EXP. N. º 02970-2008-PA/TC
AREQUIPA
MARCO ANTONIO
ARAPA ZELA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima (Arequipa), a los 10 días del mes de
diciembre de 2008, la
Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los
magistrados Vergara Gotelli, Eto
Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por
don Marco Antonio Arapa Zela
contra la sentencia de la
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia
de Arequipa, de fojas 234, su fecha 21 de abril de 2008, que declaró
improcedente la demanda de amparo.
ANTECEDENTES
Con fecha 24 de enero de 2007 el recurrente interpone
demanda de amparo contra la Municipalidad Provincial de Arequipa, solicitando
que se le reincorpore a su centro de trabajo como supervisor de la guardia
ciudadana (policía municipal) de la Municipalidad Provincial
de Arequipa. Manifiesta que en aplicación al principio de primacía de la
realidad sus contratos individuales de trabajo a tiempo parcial se convirtieron
en contratos de trabajo de duración indeterminada, pues laboró para dicha
entidad en forma directa, subordinada, permanente y sujeto a un horario de
trabajo. Agrega también que laboró para la demandada desde el 9 de setiembre de 2004 hasta el 3 de enero de 2007, fecha en que
se le impidió el ingreso a su centro de labores.
La emplazada formula tacha, deduce las excepciones de
falta de agotamiento de la vía administrativa y de incompetencia y contesta la
demanda sosteniendo que todos los obreros que se encontraban dentro del
Proyecto de Inversión Social laboraban a tiempo parcial, mas no en forma
permanente, puesto que dicho proyecto tiene como naturaleza de trabajo temporal
y al haberse terminado el presupuesto para el año 2006 ha concluido de igual
forma su contrato de trabajo. Añade que el actor no ha acreditado que las
labores realizadas fueron bajo subordinación y que siempre tuvo conocimiento de
que fue contratado bajo el régimen parcial.
El Segundo Juzgado Civil de Arequipa, con fecha 3 de
agosto de 2007, declaró fundada la demanda por considerar que no se ha
acreditado que el demandante haya incurrido en alguna causal justificada de
despido; y que en consecuencia al haberse acreditado que el demandante laboró
para la demandada en forma permanente, existía una relación laboral a plazo
indeterminado.
La Sala
Superior competente
revocando la apelada declaró fundada la excepción de incompetencia e
improcedente la demanda, por estimar que existe otra vía procedimental
igualmente satisfactoria para la protección del derecho constitucional
amenazado o vulnerado.
FUNDAMENTOS
1.
En cuanto a la excepción de incompetencia
por razón de la materia declarada fundada por la Sala Revisora resulta
desestimable, pues el Juzgado Civil es el competente para conocer la demanda de
amparo, conforme lo señala el artículo 51.º del Código Procesal Constitucional.
2.
Con los alegatos de las partes queda
demostrado que el recurrente ingresó a laborar para la Municipalidad
emplazada desde el 9 de setiembre de 2004, es decir,
cuando ya se encontraba vigente el artículo 37º de la Ley N.º
27972, que establece que los obreros municipales están sujetos al régimen
laboral de la actividad privada; razón por la cual a la demandante no le es
aplicable la Ley N.°
24041.
3.
De acuerdo a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo en materia laboral
individual privada establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la STC N.º
0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante en virtud de lo
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal
Constitucional, este Tribunal considera que en el presente caso resulta
procedente evaluar si el demandante ha sido objeto de un despido arbitrario.
§
Delimitación del petitorio
4.
El recurrente pretende que se ordene su
reposición como supervisor de la guardia ciudadana (policía municipal) de la
entidad demandada, pues aduce que se ha vulnerado sus derechos constitucionales
al trabajo y al debido proceso.
§
Análisis de la controversia
5.
La
cuestión controvertida consiste en determinar si los contratos de trabajo a tiempo parcial que suscribió el
demandante habrían sido desnaturalizados, convirtiéndose en contratos de
trabajo a plazo indeterminado. Ello es necesario a efectos de aplicar el principio de primacía de la realidad, pues
de verificarse que hubo una relación laboral, los contratos individuales de
trabajo a tiempo parcial suscritos por el actor deberán ser considerados como
contratos de trabajo de duración indeterminada, en cuyo caso el demandante solo
podía ser despedido por causa justa relacionada con su conducta o capacidad
laboral.
6.
Respecto al principio de primacía de la
realidad, que es un elemento implícito en nuestro ordenamiento jurídico y,
concretamente, impuesto por la propia naturaleza tuitiva de nuestra
Constitución, este Colegiado ha precisado, en la STC N.° 1944-2002-AA/TC,
que mediante este principio “(...) en caso de discordancia entre lo que ocurre
en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo
primero; es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos” (fundamento 3).
7.
En el presente caso, de fojas 3 a 85 obran contratos de
trabajos individuales a tiempo parcial, boletas de pago, la Constatación Policial
y diversos informes, con los que se acredita que el demandante laboró para la
entidad demandada desde el 9 de setiembre de 2004
hasta el 2 de enero de 2007, como supervisor de la guardia ciudadana (policía
municipal) de manera diaria, continua y subordinada, cumpliendo un horario de
trabajo; en consecuencia, los contratos de trabajo a tiempo parcial se han
desnaturalizado, toda vez que la emplazada pretendía encubrir una relación
laboral a plazo indeterminado. Asimismo se puede observar que de los diversos
informes emitidos por el demandante, dando cuenta sobre las labores realizadas,
se ha acreditado que su horario de trabajo ha sido de ocho horas y con turnos
rotativos.
8.
De la misma forma obra a fojas 38 a 40, la constatación
policial mediante la cual se corrobora que su contrato de trabajo no fue a
tiempo parcial; también se indica que laboró hasta el 2 de enero del 2007 y no hasta
el 31 de diciembre de 2006, o sea laboró 2 días sin mediar contrato alguno.
9.
Por lo tanto, habiéndose determinado que
el demandante ha desempeñado labores en forma subordinada y permanente, es de
aplicación el principio de la primacía de la realidad, en virtud del cual queda
establecido que entre las partes ha habido una relación de naturaleza laboral;
por lo que la demandada, al haber despedido al demandante sin haberle expresado
la causa relacionada con su conducta o su desempeño laboral que justifique
dicha decisión, ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo, pues lo ha
despedido arbitrariamente.
10.
Habiéndose acreditado que la emplazada ha
vulnerado el derecho constitucional al trabajo del demandante, corresponde, de
conformidad con el artículo 56º del Código Procesal Constitucional, que dicha
entidad asuma los costos procesales, los cuales deberán ser liquidados en la
etapa de ejecución de la presente sentencia.
Por
estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere
la Constitución
Política del Perú
HA RESUELTO
1.
Declarar FUNDADA la demanda
de amparo.
2.
Ordenar a la Municipalidad Provincial
de Arequipa reponga a don Marco Antonio Arapa Zela en el cargo que desempeñaba o en otro de igual nivel y
categoría, y que se le abone los costos del proceso en la etapa de ejecución de
sentencia.
Publíquese
y notifíquese.
SS.
VERGARA GOTELLI
ETO CRUZ
ÁLVAREZ MIRANDA