EXP.
N.° 02144-2009-PA/TC
LIMA
ROBERTO
ATO
DEL
AVELLANAL
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima (Arequipa), 2 de septiembre de 2009
VISTO
El recurso de agravio
constitucional interpuesto por Roberto Ato Del Avellanal contra la
resolución de fecha 25 de noviembre del 2008, segundo cuaderno, expedida por la Sala de Derecho
Constitucional y Social de la
Corte Suprema de Justicia de la República que,
confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y
ATENDIENDO A
1.
Que con fecha 16 de
noviembre del 2007 el recurrente interpone demanda de amparo contra los vocales
integrantes de la Sala
de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de
Justicia de la República,
Dres. Claudio Luis Gazzolo Villata, Julio Pachas Avalos, Irma Flor Estrella Cama, Roger
Williams Ferreira Vildozola
y Jaime Aníbal Salas Medina, solicitando se deje sin efecto la resolución de
fecha 16 de agosto del 2007 que confirmó la improcedencia de su pedido de medida
cautelar. Sostiene, que en el contexto de la interposición de una demanda de
amparo, solicitó medida cautelar en forma de anotación demanda (amparo) en la
ficha Nº 008263 y su continuación Nº 02005304 de la Oficina Registral
Piura, cumpliendo con las exigencias establecidas en los artículos 608º y
610º del Código Procesal Civil. Refiere que, en tal sentido, precisó la forma y
bienes sobre los que recaería la medida cautelar, y sustentó ampliamente la
verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora. No obstante ello,
la Sala Suprema
demandada confirmó la improcedencia de su medida cautelar; lo cual vulnera su
derecho al debido proceso.
2.
Que con resolución
de fecha 20 de noviembre del 2007 la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Lima declara improcedente la demanda por considerar que no se
evidencia un manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva. A su turno, la Sala de Derecho
Constitucional y Social de la
Corte Suprema de Justicia de la República confirma la
apelada por considerar que lo realmente pretendido por el recurrente es generar
una supra instancia revisora de los procesos
ordinarios.
3.
Que del análisis de
la demanda así como de sus recaudos se desprende que la pretensión del
recurrente no está referida al ámbito constitucionalmente protegido de los
derechos que invoca, pues como es de advertirse la evaluación de los hechos,
así como la interpretación, aplicación e inaplicación de las normas del Código
Procesal Civil referidas a los requisitos para el otorgamiento de una medida
cautelar son atribuciones que corresponden ser ejercidas por la
jurisdicción competente para otorgarla, las cuales deben orientarse por las
reglas específicas establecidas para tal propósito así como por los valores y
principios que informan la función jurisdiccional, ya que dicha facultad
constituye la materialización de la independencia en el ejercicio de la función
jurisdiccional que la
Norma Fundamental reconoce a este Poder del Estado, no siendo
competencia ratione materia de los
procesos constitucionales evaluar las decisiones judiciales, a menos que se
aprecie un proceder irrazonable, lo que no sucede en el presente caso; pues es
de advertirse que este Tribunal Constitucional, con resolución de fecha 14 de
abril del 2009 recaída en el Expediente N.º 05460-2007-PA/TC, declaró improcedente la demanda
(cuaderno principal) interpuesta por el recurrente contra los vocales integrantes de la Segunda Sala Civil de
Lima, lo cual comprueba el incumplimiento de los requisitos para el
otorgamiento de la medida cautelar y subsecuentemente la calidad de arreglada a
derecho de la resolución cuestionada.
4.
Que consideramos
oportuno subrayar que el proceso de amparo en general y el amparo contra
resoluciones judiciales en particular no pueden constituirse en mecanismos de
articulación procesal de las partes, mediante los cuales se pretende extender
el debate de las cuestiones sustantivas y procesales ocurridas en un proceso
anterior, sea este de naturaleza que fuere. El amparo contra resoluciones
judiciales requiere, pues, como presupuestos procesales indispensables, la
constatación de un agravio manifiesto a los derechos fundamentales de las
personas que comprometa seriamente su contenido constitucionalmente protegido
(artículo 5º inciso 1 del Código Procesal Constitucional); en razón de ello, la
demanda debe ser desestimada.
Por estas consideraciones, el Tribunal
Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política
del Perú y su Ley Orgánica,
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE la
demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
VERGARA GOTELLI
MESÍA RAMÍREZ
LANDA ARROYO
BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN
ETO CRUZ
ÁLVAREZ MIRANDA