EXP.
N.° 02280-2008-PA/TC
HUÁNUCO
WIKLER MENA
CHÁVEZ
RESOLUCIÓN DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 8 de junio de 2009
VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por
don Wikler Mena Chávez
contra la resolución de la Sala Superior Civil de la Corte Superior de
Justicia de Huánuco, de fojas 174, su fecha 11 de
abril de 2008, que confirmando la apelada declaró improcedente in límine la demanda de amparo de autos; y,
ATENDIENDO A
1.
Que con fecha 6 de diciembre de 2007 el
recurrente interpone demanda de amparo contra el Consejo Nacional de la Magistratura con el
objeto que se declare nula la
Resolución N.º 057-2007-PCNM, de
fecha 7 de junio de 2007, que lo destituye del cargo de Juez del Juzgado Mixto
de Yanahuanca, y que se lo reponga en el respectivo
cargo con el reconocimiento del tiempo de servicios por todos los años y meses
que se encuentra sin poder desempeñar su cargo. Sostiene que la cuestionada
resolución lesiona sus derechos al debido proceso, a la igualdad ante la ley, a
probar y a la debida motivación, pues “ha utilizado un criterio sancionador
desigual, injusto, desproporcional e irracional”
sustentando su decisión en criterios subjetivos y no justificados debidamente.
2.
Que con fecha 14 de diciembre de 2007 el
Segundo Juzgado Mixto de Huánuco declaró improcedente
la demanda por considerar que la pretensión del recurrente no puede ser
conocida mediante un proceso como el amparo. Por su parte la Sala Superior
revisora confirmó la apelada por los mismos fundamentos.
3.
Que
sobre el particular conviene precisar que el cuestionamiento del recurrente
consiste fundamentalmente en que la resolución sancionadora no ha sido
debidamente motivada. Sin embargo tal objeción no resulta exacta debido a que
en dicha resolución se procede a un detallado análisis de los cargos atribuidos
al recurrente; en efecto, respecto al avocamiento indebido se desarrolla
sucintamente el “Primer Cargo”, y respecto a la presunta existencia de parcializacion e injerencia en la tramitación de
determinados expedientes, en “el segundo cargo imputado”. En tal sentido no
puede objetarse a esta resolución la motivación de la conclusión a la cual
arriba.
4.
Que de lo expuesto resulta evidente que
más allá de la alegada vulneración de sus derechos al debido proceso,
a la igualdad ante la ley, al derecho a probar y a la motivación, lo que realmente pretende el demandante es exigir al
juez constitucional asumir una competencia exclusiva del Consejo Nacional de la Magistratura. En
efecto, la competencia para determinar: i) si en un caso concreto se han
producido o no supuestos de “inconducta funcional” o
que menoscaban el decoro y la honorabilidad del cargo judicial; o ii) si la valoración de los medios probatorios son
conducentes a acreditar determinados niveles de responsabilidad que den mérito
a una sanción de destitución, es exclusiva del Consejo Nacional de la Magistratura, salvo,
claro está, que hubiese actuado de modo manifiestamente irrazonable, situación
que no se evidencia en este caso. En suma, habiéndose verificado que la
pretensión del recurrente no se encuentra relacionada directamente con la
afectación de un contenido susceptible de protección en un proceso
constitucional, es de aplicación el artículo 5º, inciso 1) del Código Procesal
Constitucional.
Por estas consideraciones,
el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política
del Perú
RESUELVE
Declara
IMPROCEDENTE la demanda de amparo.
Publíquese
y notifíquese.
SS.
VERGARA GOTELLI
MESÍA RAMÍREZ
LANDA ARROYO
BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN
ETO CRUZ
ÁLVAREZ
MIRANDA