EXP. N.° 1133-2009-PA/TC
AREQUIPA
LUPE NATIVIDAD
YUCRA SOSA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 13 días del mes de octubre de 2009, la Sala Primera del
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle
Hayen y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Lupe
Natividad Yucra Sosa contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de
la Corte Superior
de Justicia de Arequipa, de fojas 217, su fecha 20 de octubre del 2008, que
declaró infundada la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con
fecha 21 de septiembre de 2007 la recurrente interpone demanda de amparo contra
la
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado del departamento de
Arequipa, solicitando que se le reponga en el puesto que venía desempeñando
como obrera municipal de limpieza de parques y jardines, por cuanto su trabajo
era de naturaleza permanente y las labores que prestaba eran de manera
subordinada, por lo que pide su reincorporación con los derechos y beneficios
inherentes a las actividades realizadas. Asimismo, alega
la vulneración de su derecho a la libertad de trabajo, y haber sido objeto de
despido arbitrario, ya que la
Municipalidad emplazada la despidió sin que existiera una
causa relacionada con su conducta o capacidad laboral, contemplada en la ley, y
debidamente comprobada, que justificara tal decisión.
La emplazada contesta la
demanda alegando que la demandante no acredita haber mantenido vínculo laboral
con la entidad emplazada, ya que se celebraron algunos contratos de locación de
servicios de naturaleza civil y no laboral.
El
Segundo Juzgado Civil, con fecha 28 de febrero de 2008, declara fundada la
demanda de amparo argumentando que de las labores
efectuadas por la recurrente fluye que ha existido entre las partes un contrato
de trabajo a plazo indeterminado, por lo que ésta ha sido despedida
arbitrariamente ya que no se le ha expresado la existencia de una causa justa
de despido.
La
Sala Superior competente, revocando la apelada, declara infundada la demanda
por estimar que si bien legalmente las funciones municipales de serenazgo y mantenimiento
de parques y jardines son permanentes, no es menos cierto que el número de
plazas destinadas a tal función se determina en atención a las necesidades de
servicio y posibilidades presupuestales de la accionada.
FUNDAMENTOS
1.
De acuerdo con los criterios
de procedibilidad de las demandas de amparo relativos a materia laboral
individual privada, establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la sentencia
0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante de conformidad con lo
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal
Constitucional, corresponde efectuar la verificación del despido
arbitrario alegado.
§ Delimitación del petitorio
2.
La demandante pretende que se le reincorpore al puesto de
trabajo que venía desempeñando como obrera de la Municipalidad
demandada, por considerar que se ha vulnerado su derecho constitucional a la
libertad de trabajo.
§ Análisis de la demanda
3.
Debemos señalar que con los
alegatos de las partes, queda demostrado que la recurrente prestó servicios
para la Municipalidad
emplazada desde el 1 de febrero de 2007, es decir, cuando se encontraba en
vigor la Ley Nº
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en cuyo artículo 37º se establece que
los obreros municipales están sujetos al régimen laboral de la actividad
privada.
4. La
cuestión controvertida consiste en determinar, primero, qué tipo de relación
hubo entre la demandante y la
Municipalidad emplazada; esto es, si existió una relación laboral
de carácter subordinado o, por el contrario, una relación civil de
carácter independiente. Ello es necesario a efectos de aplicar el principio de primacía de la realidad,
pues de verificarse que hubo una relación laboral, el contrato civil suscrito por
la actora deberá ser considerado como contrato de trabajo de duración
indeterminada, en cuyo caso la demandante solo podía ser despedida por causa
justa relacionada con su conducta o capacidad laboral.
5. El principio
de primacía de la realidad, es un elemento implícito en nuestro
ordenamiento jurídico y, concretamente, impuesto por la propia naturaleza
tuitiva de nuestra Constitución, así este Colegiado ha precisado, en la sentencia
1944-2002-AA/TC, que: “(...) en caso de discordancia entre lo que ocurre en la
práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero;
es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos” (Fund. 3).
6. Los Gobiernos Locales, en este caso, las Municipalidades
Distritales, se caracterizan por ser entidades jerarquizadas (lo que supone,
necesariamente, la existencia de subordinación), siendo la labor de obrero
encargado de la limpieza pública, policía municipal, agente de vigilancia y
seguridad ciudadana, labores permanentes en tal tipo de entidades.
7. En el expediente, de
fojas 4 a
24 obra la Actuación Inspectiva
Nº 743-2007-001-2007, mediante la cual se verificó que la recurrente laboró
para la Municipalidad
emplazada en calidad de obrera primero en serenazgo y luego en limpieza pública
desde el 1 de febrero hasta el 31 de julio de 2007, en un horario de trabajo de
lunes a viernes de 6:00 a.m. a 14:00 p.m. (sic) y los sábados de 6:00 a.m. a
12:00 p.m. (sic), percibiendo una remuneración de S/. 550.00 nuevos soles
mensuales, habiéndose verificado además que el despido no obedece a causa justa
relacionada con la capacidad o con la conducta del trabajador y se ha
materializado por la voluntad unilateral del empleador.
8. Por lo
tanto, habiéndose demostrado que entre las partes ha existido una relación de
naturaleza laboral y habiéndose acreditado que la demandada, ha despedido a la
demandante sin haberle expresado la causa relacionada con su conducta o su
desempeño laboral que justifique dicha decisión, resulta evidente que se ha
vulnerado su derecho constitucional al trabajo.
9. En la medida en que, en este caso, se ha acreditado que la emplazada vulneró el derecho constitucional al
trabajo de la demandante, corresponde, de conformidad con el artículo 56º del
Código Procesal Constitucional, que asuma los costos procesales, los cuales
deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que
le confiere la Constitución Política del Perú
HA
RESUELTO
1.
Declarar FUNDADA la
demanda de amparo porque se ha acreditado la vulneración del derecho al trabajo.
2.
ORDENAR que la
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado del departamento
de Arequipa cumpla con
reponer a doña Lupe Natividad Yucra Sosa en el cargo que venía desempeñando, o
en otro igual de similar nivel o jerarquía; asimismo, se le abone los costos
del proceso en la etapa de ejecución de sentencia.
Publíquese y notifíquese
SS.
LANDA ARROYO
CALLE HAYEN
ÁLVAREZ MIRANDA