EXP. N.° 01009-2008-PA/TC

JUNÍN

TEÓFILO CRISÓSTOMO

BARRIOS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima (Huancayo), a los 16 días del mes de enero de 2009, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Calle Hayen y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Teófilo Crisóstomo Barrios contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 151, su fecha 28 de diciembre de 2007, que declara infundada la demanda de amparo de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional, a fin de que se declare inaplicable la Resolución N.º 684-SGS-GPE-GCPSS-IPSS-97, de fecha 18 de junio de 1997; y que en consecuencia se le otorgue renta vitalicia por padecer de enfermedad profesional. Asimismo, solicita el pago de los devengados, intereses legales y costos del proceso en una sola armada.

La emplazada contesta la demanda y solicita que se declare improcedente argumentando que la pretensión no es susceptible de ser conocida en la vía  del amparo, y que la finalidad que persigue el actor es la declaración de un derecho no adquirido; asimismo, sostiene que la única entidad capaz de diagnosticar una enfermedad profesional es la Comisión Evaluadora de Enfermedades Profesionales.

El Quinto Juzgado Civil Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 10 de abril del 2007, declara fundada en parte la demanda, por considerar que mediante el certificado médico de invalidez presentado ha quedado acreditado que el demandante padece de enfermedad profesional en primer estadio de evolución, por lo que le corresponde el otorgamiento de una renta vitalicia; infundado el extremo referido al pago en una sola armada de los costos procesales, pensiones devengadas, intereses legales, e infundada la pretensión del demandante de dejar sin efecto la Resolución N.º 684-SGS-GPE-GPSS,  de fecha 18 de junio de 1997.

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, estimando que el certificado de invalidez presentado no es documento idóneo para acreditar una enfermedad profesional por no haber sido emitido por la comisión médica evaluadora y  no contener los requisitos establecidos por el Decreto Supremo 166-2005-EF.

FUNDAMENTOS

Procedencia de la demanda

1. En la STC N.º 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales que establecen los requisitos para su obtención, y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento estimatorio.

Delimitación del petitorio

2. En el presente caso el demandante pretende que se le otorgue renta vitalicia por padecer de enfermedad profesional, conforme al Decreto Ley N.º 18846. En consecuencia, la pretensión del recurrente está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida.

Análisis de la controversia

3. Este Colegiado, en la STC N.º 10063-2006-PA/TC, cuyas reglas han sido ratificadas como precedentes vinculantes en las SSTC 6612-2005-PA/TC y 10087-2005-PA/TC, ha precisado los criterios respecto a las situaciones relacionadas con la aplicación del Régimen de Protección de Riesgos Profesionales (accidentes y enfermedades profesionales).

4. El Decreto Ley N.º 18846 fue derogado por la Ley N.º 26790, publicada el 17 de mayo de 1997, que estableció en su Tercera Disposición Complementaria que las reservas y obligaciones por prestaciones económicas del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, regulado por el Decreto Ley N.º 18846, serían transferidas al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo administrado por la ONP.

5. Mediante el Decreto Supremo N.º 003-98-SA se aprobaron las Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo; al respecto, su artículo 3 define como enfermedad profesional todo estado patológico permanente o temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña o del medio en que se ha visto obligado a trabajar.

6. De ahí que, tal como lo viene precisando este Tribunal en las SSTC 10063-2006-PA/TC, 10087-2005-PA/TC y 6612-2005-PA/TC, en los procesos de amparo referidos al otorgamiento de pensión vitalicia conforme al Decreto Ley N.º 18846 o pensión de invalidez conforme a la Ley N.º 26790, la enfermedad profesional únicamente podrá ser acreditada con un examen o dictamen médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS, conforme lo señala el artículo 26º del Decreto Ley N.º 19990. Debe tenerse presente que si a partir de la verificación posterior se comprobara que el Certificado Médico de Invalidez es falso o contiene datos inexactos, serán responsables de ello, penal y administrativamente, el médico que emitió el certificado y cada uno de los integrantes de la Comisiones Médicas de las entidades referidas, y el propio solicitante. En tal sentido dichos dictámenes o exámenes médicos constituyen la única prueba idónea para acreditar que una persona padece de una enfermedad profesional, y que, por ende, tiene derecho a una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley N.º 18846, o a una pensión de invalidez conforme a la Ley N.º  26790 y al Decreto Supremo N.º 009-97-SA.

7. A fin de acreditar que padece de enfermedad profesional, el demandante ha presentado el Examen Médico de Invalidez de fecha 4 de abril de 2006, corriente a fojas 6,  por lo que mediante resolución de fecha 24 de junio de 2008 se solicitó el examen o dictamen médico emitido por la Comisión Médica Evaluadora correspondiente. Sin embargo, habiendo transcurrido el plazo otorgado para tal fin sin que se obtenga la información solicitada, corresponde a este Colegiado emitir un pronunciamiento con las instrumentales que obran en autos.

8.  Así las cosas, el demandante no ha podido demostrar con las pruebas aportadas que adolece de una enfermedad profesional, debido a que no son los documentos idóneos para acreditar tal hecho siendo necesario dilucidar la controversia en un proceso que cuente con etapa probatoria, de conformidad con lo establecido por el artículo 9º del Código Procesal Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, quedando a salvo el derecho que el actor alega para que lo haga valer conforme a ley.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MESÍA RAMÍREZ

CALLE HAYEN

ÁLVAREZ MIRANDA