimo vital.

7. Cabe precisar que para la determinación de la pensión mínima, en el presente caso resultan aplicables los Decretos Supremos 016 y 017-89-TR del 1 de junio de 1989, que fijaron el Sueldo Mínimo Vital en la suma de 20 mil intis; quedando establecida una pensión mínima legal de 60 mil intis.

8. En tal sentido, advirtiéndose que en beneficio de la demandante se aplicó lo dispuesto en la Ley 23908, puesto que se le otorgó pensión por una suma superior a la pensión mínima legal, no se ha vulnerado el derecho al mínimo legal.

9. Este Tribunal ha señalado que la Ley 23908 quedó tácitamente derogada por el Decreto Ley 25967 del 18 de diciembre de 1992, resultando aplicable el beneficio de la pensión mínima establecido en el artículo 1 de la Ley 23908 hasta dicha fecha. Sin embargo, teniendo en consideración que la demandante no ha demostrado que con posterioridad al otorgamiento de la pensión, ha venido percibiendo un monto inferior al de la pensión mínimo legal, en cada oportunidad de pago, de ser caso, se deja a salvo su derecho para reclamar los montos dejados de percibir en la forma correspondientes, por no haber desvirtuado la presunción de la legalidad de los actos de la Administración.

10. De otro lado, importa precisar que conforme a lo dispuesto por las Leyes 27617 y 27655, la pensión mínima establecida para el Sistema Nacional de Pensiones esta determinada en atención al número de años de aportaciones acreditadas por el pensionista, y que en concordancia con las disposiciones legales, mediante la Resolución Jefatural 001-2002-JEFATURA-ONP (publicada el 3 de enero de 2002), se dispuso incrementar los niveles de pensión mínima mensual de las pensiones comprendidas en el Sistema Nacional de Pensiones a que se refiere el Decreto Ley 19990, estableciéndose en S/. 346.00 el monto mínimo de las pensiones con más de 10 años de aportaciones y menos de 20 años.

11. Por consiguiente, al constatarse de autos que la demandante percibe un suma superior a la pensión mínima vigente, concluimos que no se está vulnerando su derecho al mínimo legal.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

LANDA ARROYO

BEAUMONT CALLIRGOS

ETO CRUZ