EXP.
0066-2007-PA/TC
LAMBAYEQUE
GRACIELA GENARA MURO
BANCAYÁN
En Lima (Trujillo), a los 30 días del mes de noviembre de
2009,
Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Graciela Genara Muro Bancayán contra la sentencia de la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 50, su fecha 29 de noviembre de 2006, que declara improcedente, in límine, la demanda de autos.
Con fecha 10 de julio de 2006, la recurrente solicita que se declaren inaplicables las Resoluciones 0000047088-2004-ONP/DC/DL 19990 y 0000014973-2002-ONP/DC/DL 19990, de fechas 1 de julio de 2004 y 15 de abril de 2002, respectivamente, y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación adelantada conforme al artículo 44 del Decreto Ley 19990, teniendo en cuenta la totalidad de sus aportaciones.
El Sexto Juzgado Corporativo Civil de Chiclayo, con fecha 11 de julio de 2006, declara improcedente la demanda considerando que el proceso de amparo no es la vía idónea para dilucidar la pretensión de la recurrente al existir vías igualmente satisfactorias para la protección de su derecho constitucional vulnerado o amenazado, conforme al artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional.
La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento.
1. Previamente, debe señalarse que tanto en primera como en segunda instancia se ha rechazado, de plano, la demanda, sosteniéndose que debe recurrirse a la vía contencioso-administrativa. Tal criterio, si bien constituye causal de improcedencia prevista en el ordenamiento procesal constitucional, ha sido aplicado de forma incorrecta conforme advierte este Colegiado de la demanda y sus recaudos, en tanto la demandante solicita una pensión de jubilación adelantada conforme al artículo 44 del Decreto Ley 19990, lo que implica que dicha pretensión forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la pensión; siendo, en consecuencia, susceptible de protección mediante el proceso constitucional del amparo.
2. Por lo indicado, y atendiendo a la reiterada jurisprudencia dictada en casos similares, debe aplicarse el artículo 20 del Código Procesal Constitucional; sin embargo, dado que dicha decisión importaría hacer transitar nuevamente al justiciable por el trámite jurisdiccional en búsqueda de la defensa de su derecho fundamental, este Colegiado estima pertinente emitir pronunciamiento, más aún si la demandada fue notificada del concesorio de la apelación (f.39), lo que implica que su derecho de defensa está garantizado.
3. En
4. En el presente caso, la demandante solicita
que se le otorgue pensión de jubilación adelantada conforme al artículo 44 del
Decreto Ley 19990, teniendo en cuenta el total de sus aportaciones. En
consecuencia, la pretensión está comprendida en el supuesto previsto en el
fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde
analizar el fondo de la cuestión controvertida.
5. El artículo 44 del Decreto Ley 19990 establece
que: “los trabajadores que tengan cuando menos
55 o 50 años, de edad y 30 o 25 años de aportaciones, según sean hombres
y mujeres, respectivamente, tienen derecho a pensión de jubilación [...]”.
6. Con
el Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 1, se acredita que la
demandante nació el 6 de mayo de 1946 y que cumplió la edad requerida para
obtener la pensión que solicita el 6 de mayo de 2001, esto es, cuando se
encontraba vigente el Decreto Ley 25967.
7. De otro lado, a fojas 2 obra
8. Al respecto, cabe mencionar que a lo largo del proceso la actora no ha adjuntado documentación que cause certeza a este Colegiado, donde acredite las aportaciones en mención, ni el vínculo laboral con el empleador, por lo que no es posible determinar si dichas aportaciones fueron efectivamente realizadas.
9. En consecuencia, al no haberse acreditado la vulneración de los derechos constitucionales invocados por la recurrente, la demanda debe ser desestimada.
Por estos fundamentos, el
Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución
Política del Perú
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA
la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MESÍA RAMÍREZ
ETO CRUZ
EXP.
0066-2007-PA/TC
LAMBAYEQUE
GRACIELA GENARA MURO
BANCAYÁN
FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ETO CRUZ
Me adhiero a los fundamentos y el fallo dispuestos por los magistrados Mesía Ramírez y Landa Arroyo en el voto en mayoría que se me adjunta. Deseo, sin embargo, añadir la siguiente consideración:
1. En el presente caso, dado que la resolución
del a quem declaró improcedente
liminarmente la demanda, en esta sede jurisdiccional bien puede sostenerse que
en aplicación del principio non
reformatio in peius la demanda no podría declararse infundada. Esta
conclusión, sin embargo, no puede considerarse correcta, de acuerdo a un
adecuado entendimiento del derecho procesal constitucional. Y es que no sólo
cuando la demanda pueda declararse fundada, este Colegiado puede entrar a
revisar el fondo del asunto, cuando el mismo haya llegado precedido de dos
declaraciones in límine de improcedencia. También puede hacerlo, a mi
entender, cuando de lo actuado en el proceso o de lo alegado por la parte
demandante, el pedido sea manifiestamente
infundado. No hacerlo supondría dejarle abierta la posibilidad al demandante de
volver a interponer la misma pretensión en un subsiguiente proceso
constitucional u ordinario, lo que significaría sí ocasionarle un perjuicio,
haciéndole invertir esfuerzos materiales y espirituales en un cometido que no
llegaría a ningún fin. Por tanto, la aludida reformatio in peuis que se
llevaría a cabo con una declaración desestimativa de este Colegiado no sería
tal, sino justamente lo contrario.
2. En el caso sub-examine, como se deja establecido en el voto en mayoría, la
demandante no ha acreditado los años de aportación que la entidad demandada no
le ha reconocido, con lo cual no cabe admitir su pretensión de percibir una
pensión de jubilación anticipada.
Con esta consideración adicional suscribo el
voto de los Señores Magistrados Mesía Ramírez y Landa Arroyo.
SS.
ETO CRUZ
EXP.
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LAMBAYEQUE
GRACIELA GENARA MURO
BANCAYÁN
VOTO EN DISCORDIA DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI
Emito el
presente voto singular por las siguientes consideraciones:
1.
Con fecha 10 de
julio de 2006 la recurrente interpone demanda de amparo solicitando se declare
inaplicables las Resoluciones Nº 00000447088-2004-ONP/DC/DL 19990 y Nº
0000014973-2002-ONP/DC/DL 19990, de fechas 1 de julio de 2004 y 15 de abril de
2002, respectivamente, y que en consecuencia se le otorgue pensión de
jubilación adelantada conforme al artículo 44º del Decreto Ley 19990, teniendo
en cuenta la totalidad de sus aportaciones.
2.
Las instancias
precedentes rechazaron liminarmente la demanda de amparo considerando que el
proceso de amparo no es la vía idónea para dilucidar la pretensión de la
recurrente al existir vías igualmente satisfactorias para la protección de su
derecho constitucional vulnerado o amenazado conforme lo dispone el inciso 2)
del artículo 5º del Código Procesal Constitucional.
3.
Entonces tenemos
que el tema de la alzada trata de un rechazo liminar de la demanda (ab initio), en las dos
instancias (grados) precedentes, lo que significa que no hay proceso y por lo
tanto no existe demandado (emplazado). Por ello cabe mencionar que si el
Superior revoca el auto venido en grado para vincular a quien todavía no es
demandado porque no ha sido emplazado por notificación expresa y formal,
corresponde entonces revocarlo y ordenar al inferior a admitir la demanda a
trámite y correr traslado de ella al demandado. Lo que se pone en conocimiento
es “el recurso interpuesto” y no la demanda, obviamente, mandato que tiene el
propósito de vincular al pretenso demandado con lo que resulte de la
intervención de este tribunal en relación especifica al auto cuestionado. Cabe
mencionar que el articulo 47º del Código Procesal Constitucional es copia del
articulo 427º del Código Procesal Civil en su parte final que dice: “Si la
resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el Juez pondrá en
conocimiento del demandado el recurso interpuesto. La resolución superior que
resuelva en definitiva la improcedencia, produce efectos para ambas partes.”,
numeral que precisamente corresponde al rechazo in limine de la demanda
y las posibilidades que señala para el superior (confirmar o revocar el auto
apelado).
4.
Se señala en el
fundamento 2 del proyecto de resolución puesto a mi vista “…este Colegiado
estima pertinente emitir un pronunciamiento de fondo, mas aun si la demandada fue
notificada del concesorio de la apelación (f. 39), lo que implica que su
derecho de defensa absolutamente garantizado.”. Respecto a ello debo manifestar
que al concedérsele al actor el recurso extraordinario de agravio
constitucional, el principio de limitación
aplicable a toda la actividad recursiva le impone en este caso al Tribunal
Constitucional (Tribunal de alzada) la limitación de sólo referirse al tema del
cuestionamiento a través del recurso de agravio constitucional, y nada mas. Por
ello es que el recurso de apelación concedido y notificado al que debería ser
considerado demandado, si la sala superior revoca el auto cuestionado, produce
efectos para ambas partes.
5.
Por cierto es
pues que si el Superior revoca el auto venido en grado, para vincular a quien
todavía no es demandado puesto que no ha sido emplazado por notificación
expresa y formal por no existir proceso y no ser él, por tanto, demandado,
tiene que ponérsele en su conocimiento “el recurso interpuesto” y no la
demanda, obviamente.
6.
En el proyecto venido a mi conocimiento se
dice lo contrario para llegar al extremo de ingresar directamente al fondo del
tema propuesto en una demanda que no ha sido admitida a trámite, convirtiendo
la alzada en una decisión final al expedir una sentencia en un caso, sin
proceso, que limita al Tribunal a abordar el auto de rechazo in limine de la demanda.
7.
En el presente caso se evidencia de autos que la
demandante afirma cumplir con los requisitos exigidos por ley, siendo dicha
versión contradicha por la entidad demandada, por lo que es necesario un
proceso que cuente con etapa probatoria, para que se pueda dilucidar la
controversia en base a los medios probatorios aportados por las partes.
8.
Por lo expuesto la demanda debe ser desestimada
por improcedente por existir una vía igualmente satisfactorias para la
dilucidación del conflicto, conforme lo señala el inciso 2) del artículo 5º del
Código Procesal Constitucional.
Por las razones expuestas mi voto es porque se CONFIRME el auto de rechazo liminar que declara improcedente la demanda, quedando obviamente a salvo el derecho de la demandante para hacerlo valer en el proceso ordinario a que ha lugar.
S.
VERGARA GOTELLI