EXP. N.º 03264-2009-PHC/TC

LIMA

JAVIER LEÓN

EYZAGUIRRE

 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los 2 días del mes de octubre de 2009, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia

 

ASUNTO

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Javier León Eyzaguirre contra la resolución emitida por la Cuarta Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 273, su fecha 13 de abril de 2009, que declaró infundada la demanda de autos.

 

ANTECEDENTES

 

Con fecha 5 de noviembre de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra los jueces de la Sexta Sala Especializada en lo Penal para Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, integrada por los vocales superiores señores Carlos Alfredo Escobar Antezano, Josefa Izaga Pellegrini y Aurora Quintana-Gurt Chamorro, por vulneración de sus derechos al debido proceso, a la tutela procesal efectiva y a la libertad individual (fojas 1 a 2). 

 

Mediante sentencia del 17 de abril de 2008 (fojas 59 a 64), la Sala recurrida conoció la apelación de la sentencia dictada por el Trigésimo Séptimo Juzgado Penal de Lima, de fecha 18 de mayo de 2006 (fojas 68 a 78), a través de la cual se condenó a don Javier León Eyzaguirre a cuatro años de pena privativa de libertad, suspendida  condicionalmente por el período de prueba de dos años, por los delitos de falsedad ideológica en grado de tentativa y falsedad genérica en agravio de don Carlos Desmaison Eléspuru, de las Empresas Omniagro S.A. y Liofilizadora del Pacífico S.R.L. y del Estado (fojas 77 a 78).

 

En segunda instancia, la Sexta Sala Especializada en lo Penal para Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima revocó la condena por el delito de falsedad genérica (artículo 438º del Código Penal), al declarar fundada la excepción de prescripción (fojas 64), pero confirmando la pena por el delito de falsedad ideológica en grado  de  tentativa (artículo 428º del Código Penal).  El  demandante  sostiene  que esta

sentencia viola sus derechos constitucionales porque al confirmar la condena por falsedad ideológica en grado de tentativa, la Sala no se pronuncia sobre la excepción de prescripción planteada (fojas 2).

 

El 26 de noviembre de 2008, el Vigésimo Primer Juzgado Penal de Lima declara infundada la demanda de hábeas corpus (fojas 81 a 85), por considerar que la sentencia de la Sala emplazada fue emitida dentro del marco del debido proceso y que no vulneró derecho constitucional alguno (fojas 84). De igual forma, sostuvo que no es objeto de un proceso constitucional pronunciarse sobre la responsabilidad penal de un individuo (fojas 83).

 

Esta decisión fue confirmada mediante Resolución Nº 235 del 13 de abril de 2009 (fojas 273 a 274) de la Cuarta Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, bajo el razonamiento de que los argumentos del demandante referidos a la contabilización de los plazos de prescripción del Código Penal deben ser dilucidados en la justicia ordinaria y no en un proceso de hábeas corpus (fojas 274). En el recurso de agravio constitucional (fojas 279 a 280), el demandante se ratifica en el contenido de su demanda.

 

FUNDAMENTOS

 

1.                  Mediante el presente proceso de hábeas corpus, el demandante cuestiona la negativa de la Cuarta Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima de resolver la excepción de prescripción que dedujo en el proceso que culminó con su condena por falsedad ideológica en grado de tentativa.

 

2.                  La Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales actos denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus.

 

3.                  Como lo ha señalado este Tribunal, la prescripción es la institución jurídica mediante la cual, por el transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o se libera de obligaciones. En el ámbito penal, es una causa de extinción de la responsabilidad criminal que se funda en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos o en la renuncia del Estado al ius punendi, en razón de que el tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción, de tal modo que apenas existe memoria social de ella.

 

Dicho de otro modo, en una Norma Fundamental inspirada en el principio pro homine, la ley penal material otorga a la acción penal una función preventiva y resocializadora en la cual el Estado autolimita su potestad punitiva contemplando la necesidad de que, pasado cierto tiempo, se elimine toda incertidumbre jurídica, consagrando de esta manera el principio de seguridad jurídica.

 

4.                  El Código Penal reconoce la prescripción como uno de los supuestos de extinción de la acción penal. Es decir, que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y, con ello, la responsabilidad del supuesto autor o autores del mismo.

 

5.                  La prescripción de la acción, según la regulación establecida en el Código Penal, puede ser contabilizada a través del plazo ordinario y del plazo extraordinario. El plazo ordinario de prescripción regulado en el artículo 80º del Código Penal es el equivalente al máximo de la pena fijada en la ley, en caso de ser privativa de libertad. Por otro lado, el plazo extraordinario de prescripción será utilizado en caso de que haya operado la interrupción del plazo de la prescripción que, según lo establece el artículo 83º del Código Penal, es el equivalente al plazo ordinario de prescripción más la mitad

 

En el caso de autos, la denuncia penal formulada por la Fiscalía (fojas 44 a 45), de fecha 4 de marzo de 2004, es por el concurso real de los delitos de falsedad ideológica en el grado de tentativa y de falsedad genérica. De esta forma, el Código Penal establece que, en el concurso real de delitos, los plazos de prescripción de las acciones se computan de forma independiente.

 

6.                  En el presente caso, el recurrente sostiene que la sentencia de la Sexta Sala Especializada en lo Penal para Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó la condena de cuatro años por el delito de falsedad ideológica en grado de tentativa que se le impuso, no se pronunció con relación a la excepción de prescripción planteada en su escrito del 18 de marzo de 2008 (fojas 57).

 

7.                  Conforme a lo expuesto, corresponde determinar si el Tribunal Constitucional es competente para pronunciarse respecto del contenido de la resolución de fecha 17 de abril de 2008, emitida por la Sala emplazada en el Expediente Nº 1886-05. Cabe precisar que el petitorio de la demanda de autos se sustenta en el cuestionamiento del plazo de prescripción de los delitos imputados.

 

8.                  Sobre el particular, debe quedar claramente establecido que el Tribunal Constitucional no es instancia en la que se pueda determinar la responsabilidad penal de una persona o en la que se califique el tipo penal en el que se subsume la conducta del imputado, pues estos ámbitos son de competencia de la jurisdicción penal ordinaria. Sin embargo, lo señalado tiene como única y obligada excepción la tutela de los derechos fundamentales, pues es evidente que allí donde el ejercicio de una atribución jurisdiccional vulnera o amenaza un derecho fundamental reconocido en la Constitución, el Tribunal no sólo puede, sino que debe legítimamente pronunciarse sobre su eventual vulneración.

 

9.                  En consecuencia, corresponde únicamente que el Tribunal Constitucional realice un control constitucional del ejercicio de la función jurisdiccional. Pero esto no significa que la jurisdicción constitucional no sea competente para declarar la nulidad de una resolución judicial, pues ello corresponderá cuando una resolución haya sido expedida en abierta contravención de los derechos fundamentales.

 

10.              Cabe resaltar que en la Resolución de la Sexta Sala Especializada en lo Penal para Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, se establece en su fundamento cuarto los motivos por los cuales se determina la excepción de la prescripción del delito de falsedad genérica (fojas 61).

 

Con relación a la condena por el delito de falsedad ideológica en el grado de tentativa, el fundamento quinto de la sentencia se limita a analizar los hechos bajo los cuales se confirma la condena (fojas 62), pero sin pronunciarse sobre la excepción de prescripción planteada por el recurrente.

 

11.              El inciso 3) del artículo 139º de la Constitución establece que son principios y derechos de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Sobre este punto se debe destacar que el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es parte del derecho al debido proceso y constituye una garantía frente a la arbitrariedad del Poder Judicial, y éste asegura que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso.

 

12.              Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente una violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

 

A juicio del Tribunal, el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado en los siguientes supuestos: (i) por inexistencia de motivación o motivación aparente; (ii) por falta de motivación interna del razonamiento; (iii) por deficiencias en la motivación externa o justificación de las premisas; (iv) por motivación insuficiente; o (v) por motivación sustancialmente incongruente.

 

13.              En el caso concreto, respecto a la excepción de prescripción por la condena por falsedad ideológica en el grado de tentativa deducida por el actor, la Sexta Sala Especializada en lo Penal para Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima no se pronuncia en su sentencia del 17 de abril de 2008 (fojas 62).

 

14.              Este Colegiado considera que esta omisión vulnera el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, derecho que es objeto de protección por el presente recurso de hábeas corpus puesto que afecta directamente la libertad del recurrente. Por este motivo deberá declararse fundada la presente demanda a fin de que la Sexta Sala Especializada en lo Penal para Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima emita nuevamente resolución en la cual se pronuncie sobre la excepción de prescripción planteada contra la condena por falsedad ideológica en grado de tentativa.

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

HA RESUELTO

 

1.   Declarar FUNDADA  la demanda de hábeas corpus por haberse acreditado la violación del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales reconocido en el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución.

 

2.  Dejar sin efecto la resolución del 17 de abril de 2008 emitida por la Sexta Sala Especializada en lo Penal para Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima (Expediente Nº 1886-2005), en el extremo referido a la confirmación de la condena por el delito de falsedad ideológica en el grado de tentativa impuesta contra don Javier León Eyzaguirre, debiendo emitirse una nueva resolución en la cual se resuelva la excepción de prescripción planteada por el recurrente con respecto al delito de falsedad ideológica en el grado de tentativa. 

 

Publíquese y notifíquese.

 

 

SS.

 

MESÍA RAMÍREZ

BEAUMONT CALLIRGOS

ETO CRUZSHC