EXP. N.° 03924-2007-PA/TC

LIMA

FLORENTÍN ALEJANDRO

QUISPE GAMARRA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 12 días del mes de setiembre de 2008, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

            Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Florentín Alejandro Quispe Gamarra contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 180, su fecha 9 de mayo de 2007, que declara improcedente la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 22 de diciembre de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se le otorgue pensión de jubilación bajo los alcances del artículo 42º del Decreto Legislativo N.º 19990, a fin de que se le otorgue pensión de jubilación reducida, con los devengados respectivos.

La emplazada contesta la demanda manifestando que el demandante no cumple con los requisitos que exige el Decreto Ley N.º 19990 para acceder a una pensión de jubilación reducida.

            El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 1 de julio de 2006, declara fundada la demanda por considerar que el actor ha cumplido con los requisitos exigidos por el artículo 42º del Decreto Ley N.º 19990.

            La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda por considerar que la acción de garantía no es la idónea para lograr la pretensión del actor, dado que el amparo es de carácter residual y no cuenta con etapa probatoria, por lo que se deja a salvo el derecho del actor para que lo haga valer en la vía correspondiente.

FUNDAMENTOS

1. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales que establecen los requisitos para su obtención, y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento estimatorio.

§ Delimitación del petitorio

2. En el presente caso el demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación con arreglo al régimen reducido regulado por los artículo 42º del Decreto Ley N.º 19990. En consecuencia, su pretensión está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde un análisis de fondo.

§ Análisis de la controversia

3. En tal sentido la controversia se centra en determinar si el demandante a la fecha de su cese, esto es, el 5 de abril de 1949, reunía los requisitos para acceder a una pensión de jubilación reducida conforme al Decreto Ley N.º 19990. 

4. Que en aplicación del artículo 42º del Decreto Ley 19990 los asegurados obligatorios así como los facultativos que acrediten edades señaladas en el articulo 38º, que tengan 5 o más años de aportaciones pero menos de 15 ó 13 años, según se trate de hombres o mujeres, tendrán derecho a una pensión reducida.

5. En el presente caso, con lo consignado en el Documento Nacional de Identidad y con los certificados de trabajo, obrantes a fojas 2, 14 y 15 respectivamente, se acredita que el demandante nació el 5 de mayo de 1922 y que a la fecha de su cese contaba con 7 años y 5 meses de aportaciones; en consecuencia, se ha acreditado que el demandante reúne todos los requisitos, exigidos para la percepción de la pensión de jubilación del régimen reducido del  artículo 42º del Decreto Ley N.º 19990.

6. En cuanto al pago de las pensiones devengadas, éstas deben ser abonadas conforme lo establece el artículo 81.º del Decreto Ley N.º 19990.

7. Adicionalmente se debe ordenar a la ONP que efectúe el cálculo de los devengados correspondientes desde la fecha del agravio constitucional así como el de los intereses legales generados de acuerdo a la tasa señalada en el artículo 1246.º del Código Civil, y proceda a su pago en la forma y modo establecido por el artículo 2.º de la Ley N.º 28266.

8. Habiéndose acreditado que la emplazada ha vulnerado el derecho constitucional a la pensión del demandante, corresponde, de conformidad con el artículo 56.º del Código Procesal Constitucional, ordenar a dicha entidad que asuma el pago de los costos procesales, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de sentencia.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda

2. Ordenar que la Oficina de Normalización Previsional cumpla con otorgarle a la demandante una pensión de jubilación con arreglo al artículo 42° del Decreto Ley N.° 19990. Asimismo, dispone el abono de los devengados e intereses legales correspondientes conforme se señala en el fundamento 6, supra, así como de los costos procesales en la etapa de ejecución de la sentencia.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MESÍA RAMÍREZ

VERGARA GOTELLI

ÁLVAREZ MIRANDA