EXP. N.° 01913-2008-PA/TC

PIURA

PASCUAL RAMOS

ZAPATA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima (Piura), a los 8 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pascual Ramos Zapata contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 92, su fecha 24 de marzo de 2008, que declara improcedente la demanda de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se le otorgue una pensión de jubilación conforme al artículo 44 del Decreto Ley 19990, más devengados, intereses y costos.

La emplazada contesta la demanda alegando que el actor no cumple con los requisitos para acceder a una pensión de jubilación en el Sistema Nacional de Pensiones.

El Cuarto Juzgado Civil de Piura con fecha 30 de octubre de 2007, declara improcedente la demanda por estimar que ésta no es la vía idónea por carecer de etapa probatoria.

La Sala Superior competente confirma la apelada por el mismo fundamento.

FUNDAMENTOS

1. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA/TC publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forma parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales que establecen los requisitos para su obtención, y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento de mérito.

§ Delimitación del petitorio

2. En el presente caso, el actor pretende se le otorgue pensión de jubilación conforme al artículo 44 del Decreto Ley 19990, más devengados, intereses y costos.

§ Análisis de la controversia

3. Conforme al artículo 44 del Decreto Ley 19990, para tener derecho a una pensión de jubilación se requiere tener, en el caso de las hombres, como mínimo 55 años de edad y 30 años de aportaciones.

4. En el Documento Nacional de Identidad del demandante obrante a fojas 2 se registra que éste nació el 5 de abril de 1947, y que cumplió con la edad requerida para obtener la pensión solicitada el 5 de abril de 2002.

5. De la Resolución cuestionada (f. 3) y del Cuadro Resumen de Aportaciones (F. 18), se advierte que la demandada le denegó al actor la pensión de jubilación reconociéndole 18 años y 2 meses de aportaciones en el periodo comprendido entre los años 1972 a 1991.

6. El planteamiento utilizado por este Tribunal Constitucional para evaluar el cumplimiento del requisito de aportaciones dentro del Sistema Nacional de Pensiones se origina en la comprobación de la vinculación de naturaleza laboral entre el demandante y la entidad empleadora, y la consecuente responsabilidad, de origen legal, de esta última en el pago de los aportes a la entidad previsional. En efecto, a partir de la previsión legal contenida en los artículos 11 y 70 del Decreto Ley 19990 concordante con el artículo 13 del indicado texto legal, este Alto Tribunal ha interpretado de manera uniforme y reiterada que las aportaciones de los asegurados obligatorios deben tenerse por realizadas al derivar de su condición de trabajadores.

7. Por lo indicado, las pruebas que se presenten para acreditar el vínculo laboral deben ser sometidas a una valoración conjunta y efectuarse tanto en contenido como en forma, siempre teniendo en consideración que el fin último de este análisis probatorio es brindar protección al derecho a la pensión.

8. El criterio indicado ha sido ratificado en la STC 04762-2007-PA/TC precisando que “[…] en la relación de retención y pago de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, el trabajador ocupa una posición de desventaja, pues si bien él efectúa la aportación, es el empleador quien la retiene y la paga efectivamente ante la entidad gestora, es decir, es el responsable exclusivo de que las aportaciones ingresen al fondo de pensiones. Por su parte el empleador, al actuar como agente de retención, asume una posición de ventaja frente al trabajador por recaer en su accionar la posibilidad de que las aportaciones se realicen de manera efectiva, ya que puede retenerla de la remuneración del trabajador pero no pagarla ante la entidad gestora, pues el trabajador, en calidad de asegurado obligatorio, ocupa un rol de inacción y, por ello, está liberado de toda responsabilidad por el depósito de las aportaciones ante la entidad gestora. Ello implica también que la entidad gestora frente al empleador mantiene una posición de ventaja, ya que le puede imponer una multa por incumplimiento de pago de aportaciones retenidas o exigirle mediante los procedimientos legales el cobro de las aportaciones retenidas.”

9. Asimismo este Tribunal en el fundamento 26 de la STC N.° 4762-2007-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de octubre de 2008, ha señalado que para el reconocimiento de periodos de aportaciones que no han sido considerados por la ONP, el demandante, con la finalidad de generar suficiente convicción en el juez sobre la razonabilidad de su petitorio, puede adjuntar a su demanda como instrumento de prueba, los siguientes documentos: certificados de trabajo, las boletas de pago de remuneraciones, los libros de planillas de renumeraciones, la liquidaciones de tiempo de servicios o de beneficios sociales, las constancias de aportaciones de ORCINEA, del IPSS o de EsSalud, entre otros documentos.

10. Para acreditar las aportaciones referidas en los fundamentos precedentes y el cumplimiento de los requisitos legales que configuran el derecho, el demandante ha adjuntado un certificado de trabajo (F. 7) de Negociación Agrícola “Victoria” S.A. Hacienda “La Golondrina” donde afirma que el actor trabajó de 1960 a 1972, el que no causa convicción por no ser posible determinar el cargo dentro de la empresa del profesional que emite el certificado.

11. Respecto al certificado de trabajo de fojas 8, hay que señalar que no se considera por referirse a un periodo (de 1973 a 1991) que la demandada reconoce, máxime si dicho documento ha sido expedido por el ex presidente de la Cooperativa, que no es persona idónea para emitir el certificado.

12. En ese sentido el actor no acredita reunir los requisitos para acceder a una pensión, por consiguiente no acreditándose la vulneración de los derechos constitucionales invocados por el recurrente, por lo que la demanda debe ser desestimada.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda

Publíquese y notifíquese.

SS.

VERGARA GOTELLI

LANDA ARROYO

ÁLVAREZ MIRANDA