EXP.
N.° 02577-2009-PA/TC
JUNÍN
TEOFILO
RETAMOZO
MENDOZA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 25 días del mes
de noviembre de 2009, la
Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los
magistrados Mesía Ramírez, Beaumont
Callirgos y Eto Cruz,
pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio
constitucional interpuesto por don Teófilo Retamozo
Mendoza contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Mixta de
Huancayo de la Corte
Superior de Justicia de Junín, de fojas 147, su fecha 30 de
enero de 2009, que declaró infundada la demanda de autos.
ANTECEDENTES
El recurrente interpone demanda
de amparo contra la Oficina
de Normalización Previsional (ONP), solicitando que
se declare inaplicable la
Resolución N.° 0000024500-ONP/DC/DL 19990, de fecha 6 de
marzo de 2006, que le otorga una pensión diminuta y por consiguiente, se le
abone pensión máxima de jubilación dentro de los alcances del Decreto
Supremo 030-89-TR concordante con el Decreto de Urgencia 012-2000, en virtud de
los artículos 10º y 78º del Decreto Ley 19990, modificado por el Decreto Ley
22847 y el Decreto Supremo 077-84-PCM; además, se le pague las pensiones
devengadas, los intereses legales, los costos y las costas.
La emplazada contesta la demanda alegando que la presente
controversia deberá ser dilucidada en la vía ordinaria; agrega que la
pensión del demandante ha sido calculada de acuerdo al Decreto Ley 19990.
El Sexto Juzgado Civil de
Huancayo, con fecha 25 de septiembre de 2008, declara fundada la demanda,
argumentando que el actor ha cumplido con los requisitos para el goce de una
pensión de jubilación minera completa conforme a la Ley 25009.
La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara infundada
la demanda, por estimar que el demandante goza de pensión minera máxima y
que el goce de una pensión minera por enfermedad profesional resulta
equivalente en su caso, razón por la cual su modificación no altera el ingreso prestacional que en la actualidad percibe.
FUNDAMENTOS
Procedencia de la Demanda
- En atención a los criterios de procedencia
establecidos en el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, que
constituye precedente vinculante, y en concordancia con lo dispuesto en el
artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5°, inciso 1) y 38) del
Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que, en el presente
caso, aun cuando en la demanda se cuestiona la suma específica de la
pensión que percibe el demandante, resulta procedente efectuar su
verificación por las especiales circunstancias del caso (a fojas 6
se advierte que el actor padece de neumoconiosis).
Delimitación del
petitorio
2.
En el presente caso, el demandante percibe pensión de jubilación minera y
solicita que se le aplique el Decreto Supremo 030-89-TR concordante con el
Decreto de Urgencia 012-2000, así como de los artículos 10º y 78º del Decreto
Ley 19990, modificado por el Decreto Ley 22847 y el Decreto Supremo 077-84-PCM.
Análisis de la controversia
3. Sobre
el particular, debe señalarse que el artículo 78.º del
Decreto Ley 19990 reguló el monto máximo de la pensión como un instituto de
orden financiero establecido para atender la naturaleza solidaria del sistema,
basado en el reparto del fondo común, para el que se contribuye con la
finalidad de pagar las pensiones sobre la base de los aportes de los asegurados
activos (trabajadores).
4.
De otro lado, en el
artículo 10.º del Decreto Ley 19990 se indicó que: “La remuneración máxima
asegurable sobre la que se pagará aportaciones, por cada empleo, será fijada
por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, a
propuesta del Consejo Directivo Único de los Seguros Sociales y previo estudio
actuarial”.
5. En aplicación de
la normatividad vigente en aquella época, se reguló mediante decretos supremos,
de acuerdo a las posibilidades financieras del Sistema, el monto máximo de las
pensiones, en cifra determinada, hasta la publicación del Decreto Ley N.º 22847. En efecto, el 31 de diciembre de 1979 se dictó el
Decreto Ley N.º 22847, mediante el cual se sustituyó
el texto de los artículos 10.º y 78.º del Decreto Ley Nº 19990, con el objeto
de reajustar el monto de la remuneración máxima asegurable y el de las
pensiones máximas. Luego, el Decreto Supremo N.º 078-83-PCM dispuso un aumento
a partir del 1 de octubre de 1983, incrementando la remuneración asegurable en
una suma igual a siete y medio remuneraciones mínimas vitales, y la pensión
máxima en el equivalente al 80 % de dicha suma.
7. Finalmente, el
Decreto Ley N.º 25967, vigente desde el 19 de
diciembre de 1992, modificó el Decreto Ley N.º 19990 y estableció nuevas
condiciones para el goce de las pensiones, así como un nuevo sistema de
cálculo, además de regular expresamente en su artículo 3.º el monto máximo de
las pensiones.
- Por
tanto, la pensión máxima establecida, equivalente al 80% de 10 RM, debe
aplicarse a aquellos asegurados que hubieren alcanzado la fecha de
contingencia entre el 1 de diciembre de 1984 y el 18 de diciembre de 1992,
día anterior a la entrada en vigencia del Decreto Ley N.º
25967. A partir del 19 de diciembre de 1992, resulta de aplicación el
artículo 3º del Decreto Ley N.º 25967 y los
reajustes del monto de las pensiones establecidos por decreto supremo,
conforme a este dispositivo legal, según la fecha de la contingencia.
- En
el presente caso, de la resolución impugnada se desprende que el
demandante percibe la pensión de jubilación minera del Decreto Ley N.º 19990, desde el 22 de septiembre de 2004, y que en
la fecha de contingencia la pensión máxima vigente regulada por el
artículo 3º del Decreto Ley N.º 25967 era de S/. 857.36 nuevos soles,
según lo establecido por el Decreto de Urgencia N.º
105-2001. No obstante, actualmente el demandante viene percibiendo una
pensión de jubilación de S/.3,290.11 nuevos soles, tal como consta a fojas
7, esto es, una suma superior al monto de la pensión máxima que otorga el
Sistema Nacional de Pensiones; en consecuencia, no se evidencia
vulneración alguna de sus derechos constitucionales.
Por estos fundamentos, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política
del Perú
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la
demanda porque no se ha acreditado la vulneración al derecho a la pensión.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
ETO CRUZ