EXP. N.° 02269-2007-PA/TC

LIMA

ROY ALBERTO

MELGAR ALTAMIRANO

 

  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  

En Lima, a los 26 días del mes de noviembre de 2008, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto en discordia del magistrado Vergara Gotelli, adjunto y el voto dirimente del magistrado Eto Cruz, que también se adjunta.

 

ASUNTO

 

            Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roy Alberto Melgar Altamirano contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 282, su fecha 15 de enero de 2007, que declara improcedente la demanda de autos.

 

 ANTECEDENTES

 

            Con fecha 11 de octubre de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra la Asociación Mutualista de Técnicos y Sub Oficiales del Ejército del Perú  (AMUTSEP), solicitando como pretensión principal se deje sin efecto la sanción disciplinaria de suspensión, exclusión y revisión de la exclusión como socio, y como pretensión accesoria que le sean repuestos sus derechos asociativos en igual acto de asamblea extraordinaria; aduce que se lesionan sus derechos de defensa, debido proceso, libertad de asociación, a la motivación escrita de toda resolución judicial o administrativa sea pública o privada e igualdad y no discriminación.

 

            Afirma el recurrente que mediante acuerdos adoptados en diversas asambleas extraordinarias se decidió suspenderlo indefinidamente y excluirlo, y que posteriormente se revisó su exclusión, siendo ésta confirmada. Sostiene que las convocatorias a asambleas no especificaron en forma individual un debate respecto a la imposición de una sanción disciplinaria al recurrente como socio o ex miembro del consejo directivo, y que la carta notarial donde se le informa de su sanción de suspensión no fue debidamente motivada.

 

La asociación demandada deduce la excepción de caducidad y respecto al fondo de la demanda afirma que el demandante se sometió voluntariamente al proceso administrativo disciplinario institucional, donde se le dio la oportunidad de ejercer su derecho de defensa.

 

             El Trigésimo Noveno Juzgado Civil de Lima, con fecha 18 de julio de 2006, declara infundada la excepción de caducidad y fundada en parte la demanda. Fundada respecto a la pretensión principal por considerar que en las asambleas se han debatido y acordado temas que no eran materia de convocatoria y que las sanciones no fueron debidamente motivadas; e infundada la pretensión accesoria por considerar que toda vez que la pretensión principal tiene amparo en la presente causa, bastará para reponer el derecho los alcances de la sentencia a expedirse por el juzgador.

 

            La recurrida revoca la apelada en todos sus extremos y declara improcedente la demanda por considerar que los acuerdos adoptados por asamblea general deben de ser impugnados utilizando la vía específica de impugnación judicial de acuerdos; y señala que carece de objeto pronunciarse respecto a la excepción de caducidad.

 

FUNDAMENTOS

 

1.      El objeto del presente proceso consiste en que se deje sin efecto la sanción disciplinaria de suspensión, exclusión y revisión de la exclusión impuesta al actor y como pretensión accesoria que se le reponga sus derechos asociativos en igual acto de asamblea general.

 

2.      Respecto al extremo que solicita se deje sin efecto la sanción de suspensión temporal, que le fue impuesta al actor en aplicación del artículo 14 del Estatuto de la Asociación, ésta no fue cuestionada por el demandante y le fue notificada con fecha 30 de marzo de 2003.

 

3.      La sanción de suspensión conforme lo establece el artículo 14 del estatuto de la Asociación:

 

“(...) es la sanción temporal de 6 a 12 meses, que impone la Asamblea General a los Asociados para ejercitar sus derechos contemplados en el artículo 10 excepto los auxilios mutuales por incumplimiento de sus deberes”.

 

4.      De lo señalado en el párrafo precedente se concluye que a la fecha de interposición de la demanda ya había transcurrido el plazo establecido de suspensión, por lo que este extremo debe ser declarado improcedente de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 inciso 5) del Código Procesal Constitucional.

 

5.      Respecto al extremo de la demanda que solicita se deje sin efecto la sanción de exclusión y revisión de la exclusión debe precisarse que si bien mediante Carta Notarial de fecha 30 de setiembre de 2003 se puso en conocimiento del demandante el acuerdo de la Asamblea General por el cual se resuelve su exclusión de la asociación, que obra a fojas 5,  esta sanción fue impugnada por el demandante siendo revisada y confirmada mediante Asamblea General de fecha 28 de setiembre de 2005, por lo que la demanda fue interpuesta dentro del plazo de 60 días previsto en el artículo 44 del Código Procesal Constitucional.

 

6.      El demandante sostiene, tanto en su demanda como en su recurso de agravio constitucional, que fue dos veces excluido de la asociación; sin embargo de autos se advierte que en Asamblea General de fecha 28 de setiembre de 2005 se confirma la medida de exclusión del demandante, por tanto, no constituye una sanción independiente y diferente de la sanción de exclusión impuesta en asamblea general de fecha 27 de setiembre de 2003.

 

7.      Entre los derechos fundamentales de naturaleza procesal destaca el derecho de defensa, el mismo que se proyecta como un principio de interdicción de ocasionarse indefensión y como un principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes de un proceso o de un tercero con interés. Al respecto el Tribunal Constitucional ha sostenido mediante STC Expediente N 0649-2002-AA/TC (fundamento 4) que:

 

(...) el derecho de defensa consiste en la facultad de toda persona de contar con el tiempo y los medios necesarios para ejercerlo en todo tipo de procesos, incluidos los administrativos, lo cual implica, entre otras cosas, que sea informada con anticipación de las actuaciones iniciadas en su contra.

 

8.      En el presente caso de la revisión de autos se desprende que la responsabilidad atribuida al recurrente se basó en los informes N.º 008-AMUTSEP/CP-SEC-2003 y N.º 017-AMUTSEP/CV-SEC-2005, cuyo texto no adjunta la demandada, emitidos por el Consejo de Vigilancia de la asociación,  no apreciándose que en el desarrollo del  procedimiento sancionador se haya notificado al recurrente de los cargos existentes en su contra a fin de que pudiese ejercer su derecho de defensa, pese a que constituía una obligación de la asociación emplazada otorgarle al recurrente tal derecho, poniendo en conocimiento expreso de él y todos los asociados los puntos a debatirse en las asambleas generales para que presentara los descargos que estimara pertinentes, más aún considerando la gravedad de la sanción administrativa.

 

9.      Por otro lado la Asamblea General estaba en la obligación de dar a conocer los motivos que sustentaban sus decisiones, lo que en el caso de autos no ha ocurrido, pues obra a fojas 5 la Carta Notarial de fecha 30 de setiembre de 2003, en la que solo se le informa al recurrente del acuerdo de exclusión de la asociación adoptado por la asamblea general, sin detallar los motivos que justifican tal decisión. El derecho a la motivación debida constituye una garantía fundamental en los supuestos en que con la decisión emitida se afecta de manera negativa la esfera o situación jurídica de las personas. Así, toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente, será arbitraria y, en consecuencia, inconstitucional.

 

10.  Respecto a la pretensión accesoria este Colegiado considera que no es amparable puesto que la restitución como asociado se logra a través de una sentencia, no siendo necesario que se haga por medio de una asamblea general.

 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

HA RESUELTO

 

1.      Declarar FUNDADA la demanda en el extremo que solicita se deje sin efecto la sanción de exclusión de la asociación.

 

2.      Ordenar a la Asociación Mutualista de Técnicos y Sub Oficiales del Ejército del Perú (AMUTSEP) que proceda de manera inmediata e incondicional a la reincorporación de don Roy Alberto Melgar Altamirano como miembro de la asociación.

 

3.      Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo en el extremo en que solicita se deje sin efecto la sanción de suspensión del actor.

 

4.      Declarar INFUNDADA la pretensión accesoria.

 

Publíquese y notifíquese.

 

 

SS.

 

MESÍA RAMÍREZ

ETO CRUZ

ÁLVAREZ MIRANDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP. N.° 02269-2007-PA/TC

LIMA

ROY ALBERTO

MELGAR ALTAMIRANO

 

 

VOTO DEL MAGISTRADO ETO CRUZ

 

Me adhiero a lo resuelto por los magistrados Mesía Ramírez y Álvarez Miranda, y con el respeto que se merece el magistrado cuyo voto genera la discordia, considero oportuno subrayar de manera particular los siguientes fundamentos:

 

1.         Ya en anteriores oportunidades hemos dejada sentada nuestra posición respecto a la naturaleza residual de los procesos constitucionales y se ha sostenido que “… los procesos constitucionales en general y el proceso constitucional de amparo en específico, tienen una naturaleza residual. Pues negar ello sería contradecir lo que el propio Código Procesal Constitucional ha establecido como causal de improcedencia en el artículo 5º inciso 2 cuya cláusula de residualidad establece que: “No proceden los procesos constitucionales cuando: … 2.- Existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del proceso de hábeas corpus…”. En consecuencia el proceso constitucional de amparo es residual porque no se puede acudir a este proceso para la defensa de cualquier derecho constitucional, si esa misma defensa puede lograrse a través de algún proceso en la vía judicial ordinaria…” (STC. 0644-2006-PA/TC). Sin embargo, la determinación de la existencia de una vía idónea corresponde al operador jurisdiccional y dependerá de cada caso en concreto.

 

2.         En el caso concreto, se alega la afectación del derecho al debido proceso en su vertiente del derecho de defensa del recurrente por parte de la Asociación Mutualista de Técnicos y Sub oficiales del Ejército del Perú (AMUTSEP) con lo que queda perfectamente acreditada la relevancia constitucional de la controversia. Por ello no compartimos la opinión del magistrado cuyo voto genera la discordia, pues si bien es cierto que existe en la justicia ordinaria un recurso para impugnar los acuerdos tomados en el seno de una asamblea general de una asociación, no es menos cierto que dicha vía no resulta ser la más idónea para la reivindicación de los derechos constitucionales conculcados. Con lo que le está perfectamente habilitada la facultad del Tribunal Constitucional de emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia.

 

3.         Como se ha dejado ya señalado en el considerando precedente, se alega la vulneración del derecho al debido proceso administrativo, específicamente la vertiente del derecho de defensa, que se proyecta como un principio de interdicción de ocasionarse indefensión y como un principio de contradicción de aquellos actos que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes sometidas a un proceso; así lo ha señalado el Tribunal Constitucional en la STC N.º 0649-2002-AA/TC cuando ha señalado que: “… el derecho de defensa consiste en la facultad de toda persona de contar con el tiempo y los medios necesarios para ejercerlo en todo tipo de procesos, incluidos los administrativos, lo cual implica entre otras cosas, que sea informada con anticipación de las actuaciones iniciadas en su contra…”.

 

4.         Que al efectuar el análisis del expediente se concluye que la atribución de responsabilidad hecha al demandante se basó en los Informes N.º 008-AMUTSEP/CP-SEC-2003 y N.º 017-AMUTSEP/CV-SEC-2005, emitidos por el Consejo de Vigilancia de la entidad demandada, no apreciándose que en el procedimiento sancionador se haya notificado al recurrente con los cargos existentes en su contra a fin de que éste pudiera ejercer su derecho de defensa, con lo que la demandada se ha sustraído a una obligación a la cual está obligada por mandato constitucional, más aún si tenemos en cuenta la gravedad de la sanción impuesta.

 

5.         A mayor abundamiento se puede traducir del expediente objeto de análisis que todo órgano sea jurisdiccional o administrativo está en la obligación de motivar las decisiones que toma, lo que en el caso de autos no ha ocurrido, pues de la Carta Notarial que obra a fojas 5, de fecha 30 de septiembre de 2003, no se aprecia fundamentación alguna respecto de la decisión de exclusión tomada, pues en ella sólo se evidencia una simple comunicación que se le efectúa al demandante, con lo que se habría afectado también el derecho a la motivación debida, la cual es una garantía fundamental en casos como en de autos, en el que la decisión emitida afecta de manera negativa la esfera o situación jurídica de las personas.

  

Por las consideraciones anteriormente expresadas manifiesto mi conformidad con el íntegro del fallo en mayoría.

 

 

Sr.

 

ETO CRUZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP. N.° 02269-2007-PA/TC

LIMA

ROY ALBERTO

MELGAR ALTAMIRANO

 

 

 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS MESÍA RAMÍREZ

Y ÁLVAREZ MIRANDA

 

            Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roy Alberto Melgar Altamirano contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 282, su fecha 15 de enero de 2007, que declara improcedente la demanda de autos, los magistrados firmantes emiten el siguiente voto:

 

 ANTECEDENTES

 

            Con fecha 11 de octubre de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra la Asociación Mutualista de Técnicos y Sub Oficiales del Ejército del Perú  (AMUTSEP), solicitando como pretensión principal se deje sin efecto la sanción disciplinaria de suspensión, exclusión y revisión de la exclusión como socio y, como pretensión accesoria, que le sean repuestos sus derechos asociativos en igual acto de asamblea extraordinaria; por considerar que se lesionan sus derechos de defensa, debido proceso, libertad de asociación, a la motivación escrita de toda resolución judicial o administrativa sea pública o privada e igualdad y no discriminación.

 

            Afirma el recurrente que mediante acuerdos adoptados en diversas asambleas extraordinarias se decidió suspenderlo indefinidamente y excluirlo, y que posteriormente se revisó su exclusión, siendo ésta confirmada. Sostiene que las convocatorias a asambleas no especificaron en forma individual un debate respecto a la imposición de una sanción disciplinaria al recurrente como socio o ex miembro del Consejo Directivo, asimismo alega que la carta notarial donde se le informa de su sanción de suspensión no fue debidamente motivada.

 

La asociación demandada deduce la excepción de caducidad y respecto al fondo de la demanda afirma que el demandante se sometió voluntariamente al proceso administrativo disciplinario institucional, donde se le dio la oportunidad de ejercer su derecho de defensa.

 

            El Trigésimo Noveno Juzgado Civil de Lima, con fecha 18 de julio de 2006, declara infundada la excepción de caducidad y fundada en parte la demanda. Fundada respecto a la pretensión principal por considerar que en las asambleas se han debatido y acordado temas que no eran materia de convocatoria y que las sanciones no fueron debidamente motivadas; e infundada la pretensión accesoria por considerar que toda vez que la pretensión principal tiene amparo en la presente causa, bastará para reponer su derecho los alcances de la sentencia a expedirse por el juzgador.

 

            La recurrida revoca la apelada en todos sus extremos y declara improcedente la demanda por considerar que los acuerdos adoptados por asamblea general deben de ser impugnados utilizando la vía específica de impugnación judicial de acuerdos; y señala que carece de objeto pronunciarse respecto a la excepción de caducidad.

 

FUNDAMENTOS

 

11.  El objeto del presente proceso consiste en que se deje sin efecto la sanción disciplinaria de suspensión, exclusión y revisión de la exclusión impuesta al actor y como pretensión accesoria que se le repongan sus derechos asociativos en igual acto de asamblea general.

 

12.  Respecto al extremo en que solicita se deje sin efecto la sanción de suspensión temporal, que le fue impuesta al actor en aplicación del artículo 14 del Estatuto de la Asociación, ésta no fue cuestionada por el demandante y le fue notificada con fecha 30 de marzo de 2003.

 

13.  La sanción de suspensión conforme lo establece el artículo 14 del estatuto de la Asociación:

 

“(...) es la sanción temporal de 6 a 12 meses, que impone la Asamblea General a los Asociados para ejercitar sus derechos contemplados en el artículo 10 excepto los auxilios mutuales por incumplimiento de sus deberes”.

 

14.  De lo señalado en el párrafo precedente concluimos en que a la fecha de interposición de la demanda ya había transcurrido el plazo establecido de suspensión, por lo que este extremo debe ser declarado improcedente de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 inciso 5) del Código Procesal Constitucional.

 

15.  Respecto al extremo de la demanda en que solicita se deje sin efecto la sanción de exclusión y revisión de la exclusión debemos señalar que si bien mediante Carta Notarial de fecha 30 de setiembre de 2003 se pone en conocimiento del demandante el acuerdo de la Asamblea General por el cual se resuelve su exclusión de la asociación, que obra a fojas 5,  esta sanción fue impugnada por el demandante siendo revisada y confirmada mediante Asamblea General de fecha 28 de setiembre de 2005, por lo que la demanda fue interpuesta dentro del plazo de 60 días previsto en el artículo 44 del Código Procesal Constitucional.

 

16.  El demandante sostiene, tanto en su demanda como en su recurso de agravio constitucional, que fue dos veces excluido de la asociación; sin embargo de autos advertimos que en asamblea general de fecha 28 de setiembre de 2005 se confirma la medida de exclusión del demandante, por tanto, no constituye una sanción independiente y diferente de la sanción de exclusión impuesta en asamblea general de fecha 27 de setiembre de 2003.

 

17.  Entre los derechos fundamentales de naturaleza procesal, destaca el derecho de defensa, el mismo que se proyecta como un principio de interdicción de ocasionarse indefensión y como un principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes de un proceso o de un tercero con interés. Al respecto el Tribunal Constitucional ha sostenido mediante STC Expediente N 0649-2002-AA/TC (fundamento 4) que:

 

(...) el derecho de defensa consiste en la facultad de toda persona de contar con el tiempo y los medios necesarios para ejercerlo en todo tipo de procesos, incluidos los administrativos, lo cual implica, entre otras cosas, que sea informada con anticipación de las actuaciones iniciadas en su contra.

 

18.  En el presente caso de la revisión de autos se desprende que la responsabilidad atribuida al recurrente se basó en los informes N.º 008-AMUTSEP/CP-SEC-2003 y N.º 017-AMUTSEP/CV-SEC-2005, cuyo texto no adjunta la demandada, emitidos por el Consejo de Vigilancia de la asociación,  no apreciándose que en el desarrollo del  procedimiento sancionador se haya notificado al recurrente con los cargos existentes en su contra a fin de que éste pudiese ejercer su derecho de defensa pese a que constituía una obligación de la asociación emplazada otorgarle al recurrente tal derecho, poniendo en conocimiento expreso de él y todos los asociados los puntos a debatirse en las asambleas generales para que presentara los descargos que estimara pertinentes, más aún considerando la gravedad de la sanción administrativa.

 

19.  Por otro lado la Asamblea General estaba en la obligación de dar a conocer los motivos que sustentaban sus decisiones, lo que en el caso de autos no ha ocurrido, pues obra a fojas 5 la Carta Notarial de fecha 30 de setiembre de 2003, en la que solo se le informa del acuerdo de exclusión de la asociación adoptado por la asamblea general, sin detallar los motivos que justifican tal decisión. El derecho a la motivación debida constituye una garantía fundamental en los supuestos en que con la decisión emitida se afecta de manera negativa la esfera o situación jurídica de las personas. Así, toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente, será arbitraria y, en consecuencia, inconstitucional.

 

20.  Respecto a la pretensión accesoria consideramos que no es amparable puesto que la restitución como asociado se logra a través de una sentencia, no siendo necesario que se haga por medio de una asamblea general.

 

Por estas razones nuestro voto es porque se declare FUNDADA la demanda en el extremo que solicita se deje sin efecto la sanción de exclusión de la asociación; porque se declare IMPROCEDENTE la demanda de amparo en el extremo en que solicita se deje sin efecto la sanción de suspensión; porque se ordene a la Asociación Mutualista de Técnicos y Sub Oficiales del Ejército del Perú (AMUTSEP) que proceda de manera inmediata e incondicional a la reincorporación de don Roy Alberto Melgar Altamirano como miembro de la asociación; y porque se declare INFUNDADA la pretensión accesoria.

 

 

Sres.

 

 

MESÍA RAMÍREZ

ÁLVAREZ MIRANDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP. N.° 02269-2007-PA/TC

LIMA

ROY ALBERTO

MELGAR ALTAMIRANO

 

 

VOTO EN DISCORDIA DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI

 

Emito el presente voto en discordia por los siguientes fundamentos:

 

1.      Con fecha 11 de octubre de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra la Asociación Mutualista de Técnicos y Sub Oficiales del EjÉrcito del Perú (AMUTSEP), solicitando como pretensión principal se deje sin efecto la sanción disciplinaria de suspensión, exclusión y revisión de la exclusión como socio y, como pretensión accesoria, que le sean repuestos sus derechos asociativos en igual acto de Asamblea Extraordinaria, por considerar que se lesionan sus derechos de defensa, debido proceso, libertad de asociación, a la motivación escrita de toda resolución judicial o administrativa sea pública o privada e igualdad y no discriminación.

     

Sostiene el recurrente que por acuerdos adoptados en diversas asambleas extraordinarias se decidió suspenderlo indefinidamente y excluirlo, y que posteriormente se revisó su exclusión, siendo ésta confirmada. Sostiene que las convocatorias a asambleas no especificaron en forma individual un debate respecto a la imposición de una sanción disciplinaria al recurrente como socio o ex miembro del Consejo Directivo; asimismo agrega que la Carta Notarial donde se le informa de su sanción de suspensión no fue debidamente motivada.

 

2.      La asociación demandada deduce excepción de caducidad. La Asociación es una persona jurídica sin fines de lucro que cuando se trata de una institución de derecho privado como la demandada, en el presente caso rige su vida institucional conforme a su Estatuto, el que debe constar en Escritura Pública e inscribirse en el correspondiente Registro Público.

 

3.      El Trigésimo Noveno Juzgado Civil de Lima con fecha 18 de julio de 2006 declaró infunda la excepción de caducidad propuesta por la demandada y fundada en parte la demanda respecto a la pretensión principal por considerar que en las asambleas se ha debatido y acordado temas que no eran materia de convocatoria y que las sanciones no fueron debidamente motivadas, e infundada la pretensión accesoria por considerar que basta con el pronunciamiento del juzgador sobre la pretensión principal ya que se encuentra dentro de sus alcances.

 

La recurrida revoca la apelada en todos sus extremos y declara improcedente la demanda por considerar que los acuerdos adoptados por asamblea general deben ser impugnados utilizando la vía específica de impugnación judicial de acuerdos y agrega además que carece de objeto pronunciarse respecto de la excepción de caducidad.

 

4.      El presente caso trata de una temática que incide sobre un conflicto entre asociado y una Asociación que como persona jurídica de derecho privado rige su vida institucional por lo que determina su Estatuto Social y, supletoriamente, el Código Civil en sus artículos 76 y siguientes.

 

5.      El Estatuto según lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 82 del Código Civil, debe contener las condiciones para la admisión, renuncia y exclusión de sus miembros, constituyendo la Asamblea General de Asociados el Órgano Supremo (artículo 84 del acotado código) ante la que el asociado afectado por una decisión de estamento interno de inferior categoría o nivel debe recurrir necesariamente.

 

6.      Frente a lo decidido, el artículo 92 del citado Código Civil ha previsto que “... todo asociado tiene derecho a impugnar judicialmente los acuerdos que violen las disposiciones legales o estatutarias... La impugnación se demanda ante el Juez Civil del domicilio de la asociación y se tramita como proceso abreviado…”. En consecuencia no puede el asociado saltar esta valla para exigir tutela jurídica al órgano jurisdiccional constitucional, burlando la exigencia condicionante de acudir a la vía procedimental específica que le señala el inciso 2 del artículo 5º del Código Procesal Constitucional, por lo que mal hace al traer su impugnación al proceso constitucional teniendo la vía ordinaria específicamente prevista en la ley.

 

7.      En consecuencia la demanda debe ser declarada improcedente porque existe vía procedimental específica, igualmente satisfactoria, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado; es decir existe la vía idónea del proceso abreviado al que se puede recurrir para solicitar tutela del derecho que invoca, sede en la que ha de ejercer a plenitud su derecho de defensa en debido proceso.

 

Por estas consideraciones mi voto es porque se confirme la resolución venida en grado, en consecuencia se declare IMPROCEDENTE la demanda de amparo.

 

SR.

 

VERGARA GOTELLI