EXP. N.° 01444-2009-PHC/TC

LIMA

DORA DELGADO

BERLANGA

 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los 11 días del mes de agosto de 2009, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia

 

ASUNTO

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Héctor Eche Telles a favor de doña Dora Delgado Berlanga contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 174, su fecha 13 de enero de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos.

 

ANTECEDENTES

 

Con fecha 30 de octubre de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus a favor de doña Dora Delgado Berlanga, y la dirige contra doña Beatriz Merino Lucero- Defensora del Pueblo, don Francisco Miró Quesada Rada - Director del Diario El Comercio, don David Suárez Burgos, Juez del Trigésimo Juzgado Civil de Lima, don José Timarchi Meléndez, Fiscal Superior, doña Gladys Echáis, Fiscal de la Nación, don Francisco Távara Córdova,  Presidente del Poder Judicial y doña Elcira Vásquez Córtez,  Jefa de OCMA. Refiere que el 30 de octubre de 2008, a las 9 horas y 15 minutos aproximadamente, en las inmediaciones del edificio Alzamora Valdez, un efectivo de la PNP procedió a detenerla arbitrariamente para llevarla al despacho del Juez denunciado, en ejecución de un mandato judicial derivado del proceso de quiebra con fraude procesal (Exp. 25874-1998).

 

Agrega que los demandados conforman una asociación ilícita para delinquir por acción y omisión con ánimo de robarse dos inmuebles de propiedad de su empresa (Oropesa S.A.); que la Defensora del Pueblo fue elegida para defender los derechos fundamentales de la comunidad  y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal; que el Diario “El Comercio”, el Poder Judicial y la Fiscal de La Nación vienen realizando audiencias públicas con avisos millonarios con dinero perteneciente al Estado; y que la Defensora del Pueblo se niega a entablar denuncia contra el Juez denunciado.

 

La Juez del Quincuagésimo Juzgado Penal de Lima admite a trámite la demanda respecto de la presunta detención arbitraria y secuestro contra el magistrado denunciado y declara la improcedencia liminar contra los demás demandados, toda vez que el hecho y petitorio no forman parte directa del contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado.

 

Realizadas las diligencias de ley obra en autos, a fojas 38, el Acta de constatación de detención arbitraria realizada por la jueza, mediante la cual se recaba información del despacho del demandado, el cual refiere que la causa 25874-1998 proceso de quiebra se encuentra en trámite  y no se ha ordenado detención judicial alguna, cuanto más si es que se trata de un proceso civil y dicha denunciante no es parte del proceso.

  

El Quincuagésimo Séptimo Juzgado Penal de Lima, con fecha 14 de noviembre de 2008, declaró improcedente la demanda de hábeas corpus por considerar que no se ha afectado el derecho fundamental a la libertad personal, toda vez que no se realizó ninguna detención por parte del personal de protección interna.

 

La Sala revisora confirmó la apelada por similares fundamentos.

 

FUNDAMENTOS

 

  1. La demanda tiene por objeto cuestionar la supuesta detención arbitraria de la que habría sido objeto doña Dora Delgado Berlanga, el 30 de octubre de 2008, en las inmediaciones del Edificio Alzamora Valdez, la que habría sido realizada por un efectivo PNP por mandato del Juez demandado.

 

  1. La Constitución Política del Perú establece en el inciso 1), artículo 200°, que el hábeas corpus procede ante el hecho u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera la libertad individual o derechos conexos, así como frente a la amenaza de que se pueda producir tal vulneración. Asimismo en el artículo 2º, inciso 24), f) la Constitución establece que “Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito”.

 

3.      Asimismo  el artículo 7º, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que:

 

1.        Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

 

2.        Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

 

3.        Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

 

4.        Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.

 

5.        Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

 

6.        Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales.  En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido.  Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.

 

7.        Nadie será detenido por deudas.  Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.

 

  1. En el caso de autos, según la constatación realizada por la Jueza del Quincuagésimo Juzgado Penal de Lima, en el despacho del Juez David Suárez Burgos el 30 de octubre de 2008, el magistrado refiere que “(…) lo vertido es falso, que en su juzgado gira la causa 25874-1998, siendo este un proceso de Quiebra el cual se encuentra en trámite; no habiendo ordenado detención de persona alguna, mas aún si esta se trata de un proceso civil y donde esta persona no es parte, en el referido proceso(…)”(f. 38). Asimismo, mediante Oficio N.º 704-2008-JS-JAV-OSI–GG-PJ, del 7 de noviembre de 2008, remitido por el Jefe de Seguridad del Edificio Alzamora Valdez, se concluye que en esa fecha no se realizó ninguna intervención ni detención por parte del personal de Protección Interna de esa Jefatura, además de hacer hincapié que en el predio no existe carceleta alguna (f. 63).

 

  1. Finalmente no se ha verificado la detención arbitraria de la favorecida, toda vez que de los actuados e instrumentos citados no se ha establecido vulneración del derecho a la libertad individual, cuanto más si habiéndose notificado debidamente para rendir su declaración explicativa, la demandante no se ha apersonado al despacho judicial (f. 155,157). Por tal razón el presente proceso constitucional debe ser desestimado  en  aplicación  del artículo 2º, contrario sensu, del Código Procesal Constitucional.

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

HA RESUELTO

 

Declarando INFUNDADA demanda de hábeas corpus.

 

Publíquese y notifíquese.

 

 

SS.

 

MESÍA RAMÍREZ

BEAUMONT CALLIRGOS

ETO CRUZ