EXP. N.° 03949-2008-PA/TC
LIMA
GUILLERMO LADD
CÁCERES
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 18 días del mes
de noviembre de 2008, la
Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los
magistrados Mesía Ramírez, Beaumont
Callirgos y Eto Cruz,
pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional
interpuesto por don Guillermo Ladd Cáceres contra la
sentencia de la Segunda
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 88,
su fecha 22 de abril de 2008, que declaró infundada la demanda de amparo de
autos.
ANTECEDENTES
El recurrente interpone demanda de
amparo contra la Oficina
de Normalización Previsional (ONP), solicitando que
se declare inaplicable la
Resolución N. º 300-89, de fecha 27 de marzo de 1989, y que
se incremente su pensión de jubilación en un monto equivalente a tres sueldos
mínimos vitales, tal como lo dispone la Ley N.° 23908; asimismo, solicita el abono de la
indexación trimestral y el pago de los devengados.
La emplazada contesta la demanda
alegando que al demandante se le otorgó pensión de jubilación reducida en el
régimen especial, por lo que no le corresponde la aplicación de la Ley N. º 23908.
El Trigésimo Noveno Juzgado Civil de Lima, con fecha 5 de julio de 2007,
declaró fundada en parte la demanda en el extremo referido a la aplicación de la Ley N.º 23908, por
considerar que el actor alcanzó su punto de contingencia durante la vigencia de
dicha ley; e improcedente respecto al pago de aumentos, bonificaciones o
reintegros.
La recurrida revoca la apelada y la reforma declarando infundada la demanda
estimando que no se ha producido la vulneración del derecho constitucional
alegado por el demandante.
FUNDAMENTOS
§ Procedencia de la demanda
1.
En atención a los criterios de
procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, que
constituyen precedente vinculante, y en concordancia con lo dispuesto en el
artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5º, inciso 1), y 38º del
Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que, en el presente caso,
aun cuando la pretensión se encuentra dirigida a cuestionar la suma específica
de la pensión que percibe la parte demandante, procede efectuar su
verificación, toda vez que se encuentra comprometido el derecho al mínimo
vital.
§ Delimitación del petitorio
2.
El demandante solicita que se
incremente su pensión de jubilación en un monto equivalente a tres sueldos
mínimos vitales, tal como lo dispone la Ley N.° 23908; asimismo, solicita la indexación
trimestral y el pago de los devengados.
§ Análisis de la controversia
3.
En la STC 5189-2005-PA, del 13 de
septiembre de 2006, este Tribunal, atendiendo a su función ordenadora y
pacificadora, y en mérito de lo dispuesto en el artículo VII del Título
Preliminar del Código Procesal Constitucional, precisó los criterios adoptados
en la STC
198-2003-AC, para la aplicación de la Ley N.º 23908, durante
su periodo de vigencia, y dispuso la observancia obligatoria de los fundamentos
jurídicos 5 y del 7 al 21.
4.
En el presente
caso, de la Resolución
N.° 300-89, de fecha 27 de marzo de 1989, obrante a fojas 3,
se desprende que se otorgó pensión de jubilación a favor del demandante a
partir del 5 de septiembre de 1988, por la cantidad de I/. 900.00. Al respecto,
se debe precisar que a la fecha de inicio de dicha
pensión se encontraba vigente el Decreto Supremo N.° 027-88-TR, que estableció
en I/. 1,760.00 el sueldo mínimo vital, por lo que, en aplicación de la Ley N.° 23908, la pensión
mínima legal equivalía a I/. 5280.00, monto que no se aplicó a la pensión del
demandante.
5.
En consecuencia, ha
quedado acreditado que al demandante se le otorgó la pensión por un monto menor
al mínimo establecido a la fecha de la contingencia, debiendo ordenarse que se
regularice su monto y aplicando el artículo 1236° del Código Civil, se abonen
las pensiones devengadas generadas desde el 5 de septiembre de 1988 hasta el 18
de diciembre de 1992, así como los intereses legales correspondientes de
acuerdo con las tasas establecidas en el artículo 1246 del Código Civil.
6.
De otro lado,
importa precisar que, conforme a lo dispuesto por las Leyes 27617 y 27655, la
pensión mínima establecida para el Sistema Nacional de Pensiones está
determinada en atención al número de años de aportaciones acreditados por el
pensionista. En ese sentido, y en concordancia con las disposiciones legales, mediante
la Resolución Jefatural N.º
001-2002-JEFATURA-ONP (publicada el 3-1-2002), se ordenó incrementar los
niveles de pensión mínima mensual de las pensiones comprendidas en el Sistema
Nacional de Pensiones a que se refiere el Decreto Ley N.º 19990, estableciéndose
en S/. 308.00 el monto mínimo de las pensiones por derecho propio con 6 o menos
de 10 años de aportaciones.
7.
Por consiguiente,
al constatarse de los autos, a fojas 5, que el demandante percibe la pensión
mínima vital, concluimos que no se está vulnerando su derecho.
8.
En cuanto al
reajuste automático de la pensión, este Tribunal ha señalado que se encuentra
condicionado a factores económicos externos y al equilibrio financiero del
Sistema Nacional de Pensiones, y que no se efectúa en forma indexada o
automática. Asimismo, que ello fue previsto desde la creación del Sistema
Nacional de Pensiones y posteriormente recogido por la Segunda Disposición
Final y Transitoria de la
Constitución de 1993, que establece que el reajuste periódico
de las pensiones que administra el Estado se atiende con arreglo a las
previsiones presupuestarias.
Por estos fundamentos, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política
del Perú
HA
RESUELTO
1.
Declarar FUNDADA, en parte, la demanda en cuanto
a la aplicación de la Ley N.°
23908 a
la pensión inicial del actor; y en consecuencia, NULA la Resolución N.º
300-89.
2.
Ordenar que la
emplazada expida a favor del demandante la resolución que reconozca el pago de
la pensión mínima durante la vigencia de la Ley 23908, abonando las pensiones devengadas y
los intereses legales, más los costos procesales.
3.
Declarar INFUNDADA la demanda en los extremos
referidos a la alegada afectación al derecho al mínimo vital y a la indexación
trimestral.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
ETO CRUZ