EXP. N.° 02163-2008-PA/TC

JUNÍN

DEMETRIO MARCELO

QUINTO ESTRADA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 12 de mayo de 2009

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Demetrio Marcelo Quinto Estrada contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Junin, de fojas 120, su fecha 18 de marzo de 2008 que declara improcedente la demanda de amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que el actor interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional, a fin de que se le otorgue renta vitalicia por enfermedad profesional conforme al Decreto Ley N.º 18846 más devengados. En consecuencia, la pretensión del recurrente está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de STC N.º 1417-2005-PA, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida.

2. Este Colegiado, en las STC N.º 2513-2007-PA/TC, ha precisado los criterios respecto a las situaciones relacionadas con la aplicación del Régimen de Protección de Riesgos Profesionales (accidentes y enfermedades profesionales).

3. De ahí que los procesos de amparo referidos al otorgamiento de pensión vitalicia conforme al Decreto Ley N.º 18846 o pensión de invalidez conforme a la Ley N.º 26790 la enfermedad profesional únicamente podrá ser acreditada con un examen o dictamen médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de Essalud o de una EPS, conforme lo señala el artículo 26º del Decreto Ley N.º 19990. Debiéndose tener presente que si a partir de la verificación posterior se comprobara que el Certificado Médico de Invalidez es falso o contiene datos inexactos, serán responsables de ello penal y administrativamente, el médico que emitió el certificado y cada uno de los integrantes de la Comisiones Médicas de las entidades referidas, y el propio solicitante. En tal sentido dichos dictámenes o exámenes médicos constituyen la única prueba idónea para acreditar que una persona padece de una enfermedad profesional, y por ende, tiene derecho a una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley N.º 18846, o a una pensión de invalidez conforme a la Ley N.º  26790 y al Decreto Supremo N.º 009-97-SA.

4. A fin de acreditar que padece de enfermedad profesional, el demandante ha presentado el Certificado Médico de Invalidez, emitido por el Instituto de Salud Ocupacional  Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente de Salud CENSOPAS (fojas 7) y la historia Clínica (fojas 76 a 82) de los que se desprende que el actor padece de neumoconiosis, por lo que mediante Resolución de fecha 3 de noviembre de 2008, se solicitó el examen o dictamen medico emitido por la Comisión Médica Evaluadora correspondiente. Sin embargo, habiendo transcurrido el plazo otorgado para tal fin sin haberse obtenido la información solicitada, corresponde a este Colegiado emitir un pronunciamiento con las instrumentales que obran en autos.

5. Por tanto, el demandante no ha podido demostrar con las pruebas aportadas que adolece de una enfermedad profesional, debido a que, no son los documentos idóneos para acreditar el padecimiento de la misma, siendo necesario dilucidar la controversia en un proceso que cuente con etapa probatoria, de conformidad con lo establecido por el artículo 9º del Código Procesal Constitucional.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, quedando a salvo el derecho del actor para que lo haga valer conforme a ley.

Publíquese y notifíquese.

SS.

VERGARA GOTELLI

LANDA ARROYO

ÁLVAREZ MIRANDA