EXP.
N.° 00315-2008-PA/TC
JUNÍN
PONCIANO
VILCAPOMA
LUYA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
En Lima (Huancayo), a los 7 días
del mes de julio de 2009, la
Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los
magistrados Mesía Ramírez, Calle Hayen
y Alvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio
constitucional interpuesto por don Ponciano Vilcapoma
Luya contra la sentencia de la
Primera Sala Mixta de la Corte Superior de
Justicia de Junín, de fojas 189, su fecha 17 de octubre de 2007, que declara
infundada la demanda de autos.
ANTECEDENTES
El recurrente interpone demanda
de amparo contra la Oficina
de Normalización Previsional (ONP), solicitando que
se le otorgue una pensión de jubilación especial conforme a los artículos 47 y
48 del Decreto Ley 19990, con aplicación de los artículos 1 y 4 de la Ley 23908, y se le pague devengados e intereses.
La
emplazada contesta la demanda alegando que el actor no demuestra cumplir con
los requisitos para acceder a una pensión de jubilación en el Sistema Nacional
de Pensiones.
El Tercer Juzgado Civil de
Huancayo, con fecha 20 de marzo de 2007, declara fundada la demanda, en la
parte que solicita se otorgue pensión y se aplique la Ley 23908, e infundada en
cuanto al reajuste trimestral, por estimar que el actor ha acreditado de modo
fehaciente sus aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones.
La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara
infundada la demanda por estimar que el actor no cumple con los requisitos para
acceder a una pensión.
FUNDAMENTOS
1.
En el fundamento 37
de la STC
1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de
julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forma parte del contenido esencial
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las
disposiciones legales que establecen los requisitos para su obtención, y que la
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que
sea posible emitir un pronunciamiento de mérito.
§ Delimitación del petitorio
2.
En el presente
caso, el actor pretende se le otorgue pensión de jubilación conforme a los
artículos 47 y 48 del Decreto Ley 19990, se le reajuste su pensión de
jubilación según lo dispuesto por la
Ley 23908, la cual establece una pensión mínima no menor de
tres remuneraciones mínimas vitales, y se disponga la indexación trimestral, con el pago devengados e
intereses.
§ Análisis de la controversia
Otorgamiento de pensión
3.
De la Resolución
0000002907-2007-ONP/DC/DL 19990, de fecha 10 de enero de 2007, corriente a fojas
6 del cuaderno del Tribunal, consta que al haber continuado de oficio el
trámite para la pensión del demandante, se le otorgó una pensión de jubilación
en el régimen especial del D.L. 19990, a partir del
25 de agosto de 1975, la cual se niveló a S/. 50.04 nuevos soles al 1 de julio
de 1991 y se actualizó a la fecha de expedición de la resolución en la suma de
S/. 308.00 nuevos soles, más devengados.
4.
En consecuencia,
habiendo cesado la invocada agresión, se ha producido la sustracción de la materia
respecto al otorgamiento de pensión, por lo que resulta de aplicación el
artículo 1 del Código Procesal Constitucional en este extremo.
Aplicación de la 23908
5.
En la STC 5189-2005-PA/TC, del 13 de
setiembre de 2006, este Tribunal, atendiendo a
su función ordenadora y pacificadora, y en mérito de lo dispuesto en el
artículo VII del Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional, acordó
precisar los criterios adoptados en la
STC 198-2003-AC/TC para la aplicación de la Ley 23908 durante su periodo
de vigencia, y dispuso la observancia obligatoria de los fundamentos jurídicos
5 y del 7 al 21.
6.
De la Resolución 000002907-2007-ONP/DC/DL 19990, obrante a
fojas 6 del cuaderno del Tribunal, se evidencia que se otorgó al demandante su
pensión a partir del 25 de agosto de 1975; en consecuencia, a dicha pensión le
fue aplicable el beneficio de la pensión mínima establecido en el artículo 1 de
la Ley 23908,
desde el 8 de setiembre de 1984 hasta el 18 de
diciembre de 1992. Sin embargo, teniendo en cuenta que el demandante no ha
demostrado que durante el referido periodo su causante hubiere percibido un
monto inferior al de la pensión mínima legal, en cada oportunidad de pago, se
deja a salvo, de ser el caso, su derecho para reclamar los montos dejados de
percibir en la forma correspondiente, por no haberse desvirtuado la presunción
de legalidad de los actos de la Administración.
7.
Por último,
conforme a lo dispuesto por las Leyes 27617 y 27655, la pensión mínima del
Sistema Nacional de Pensiones está determinada por el número de años de
aportaciones acreditadas por el pensionista. En ese sentido y en concordancia
con las disposiciones legales, mediante la Resolución Jefatural
001-2002-JEFATURA-ONP (publicada el 03-01-2002), se dispuso incrementar los
montos mínimos mensuales de las pensiones comprendidas en el Sistema Nacional
de Pensiones a que se refiere el Decreto Ley 19990, estableciéndose en S/.
270.00 el monto mínimo de las pensiones con 5 y menos de 5 años de
aportaciones.
8.
En cuanto al
reajuste automático de la pensión, este Tribunal ha señalado que se encuentra
condicionado a factores económicos externos y al equilibrio financiero del
Sistema Nacional de Pensiones, y que no se efectúa en forma indexada o
automática. Asimismo, que ello fue previsto de esta forma desde la creación
del Sistema Nacional de Pensiones y posteriormente recogido por la Segunda Disposición
Final y Transitoria de la
Constitución de 1993, que establece que el reajuste periódico
de las pensiones que administra el Estado se atiende con arreglo a las
previsiones presupuestarias.
Por estas consideraciones, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política
del Perú
HA RESUELTO
1.
Declarar que carece
de objeto pronunciarse respecto al extremo de la demanda que solicita el
otorgamiento de pensión especial, por haberse producido la sustracción de la
materia.
2.
Declarar INFUNDADA
la demanda en los extremos referidos a la afectación de la pensión mínima vital
vigente y la indexación trimestral automática.
3.
Declarar
IMPROCEDENTE la demanda respecto al pedido de aplicación de la Ley 23908 durante su periodo
de vigencia, así como los intereses dejando a salvo el derecho del demandante,
de ser el caso, para hacerlo valer en la forma correspondiente.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MESÍA
RAMÍREZ
CALLE
HAYEN
ÁLVAREZ
MIRANDA