EXP. N.° 04036-2007-PA/TC

LA LIBERTAD

ELVIRA JOSEFA

ALDANA DE MENDOZA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Trujillo, a los 17 días del mes de agosto de 2007, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Mesía Ramírez y Beaumont Callirgos, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Elvira Josefa Aldana de Mendoza contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 82, su fecha 16 de mayo de 2007, que declaró infundada la demanda de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 15 de agosto de 2006, la recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declaren inaplicables la Resolución Administrativa N.º 10662-GRNM-IPSS-87, de fecha agosto de 1987, y la Resolución N.º 0000026475-2004-ONP/ DC19990, de fecha 16 de abril de 2004; y que en consecuencia, se incremente la pensión de jubilación de su cónyuge causante y la de su viudez, en un monto equivalente a tres sueldos mínimos vitales, tal como lo dispone la Ley N.º 23908, con el abono de la indexación trimestral, devengados e intereses legales.

La emplazada contesta la demanda alegando que la regulación establecida por la Ley N.º 23908 fue sustituida a partir del 13 de enero de 1988, por la Ley N.º 24786, Ley General del Instituto Peruano de Seguridad Social – IPSS, y que este nuevo régimen sustituyó el Sueldo Mínimo Vital (SMV) como factor de referencia para el cálculo de la pensión mínima, por el de Ingreso Mínimo Legal (IML), eliminando la referencia a tres SMV.

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo, con fecha 28 de febrero de 2007, declaró infundada la demanda considerando que la pensión de jubilación otorgada al cónyuge causante fue superior a lo establecido a la fecha de su contingencia.

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento.

FUNDAMENTOS

§ Procedencia de la demanda

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5º, inciso 1), y 38º del Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que, en el presente caso, aun cuando la pretensión se encuentra dirigida a cuestionar la suma específica de la pensión que percibe la parte demandante, procede efectuar su verificación, toda vez que se encuentra comprometido el derecho al mínimo vital (S/. 415.00).

§ Delimitación del petitorio

2. La demandante solicita que se incremente el monto de la pensión de jubilación de su cónyuge causante y la de su viudez en aplicación de los beneficios establecidos en la Ley N.º 23908.

§ Análisis de la controversia

3. En la STC 5189-2005-PA, del 13 de setiembre de 2006, este Tribunal, atendiendo a su función ordenadora y pacificadora, y en mérito de lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, precisó los criterios adoptados en la STC 198-2003-AC, para la aplicación de la Ley N.º 23908, durante su periodo de vigencia, y dispuso la observancia obligatoria de los fundamentos jurídicos 5 y del 7 al 21.

4. Anteriormente, en el fundamento 14 de la STC 1294-2004-AA, que constituye jurisprudencia vinculante conforme al artículo VI del Código Procesal Constitucional, este Tribunal había precisado que (...) las normas conexas y complementarias que regulan instituciones vinculadas (al derecho a la pensión), tales como la pensión mínima, pensión máxima, etc., deben aplicarse durante su período de vigencia. En consecuencia, el beneficio de la pensión mínima no resulta aplicable aun cuando la contingencia se hubiere dado durante la vigencia de la norma, en aquellos casos en que por disposición del artículo 81º del Decreto Ley N.º 19990, el pago efectivo de las pensiones devengadas se inicie con posterioridad a la derogación de la Ley N.º 23908.

5. De la Resolución N.º 10662-GRNM-IPSS-87, obrante a fojas 2, se evidencia que a) al causante de la demandante se le otorgó pensión de jubilación a partir del 1 de abril de 1987, por la suma de I/. 4,343.97; y, b) acreditó 34 años de aportaciones. Al respecto, se debe precisar que a la fecha de inicio de dicha pensión se encontraba vigente el Decreto Supremo N.° 004-87-TR, que fijó en I/. 135.00 el sueldo mínimo vital, por lo que en aplicación de la Ley N.° 23908, la pensión mínima legal se encontraba establecida en I/. 405.00. Por consiguiente, como el monto de dicha pensión superó el mínimo, el beneficio dispuesto en la Ley N.° 23908 no le resultaba aplicable. No obstante, de ser el caso, se deja a salvo el derecho de reclamar los montos dejados de percibir con posterioridad hasta el 18 de diciembre de 1992.

6. Por otro lado, de la Resolución N.º 0000026475-2004-ONP/ DC19990 , obrante a fojas 3, se evidencia que a la demandante se le otorgó la pensión de viudez a partir del 14 de marzo de 2004, es decir, con posterioridad a la derogación de la Ley N.° 23908, por lo que dicha norma no resulta aplicable a su caso.

7. Asimismo, cabe precisar que, conforme a lo dispuesto por las Leyes Nros. 27617 y 27655, la pensión mínima establecida para el Sistema Nacional de Pensiones está determinada en atención al número de años de aportaciones acreditados por el pensionista. En ese sentido, y en concordancia con las disposiciones legales, mediante la Resolución Jefatural N.º 001-2002-JEFATURA-ONP (publicada el 3-1-2002), se ordenó incrementar los niveles de pensión mínima mensual de las pensiones comprendidas en el Sistema Nacional de Pensiones a que se refiere el Decreto Ley N.º 19990, estableciéndose en S/. 270.00 el monto mínimo de las pensiones derivadas (sobrevivientes).

8. Por consiguiente, al constatarse de los autos, a fojas 4, que la demandante percibe una suma superior a la pensión mínima vigente, concluimos que no se está vulnerando el derecho al mínimo legal.

9. En cuanto al reajuste automático de la pensión, este Tribunal ha señalado que el reajuste se encuentra condicionado a factores económicos externos y al equilibrio financiero del Sistema Nacional de Pensiones, y que no se efectúa en forma indexada o automática. Asimismo, que ello fue previsto de esta forma desde la creación del Sistema Nacional de Pensiones y posteriormente recogido por la Segunda Disposición Final y Transitoria de la Constitución de 1993, que establece que el reajuste periódico de las pensiones que administra el Estado se atiende con arreglo a las previsiones presupuestarias.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1. Declarar INFUNDADA en parte la demanda en cuanto a la afectación al derecho al mínimo vital vigente, la aplicación de la Ley N.º 23908 a la pensión inicial del cónyuge causante y de la demandante; asimismo, en cuanto a la indexación trimestral solicitada.

2. Declarar IMPROCEDENTE respecto a la aplicación de la Ley N.º 23908, con posterioridad al otorgamiento de la pensión jubilación del causante, hasta el 18 de diciembre de 1992, dejando a salvo el derecho de la actora.

Publíquese y notifíquese.

SS.

LANDA ARROYO

MESÍA RAMÍREZ

BEAUMONT CALLIRGOS