EXP. N.° 03495-2008-PA/TC
AYACUCHO
MARINO AGUIRRE
MORALES
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 14 de octubre de 2008
VISTO
El recurso de agravio
constitucional interpuesto por don Marino Aguirre Morales contra la sentencia
expedida por la Corte
Superior de Justicia de Ayacucho, que declaró improcedente la
demanda de autos; y,
ATENDIENDO A
1.
Que, con fecha 6 de
marzo de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo contra el Instituto
Nacional de Cultura (INC) y la Municipalidad Provincial
de Huamanga, con el objeto de que: a) se deje sin efecto la declaración del
bien inmueble de su propiedad como bien cultural; b) se ordene cumplir a las
emplazadas con justificar la necesidad pública que le impide ejercer libremente
su derecho a la propiedad, y que se le pague el justiprecio por dicho concepto
(artículo 70° de la
Constitución); y, c) se declare inaplicable al caso concreto la Ley N.° 28296, Ley General
del Patrimonio Cultural, por cuanto considera que las atribuciones que la misma
concede al INC son inconstitucionales. Alega que los actos administrativos
referidos vulneran sus derechos constitucionales a la propiedad y al debido
proceso.
2.
Que mediante
resolución de fecha 7 de marzo de 2008, obrante de fojas 33 a 36, el Primer Juzgado en
Derecho Constitucional de Huamanga declaró improcedente la demanda en
aplicación del artículo 5°, inciso 2), del Código Procesal Constitucional,
siendo la vía pertinente el proceso ordinario laboral.
3.
Que mediante
resolución de fecha 10 de junio de 2008, obrante a fojas 89 a 91, la Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Ayacucho confirmó la apelada, considerando que el recurrente no
había acreditado que la amenaza de vulneración de sus derechos constitucionales
fuera cierta e inminente, requiriéndose, además, la actuación de medios
probatorios, lo cual no es posible en la vía del amparo conforme al artículo 9°
del Código Procesal Constitucional.
4.
Que, en el caso de
autos, este Tribunal considera que las pretensiones del demandante están
dirigidas a cuestionar la denegatoria del INC de retirar el carácter de bien
cultural al bien inmueble de su propiedad, expresada a través de la Resolución Directoral
N.° 1189/INC, de fecha 05 de noviembre de 2004, obrante a fojas 8, y de la Resolución Directoral
N.° 349/INC, de fecha 9 de marzo de 2006, por la cual se declara infundado el
recurso de reconsideración interpuesto por el recurrente.
En consecuencia, dado que la
pretensión del demandante se encuentra dirigida a cuestionar las decisiones de
una entidad de la
Administración Pública, como lo es el INC, la vía pertinente
es el proceso contencioso-administrativo, conforme al artículo 5°, inciso 2),
del Código Procesal Constitucional.
5.
Que, además, si
bien el recurrente ha manifestado que ha sido objeto de diversas sanciones por
parte de las entidades emplazadas, que han implicado una afectación a su
derecho constitucional a la propiedad, no obran en el expediente medios
probatorios que acrediten dicha afirmación. Al respecto, conviene referir que,
según prevé el artículo 9° del Código Procesal Constitucional, el proceso de
amparo carece de etapa probatoria, por lo que no resulta posible la actuación
de todos los medios probatorios necesarios para la dilucidación de la presente
controversia, siendo que la presente demanda en dicho extremo deviene en
improcedente.
6.
Que, finalmente,
conviene precisar que el derecho constitucional de propiedad, como todos los
demás derechos fundamentales, no es un derecho absoluto. En consecuencia, debe
ser ejercido con estricto respeto por el patrimonio cultural de la Nación, siendo que este es
un bien de relevancia constitucional que el Estado está en la obligación de
proteger (artículo 21° de la
Constitución).
Por estas consideraciones, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política
del Perú
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE la
demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
ÁLVAREZ MIRANDA