EXP. N.° 01893-2008-PA/TC
SANTA
MARGARITA AÍDA
DOMÍNGUEZ CUEVA
SENTENCIA
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 23 días del mes de noviembre
de 2009, la Sala Segunda
del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Álvarez Miranda, pronuncia la
siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio
constitucional interpuesto por doña Margarita Aída Domínguez Cueva contra la
sentencia expedida por la
Segunda Sala Civil de Chimbote la Corte Superior de
Justicia del Santa, de fojas 162, su fecha 4 de febrero de 2008, que declaró
improcedente la demanda de amparo de autos.
ANTECEDENTES
La recurrente interpone demanda
de amparo contra la Oficina
de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se
le restituya su pensión de invalidez, más devengados. Afirma que de forma
imperativa tuvo que someterse a un examen médico y que después se emitió una
resolución que dejó sin efecto la pensión de invalidez que venía percibiendo y
a la que considera tiene derecho.
La emplazada contesta la demanda
afirmando que a la demandante se le practicó un examen médico a cargo de la Comisión Médica
designada por ESSALUD que ha determinado que padece de un grado de discapacidad
que no le impide ganar un monto equivalente al que percibe como pensión, motivo
por el cual se declaró la caducidad de la pensión que se le había otorgado, en
aplicación del artículo 33º del Decreto Ley 19990.
El Quinto Juzgado Civil de
Chimbote, con fecha 21 de agosto de 2007, declaró fundada la demanda
considerando que no se ha determinado en la vía judicial que el certificado que
sustentó el otorgamiento de pensión sea falso y tampoco se ha comprobado que la
demandante padezca una enfermedad distinta.
La Sala Superior competente declaró improcedente la demanda
por estimar que de conformidad con el artículo 9.º del
Código Procesal Constitucional ésta no es la vía idónea para ventilarla
por carecer de etapa probatoria.
FUNDAMENTOS
§ Procedencia de la demanda
1.
En la STC 1417-2005-PA, publicada en
el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha
señalado que forma parte del contenido esencial
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las
disposiciones legales que establecen los requisitos para su obtención, y que
la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para
que sea posible emitir pronunciamiento.
§ Delimitación del petitorio
2.
La demandante
solicita que se le restituya la pensión de invalidez que venía percibiendo al
amparo del artículo 25º del Decreto Ley 19990, más devengados. En consecuencia
la pretensión está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b)
de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la
cuestión controvertida.
§ Análisis de
la controversia
3.
El inciso a) del
artículo 24º del Decreto Ley 19990 establece que se considera inválido: “Al
asegurado que se encuentra en incapacidad física o mental prolongada o
presumida permanente, que le impide ganar más de la tercera parte de la remuneración
o ingreso asegurable que percibiría otro trabajador de la misma categoría, en
un trabajo igual o similar en la misma región”.
4.
Por otro lado el
inciso a) del artículo 33º del Decreto Ley 19990, señala que la pensión de
invalidez caduca: “Por haber recuperado el pensionista la capacidad física o
mental o por haber alcanzado una capacidad, en ambos casos, en grado tal que le
permita percibir una suma cuando menos equivalente al monto de la pensión que
recibe”.
5.
A fojas 3 de autos
obra la Resolución
0000091388-2005-ONP/DC/DL 19990, de la que se desprende que se otorgó pensión
de invalidez a favor de la demandante de conformidad con el artículo 25º del
Decreto Ley 19990, por haberse considerado que se encontraba incapacitada para
laborar y que su incapacidad era de naturaleza permanente.
6.
Asimismo consta de la Resolución
106881-2006-ONP/DC/DL 19990 (f. 6), que amparándose en el literal a) del
artículo 33º del Decreto Ley 19990, ésta declaró caduca la pensión de invalidez
de la recurrente por considerar que del Dictamen de la Comisión Médica se
desprende que la actora presenta una enfermedad distinta a la que generó el
derecho a la pensión otorgada y además con un grado de incapacidad que no le
impide ganar un monto equivalente al que percibe como pensión.
7.
De autos se
advierte que la actora ha adjuntado un certificado del Ministerio de Salud (f.
77), el que conforme al artículo 26 del Decreto Ley 19990 no es idóneo para
desvirtuar los hechos argumentados por la ONP, por lo que se colige que a lo largo del
proceso la demandante no ha cumplido con acreditar la incapacidad aludida en la
demanda.
8.
A fojas 131 la ONP ofrece como medio de prueba
el Informe de Evaluación Médica de Incapacidad, con el que demuestra
fehacientemente lo argumentado en la resolución que declara la caducidad de la
pensión de invalidez de la demandante.
9.
Por consiguiente,
no se ha acreditado la vulneración de los derechos constitucionales invocados
por el recurrente, por lo que la demanda debe ser desestimada.
Por estos fundamentos, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política
del Perú
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda porque
no se ha acreditado la vulneración del derecho a la pensión.
Publíquese y notifíquese.
SS.
VERGARA GOTELLI
LANDA ARROYO
ÁLVAREZ MIRANDA